<\/p>\r\n

Entretanto, la fiscal\u00eda de N\u00e1poles abri\u00f3 una investigaci\u00f3n penal por las operaciones de eliminaci\u00f3n de desechos realizadas por las empresas adjudicatarias, que ha ido ampli\u00e1ndose hasta alcanzar al personal de la propia Oficina del Comisario delegado.<\/p>\r\n

Los demandantes, 18 s\u00fabditos italianos que viven o trabajan en la regi\u00f3n de Somma Vesuviana, mantienen que se han vulnerado los art\u00edculos 2 y 8 del Convenio porque el Estado ha causado, por no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento del servicio p\u00fablico de recogida de basuras, un grave da\u00f1o al medio ambiente de la regi\u00f3n y ha puesto en peligro su vida y su salud. Asimismo, consideran que no se han respetado los art\u00edculos 6 y 13 porque no se tom\u00f3 ninguna iniciativa para salvaguardar los derechos de las personas y porque se ha producido un considerable retraso en el proceso judicial contra los responsables.<\/p>\r\n

Destacamos los siguientes extractos:<\/strong><\/p>\r\n

111.\u00a0 La Cour rel\u00e8ve que l\u2019Etat italien a adopt\u00e9, \u00e0 partir de mai 2008,\u00a0 plusieurs mesures et pris des initiatives pour surmonter les difficult\u00e9s rencontr\u00e9es en Campanie et que l\u2019\u00e9tat d\u2019urgence, d\u00e9clar\u00e9 en Campanie le 11 f\u00e9vrier 1994, a \u00e9t\u00e9 lev\u00e9 le 31 d\u00e9cembre 2009. Le gouvernement d\u00e9fendeur a, certes, admis l\u2019existence d\u2019un \u00e9tat de crise, mais il l\u2019a qualifi\u00e9 de situation de force majeure. A ce propos, la Cour se borne \u00e0 rappeler qu\u2019aux termes de l\u2019article 23 des Articles de la Commission de droit international des Nations Unies, sur la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat pour fait internationalement illicite, la \u00ab force majeure \u00bb consiste en \u00ab (...) une force irr\u00e9sistible ou (...) un \u00e9v\u00e9nement ext\u00e9rieur impr\u00e9vu qui \u00e9chappe au contr\u00f4le de l\u2019Etat et fait qu\u2019il est mat\u00e9riellement impossible, \u00e9tant donn\u00e9 les circonstances, d\u2019ex\u00e9cuter [une] obligation [internationale] \u00bb (paragraphe 77 ci-dessus). Eu \u00e9gard aussi aux conclusions de la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne dans l\u2019affaire C-297\/08 pr\u00e9cit\u00e9e, la Cour estime que les circonstances invoqu\u00e9es par l\u2019Etat italien ne sauraient relever de la force majeure.<\/p>\r\n

112.\u00a0 Selon la Cour, m\u00eame si on consid\u00e8re, comme l\u2019affirme le gouvernement, que la phase aigu\u00eb de la crise n\u2019a dur\u00e9 que cinq mois \u2013 de fin 2007 \u00e0 mai 2008 \u2013 et malgr\u00e9 la marge d\u2019appr\u00e9ciation reconnue \u00e0 l\u2019Etat d\u00e9fendeur, force est de constater\u00a0 que l\u2019incapacit\u00e9 prolong\u00e9e des autorit\u00e9s italiennes \u00e0 assurer le fonctionnement r\u00e9gulier du service de collecte, de traitement et d\u2019\u00e9limination des d\u00e9chets a port\u00e9 atteinte au droit des requ\u00e9rants au respect de leur vie priv\u00e9e et de leur domicile, en violation de l\u2019article 8 de la Convention sous son volet mat\u00e9riel.<\/p>\r\n

