A continuación se ofrece una relación sistematizada de las ayudas y subvenciones aprobadas a lo largo de los meses de julio y agosto de 2016, relacionadas directa o indirectamente con la materia ambiental. Dentro de cada apartado, el lector tendrá acceso al contenido íntegro de la disposición normativa reguladora de cada ayuda a través de un enlace a la página del boletín oficial correspondiente o, en su caso, a la de la institución convocante. Al mismo tiempo, se le facilita el plazo concreto para la presentación de solicitud, en aquellos casos en que así se exija.
Estatales
Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. (BOE núm. 199, de 18 de agosto de 2016)
Fuente: http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/18/pdfs/BOE-A-2016-7942.pdf
Plazo: El que se establezca en la correspondiente convocatoria y, en caso de no establecerlo, en el de veinte días contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en
Decreto Ley 4/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la gestión de residuos municipales
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT)
Fuente: DOCV núm. 7805, de 14 de junio de 2016
Temas clave: Ayuntamientos; Competencias; Residuos; Valorización; Vertederos
Resumen:
El Decreto Ley 4/2016 responde a la necesidad de articular medidas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones dimanadas de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. Más en concreto, y como se indica en el propio Preámbulo de la norma comentada, «la situación actual en extensas zonas de la Comunitat Valenciana se caracteriza por un conjunto grave de incumplimientos de los principios básicos de la gestión de residuos en los términos establecidos por la Directiva 2008/98/CE. Así, se están ignorando, de forma generalizada, los principios de autosuficiencia en la gestión, proximidad en el tratamiento, subsidiariedad, responsabilidad compartida, prevención y limitación de residuos en origen, y de cautela o precaución».
Todo ello, continúa el Preámbulo, ha «conducido a situaciones de extrema gravedad que por
Libre prestación de servicios:
PERNAS GARCÍA, Juan José. “Libertad de prestación de servicios en la Unión Europea y protección del medio ambiente: liberalización versus intervención pública”. Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, vol. 1, n. 2, julio-diciembre 2014, pp. 95-138, [en línea]. Disponible en Internet: www.dx.doi.org/10.14409/rr.v1i2.4620 [Fecha de último acceso 28 de junio de 2016].
Medio marino:
CONDE PÉREZ, Elena. “Delimitaciones marítimas y territoriales en el Ártico: desarrollo y tendencias”. Revista española de derecho internacional, vol. 68, n. 1, 2016, pp. 235-239
JUSTE RUIZ, José. “Los recursos de los fondos marinos más allá de la jurisdicción nacional como patrimonio común de la humanidad”. Revista Aranzadi de derecho ambiental, n. 33, enero-abril 2016, Homenaje a D. Ramón Martín Mateo (y IV), pp. 25-41
NUSSBAUM WICHERT, Rachel; NUSSBAUM, Martha C. “The Legal Status of Whales: capabilities, entitlements and culture”. Seqüência: estudos jurídicos e políticos, vol. 37, n. 72, abril 2016, pp. 19-40, [en línea]. Disponible en Internet: https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2016v37n72p19 [Fecha de último acceso 28 de junio de 2016].
Medio rural:
CASAS GRANDE, Jesús. “Cambio climático y medio rural: incidencia sobre el modelo territorial”. Temas para el debate, n. 257, abril 2016, pp. 36-39
CAVALLI, Luis A. “Implicancias ambientales del Código Civil y Comercial de
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de junio de 2016, que responde cuestión prejudicial de interpretación sobre el Reglamento 1013/2006, sobre traslados de residuos (art. 2, punto 35, letra g), inciso iii); y, punto 15 del anexo I C )
Autora: Inmaculada Revuelta Pérez, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta), Asunto C-69/15 ECLI:EU:C:2016:425
Temas Clave: Residuos; Traslados; Documento de seguimiento; Sanciones; Proporcionalidad
Resumen:
El Tribunal de Justicia responde a varias cuestiones planteadas por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de Budapest (Hungría) en el marco del recurso interpuesto contra sanción pecuniaria impuesta por incumplir obligaciones de acreditación documental establecidas en el Reglamento 1013/2006 en un traslado de residuos.
La Sentencia incluye en el concepto de “traslado ilícito” que contempla dicho Reglamento los traslados amparados en “documentos de acompañamiento” que contienen datos erróneos (importador/destinatario, la instalación de valorización y los países/Estados afectados) considerando irrelevante a estos efectos que otros documentos sean correctos o no haya existido intención de confundir a las autoridades públicas.
El Tribunal establece, además, que la exigencia de proporcionalidad sancionadora que figura en el art. 50.1 del
Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje Ley Nº 20.920
Autora: Pilar Moraga Sariego, profesora asociada y Daniela Jara Soto, ayudante, del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
Fuente: Diario Oficial de la República de Chile, nº 41.472, 01 de junio de 2016
Temas Clave: Residuos, Reciclaje, Responsabilidad extendida del productor
Resumen:
En el contexto de la Evaluación de Desempeño Ambiental realizada por la OCDE en el año 2005 durante la etapa preparatoria del ingreso de Chile a esta organización, se recomendó el fomento de la valorización de residuos, a través de la profundización de la “aplicación de los principios el que contamina paga y el usuario paga, mediante cargos apropiados sobre el manejo de residuos” y la evaluación de las “posibilidades de introducir instrumentos económicos nuevos como cargos por residuos peligrosos, entre otros”[1].
Tras ello, en el año 2011 el Congreso inicia la tramitación del proyecto de ley REP enviada por el poder ejecutivo, la cual entró en vigencia el 01 de junio del año en curso. El mensaje presidencial motiva tal proyecto en la experiencia comparada, señalando que en el
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