Planteada as\u00ed la cuesti\u00f3n, la Sala desvirt\u00faa el alegato de la actora de que la presa se estuviese aprovechando con anterioridad a la Ley de Protecci\u00f3n del Parque dado que de la relaci\u00f3n de hechos se constata que el azud fue derribado en junio de 2007 y nuevamente reconstruido unos meses m\u00e1s tarde sin ning\u00fan tipo de autorizaci\u00f3n lo que es demostrativo de la ilegalidad de ese nuevo levantamiento en contra de una prohibici\u00f3n legal y de la adecuada aplicaci\u00f3n de la Ley de protecci\u00f3n del parque. Y as\u00ed nada impide que pueda ser ejecutada la orden de demolici\u00f3n de la presa o azud con independencia de que se hubiera procedido al pago de la indemnizaci\u00f3n y dado el car\u00e1cter no punitivo de la medida de restauraci\u00f3n.<\/p>\r\n
Por lo que se refiere al aprovechamiento de las aguas, la Sala se\u00f1ala que si bien es cierto que la apelante tiene otorgada una concesi\u00f3n de aguas para uso dom\u00e9stico, tambi\u00e9n lo es que dicha concesi\u00f3n se otorga con independencia de cualquier autorizaci\u00f3n adicional que proceda, dejando a salvo la necesidad de la obtenci\u00f3n de autorizaci\u00f3n por parte de las autoridades del Parque Natural donde se halla ubicada la presa con la finalidad de alcanzar una legalizaci\u00f3n de la que de momento se carece.<\/p>\r\n
Adem\u00e1s, la Sala en relaci\u00f3n con la esgrimida incongruencia entre las resoluciones de las distintas administraciones, indica que el \u00e1mbito de protecci\u00f3n de la legislaci\u00f3n de parques naturales aun cuando pueda ser convergente con la de protecci\u00f3n del dominio p\u00fablico hidr\u00e1ulico son distintos y muy diversos de manera que cabe que, en funci\u00f3n de los intereses ambientales y de protecci\u00f3n de la naturaleza m\u00e1s amplios que persigue la legislaci\u00f3n ambiental se puedan sancionar hechos que la legislaci\u00f3n de conservaci\u00f3n de dominio p\u00fablico hidr\u00e1ulico pase por alto, sin que por ese motivo se pueda incurrir en la prohibici\u00f3n del principio \u201cnon bis in idem\u201d.<\/p>\r\n
Y si bien, la Sala aprecia que la sentencia apelada omite todo pronunciamiento sobre la correcta tipificaci\u00f3n de los hechos al incardinarlos en los preceptos que permiten a la administraci\u00f3n ejecutar la orden de demolici\u00f3n y no considera completos los razonamientos de la sentencia apelada; desestima el recurso.<\/p>\r\n
Destacamos los Siguientes Extractos:<\/strong><\/p>\r\n
\u201c(\u2026) nada impide, una vez promovido el expediente de restauraci\u00f3n de la legalidad, que se pueda ejecutar la orden de demolici\u00f3n de la presa o azud como consecuencia de las infracciones de los arts. 109.15 y 16 de la Ley 9\/99 en relaci\u00f3n con su art. 118, n\u00ba 1 y 2, que se se\u00f1alan en dicho expediente ya que conforme a lo previsto en el art. 130.2 de la Ley 30\/92, de 26 de noviembre se trata de medidas compatible con la sanci\u00f3n. Este \u00faltimo precepto establece: \u201cLas responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador ser\u00e1n compatibles con la exigencia al infractor de la reposici\u00f3n de la situaci\u00f3n alterada por el mismo a su estado originario, as\u00ed como con la indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os y perjuicios causados que podr\u00e1n ser determinados por el \u00f3rgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacci\u00f3n en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse as\u00ed, expedita la v\u00eda judicial correspondiente\".\u201d<\/p>\r\n
\u201cLa sentencia del T.S. de 21-2-2000, recurso 1471\/95 , citada en la apelada pone de manifiesto el car\u00e1cter no punitivo de la medida de restauraci\u00f3n que pervive m\u00e1s all\u00e1 de la subsistencia o no de la sanci\u00f3n, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cEn efecto: de un lado, la obligaci\u00f3n de reponer las cosas a su primitivo estado no tiene car\u00e1cter sancionador en sentido estricto, pues no se trata de un efecto o consecuencia jur\u00eddica que el ordenamiento conciba, s\u00f3lo, como retributivo de la infracci\u00f3n, a modo de pena ligada a \u00e9sta; al contrario, es una obligaci\u00f3n que deriva, en s\u00ed misma, del acto de alteraci\u00f3n o modificaci\u00f3n del estado de cosas querido por el ordenamiento, que cabe as\u00ed imponer a quien lo ha realizado, con independencia de que su conducta re\u00fana o no la totalidad de las circunstancias, objetivas y subjetivas, que son necesarias para su calificaci\u00f3n como infracci\u00f3n administrativa y para su sanci\u00f3n como tal; su concepci\u00f3n en el art\u00edculo 5 de la Ley 7\/1980 como