113.\u00a0\u00a0 En revanche, en ce qui concerne le volet proc\u00e9dural de l\u2019article 8 et le grief tir\u00e9 du manque all\u00e9gu\u00e9 de diffusion d\u2019informations propres \u00e0 permettre aux requ\u00e9rants d\u2019\u00e9valuer le risque auquel ils \u00e9taient expos\u00e9s, la Cour souligne que les \u00e9tudes command\u00e9es par le service de la protection civile ont \u00e9t\u00e9 rendues publiques en 2005 et 2008. D\u00e8s lors, elle estime que les autorit\u00e9s italiennes se sont acquitt\u00e9es de l\u2019obligation d\u2019informer les personnes concern\u00e9es, y compris les requ\u00e9rants, quant aux risques potentiels auxquels elles s\u2019exposaient en continuant \u00e0 r\u00e9sider en Campanie. Partant, il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 8 de la Convention \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\r\n

Comentario del autor:<\/strong><\/p>\r\n

Siguiendo la ya consolida doctrina en la materia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos enfoca el presente asunto desde la perspectiva de las obligaciones positivas de los Estados, que exige, aunque no haya una injerencia directa imputable a las autoridades p\u00fablicas, la adopci\u00f3n de medidas adecuadas y razonables para garantizar el derecho de la vida privada y su domicilio. Considera, no obstante, en contra por cierto de la opini\u00f3n del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, que previamente hab\u00eda conocido del asunto (Asunto Comisi\u00f3n\/Italia<\/em>, C-297\/08, Rec. I. 01749, sentencia de 4 de marzo de 2010), que no ha sido probado que la vida y la salud de los demandantes haya sido amenazada, aunque, al mismo tiempo, nos recuerda que el art\u00edculo 8 puede ser en todo caso invocado cuando se produzca un atentado grave al medio ambiente, pues pueden afectar al bienestar de una persona y privarla del disfrute de su domicilio, sin, por ello, poner en grave peligro la salud de los interesados.<\/p>\r\n

Rechaza, sin embargo, dos circunstancias que presenta el gobierno italiano para eludir su responsabilidad. La primera, que la gesti\u00f3n del servicio estuviese a cargo de empresas privadas, pues ello no le dispensa de la obligaci\u00f3n de vigilancia que le incumbe en virtud del Convenio. Y, la segunda, que fuese una situaci\u00f3n de fuerza mayor, toda vez que la situaci\u00f3n de urgencia no puede ser catalogada como un acontecimiento imprevisible ajeno al control del Estado, coincidiendo, esta vez s\u00ed, con las conclusiones del Tribunal de Luxemburgo. Por todo ello, concluye que se ha violado el art\u00edculo 8 del Convenio en su componente material.<\/p>\r\n

Rechaza, por el contrario, que se hayan violado las obligaciones de naturaleza procedimental, ya que los estudios del departamento de protecci\u00f3n civil fueron publicados por las autoridades italianas, cumpliendo as\u00ed con su obligaci\u00f3n de informar a la poblaci\u00f3n afectada.<\/p>","post_title":"Jurisprudencia al d\u00eda. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Residuos urbanos","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"jurisprudencia-al-dia-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-residuos-urbanos","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2013-05-26 13:26:23","post_modified_gmt":"2013-05-26 11:26:23","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.actualidadjuridicaambiental.com\/?p=7360","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw","post_title_ml":"Jurisprudencia al d\u00eda. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Residuos urbanosJurisprudencia al d\u00eda. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Residuos urbanosJurisprudencia al d\u00eda. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Residuos urbanos","post_title_langs":{"es":true,"en":true,"fr":true}};-->

9 febrero 2012

Jurisprudencia al día Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( TEDH )

Jurisprudencia al día. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Residuos urbanos

Sentencia del TEDH de 10 de enero de 2012, demanda núm. 30765/08, Sarno y otros c. Italia

Autor: Enrique J. Martínez Pérez, profesor contratado doctor de la Universidad de Valladolid

Palabras clave: residuos sólidos urbanos, acceso del público a las informaciones ambientales, salud pública, fuerza mayor

Resumen:

El asunto que nos ocupa aborda la denominada “crisis de los residuos” que ha acontecido en los últimos años en la región de Campania (Italia). Una situación que llevó a las autoridades italianas a declarar el estado de emergencia desde febrero de 1994 hasta diciembre de 2009, debido a la amenaza para el medio ambiente y para la salud humana que suponía el amontonamiento de grandes cantidades de basuras en las vías públicas.

Para intentar resolver el conflicto se nombró un comisario delegado que presentó un plan de gestión de residuos urbanos que consistió, básicamente, en la implantación de un sistema de instalaciones industriales de valorización térmica alimentado por un proceso de recogida selectiva, para lo cual se licitó la construcción de varios vertederos e incineradoras. Inicialmente, se adjudicó el tratamiento de los residuos a un conjunto de operadores privados. Años

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8 febrero 2012

CC.AA. Comunidad de Madrid Legislación al día

Legislación al día. Madrid. Medidas fiscales y administrativas

Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOCM núm. 309, de 29 de diciembre)

Autora: Celia Gonzalo Miguel. Personal Investigador en Formación del CIEDA-CIEMAT

Temas clave: Política ambiental; Fiscalidad ambiental; Residuos; Urbanismo

Resumen:

La presente Ley regula diversas medidas de carácter fiscal y de carácter administrativo, íntimamente vinculadas a la consecución de los objetivos de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012.

Del amplio conjunto de medidas y modificaciones que lleva a cabo la norma, dos son las modificaciones a destacar desde el punto de vista medioambiental: la modificación del impuesto sobre depósito de residuos, y la modificación de la Ley de Suelo.

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27 enero 2012

Artículos Publicaciones periódicas Referencias bibliográficas

Referencias bibliográficas al día. Artículos de publicaciones periódicas

ARTÍCULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS:

Energía:

AMMANNATI, Laura. “L’agenzia per la cooperazione tra i regolatori dell’energia e la costruzione del mercato unico dell’energia”. Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 3, 2011, pp. 675-698

CELI FURGÓN, Alina. “Instrumentos públicos económicos para la producción y el uso de biodiesel en Brasil, en el marco de la crisis energética mundial y del cambio climático”. Revista de derecho, n. 18, 2010, pp. 81-88

Energía eólica:

BGH. “Agrargrundstück: Windenergie vor Landwirtschaft”. Natur und recht, vol. 33, n. 12, 2011, pp. 896-898

OVG Lüneburg. “Zu den Voraussetzungen der zeitweisen Betriebseinschränkung einer Windenergieanlage zum Schutze einer in deren Nähe nistenden streng geschützten Vogelart”. Natur und recht, vol. 33, n. 12, 2011, pp. 891-892

SCHEIDLER, Alfred. “Errichtung von Windkraftanlagen in naturschutzrechtlich festgesetzten Schutzgebieten”. Natur und recht, vol. 33, n. 12, 2011, pp. 840-848

ZUBI, Ghassan. “Technology mix alternatives with high shares of wind power and photovoltaics—case study for Spain”. Energy policy, vol. 39, n. 13, 8070-8077

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13 enero 2012

Monografías Referencias bibliográficas

Referencias bibliográficas al día. Monografías

MONOGRAFÍAS:

Agricultura:

EMBID IRUJO, Antonio. “Agua y agricultura”. Cizur Menor (Navarra): Thompson-Aranzadi, 2011. 442 p.

Aguas:

DOUGLAS S. KENNEY, Robert Wilkinson. “The Water–Energy Nexus In The American West”. Cheltenham Glos (Reino Unido): Edward Elgar, 2011. 296 p.

EMBID IRUJO, Antonio. “Agua y agricultura”. Cizur Menor (Navarra): Thompson-Aranzadi, 2011. 442 p.

TOLIVAR ALAS, Leopoldo. “Leyes de aguas y aguas sin ley en el Principado de Asturias”. Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), 2011. 105 p.

Biotecnología:

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22 diciembre 2011

Jurisprudencia al día Tribunal Supremo ( TS )

Jurisprudencia al día. Tribunal Supremo. Residuos

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Jorge Rodríguez-Zapata Pérez)

Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva

Fuente: ROJ STS 6788/2011

Temas Clave: Plan Sectorial de residuos industriales; contenido indisponible; ubicación de centros de tratamiento de residuos.

Resumen:

La Sentencia que nos ocupa resuelve el recurso de casación presentado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 22 de junio de 2007, por la que se estimaba en parte el recurso presentado por la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León, contra el Decreto 48/2006, de 13 de julio, de la Junta de Castilla y León por el que se aprobaba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León.

En este sentido, se declaraba nulo el apartado 9.2.1 del referido Plan, por no establecer la ubicación de los centros de tratamiento de residuos contemplados en el Mapa M-3 del Anejo del

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