una medida que complementariamente puede ser impuesta al infractor, no tiene el significado de atribuirle un car\u00e1cter o naturaleza jur\u00eddica de medida sancionadora propiamente dicha, pues obedece m\u00e1s bien a un mero prop\u00f3sito de econom\u00eda procedimental, concentrando en un solo procedimiento, sin merma alguna de garant\u00edas, dado el plus de las que adornan al sancionador, el haz o conjunto de decisiones derivables de aquel acto de alteraci\u00f3n o modificaci\u00f3n; de ah\u00ed por tanto que la apreciaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la infracci\u00f3n no constituya obst\u00e1culo para la adopci\u00f3n y pervivencia de la decisi\u00f3n que impone la obligaci\u00f3n de demoler lo indebidamente realizado, tal y como hoy se dispone, con claridad suficiente, en el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 92 de la Ley 22\/1988, de 28 de julio, de Costas. Y de otro, es esta concepci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de reponer las indebidamente realizado, tal y como hoy se dispone, con claridad suficiente, en el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 92 de la Ley 22\/1988, de 28 de julio, de Costas. Y de otro, es esta concepci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de reponer las cosas a su primitivo estado, y la afirmaci\u00f3n de que a tal obligaci\u00f3n no alcanzan los efectos de la prescripci\u00f3n de la infracci\u00f3n, la que cabe ver propiamente en la jurisprudencia de esta Sala, pues as\u00ed se desprende de la doctrina que se contiene en sus sentencias de 10 de abril de 1997 (dictada en el recurso de apelaci\u00f3n n\u00famero 427\/1993), 22 de diciembre de 1997 (apelaci\u00f3n n\u00fam. 1431\/1990 ), 3 de noviembre de 1999 (apelaci\u00f3n n\u00fam. 4113\/1992) y 25 de enero de 2000 (apelaci\u00f3n n\u00fam. 74\/1994 )\".<\/p>\r\n
\u201c(\u2026) La sentencia apelada refiere el apartado 5. del anexo II de la Ley 3\/2005, de 5 de mayo de Declaraci\u00f3n del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima que relaciona entre los usos prohibidos el de la construcci\u00f3n de presas, diques, encauzamientos y otras obras similares, as\u00ed como cualquier actividad que pueda contribuir a la alteraci\u00f3n de la morfolog\u00eda del cauce y la ribera o del nivel y din\u00e1mica hidrol\u00f3gica de los cursos de agua y de sus comunidades de flora y fauna...Sin embargo no es este el precepto que sirve de t\u00edtulo para la ejecuci\u00f3n de la orden demolici\u00f3n sino el 109.15 y 16 de la Ley 9\/99, de 26 de mayo que disponen lo siguiente: \"15. Vulnerar las disposiciones derivadas de la regulaci\u00f3n de los usos, aprovechamientos y actividades o las directrices aplicables a los espacios naturales protegidos, cuando ello ponga en riesgo o cause da\u00f1o a sus valores naturales, sin llegar a alterar sus condiciones de habitabilidad. 16. La realizaci\u00f3n de construcciones no autorizadas en espacios naturales protegidos, as\u00ed como la alteraci\u00f3n de forma no autorizada de las condiciones de un espacio natural protegido o de los productos propios de \u00e9l mediante ocupaci\u00f3n, roturaci\u00f3n, corta, arranque u otras acciones, salvo en ambos casos cuando ello no ponga en riesgo ni cause da\u00f1o apreciable a sus valores naturales, en cuyo caso se considerar\u00e1 menos grave\".\u201d<\/p>\r\n
\u201c Si el t\u00edtulo de referencia para la demolici\u00f3n hubiese sido solamente el art. 109.15, que fue el precepto recogido en principio en la resoluci\u00f3n por la que se sancion\u00f3 al recurrente con la multa de 1.400 euros que pag\u00f3, ser\u00eda discutible que se pudiese llevar a cabo por cuanto que se exigir\u00eda la demostraci\u00f3n de da\u00f1os o riesgos al medio ambiente, que en la sentencia apelada no se analizan y que el recurrente discute apoy\u00e1ndose en el dictamen t\u00e9cnico del perito bi\u00f3logo (\u2026) que acompa\u00f1a a su recurso y en el informe del Guarda Mayor emitido en el expediente D-379-2008 que termin\u00f3 con el archivo decretado por la Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica del Segura. Ahora bien, en el expediente de restauraci\u00f3n incoado se hace indicaci\u00f3n no solo del art. 109.15 sino del 16 que ya no exige esos riesgos o da\u00f1os para que se pueda demoler la presa con lo cual no habr\u00eda necesidad de demostraci\u00f3n de ning\u00fan da\u00f1o para que procediese la demolici\u00f3n, bastando a estos efectos con que la presa o azud no estuviese autorizada, lo que en este caso no ocurre y aun sin da\u00f1os ser\u00eda procedente el derribo.\u201d<\/p>\r\n
\u201cEsta distinci\u00f3n de t\u00edtulos v\u00e1lidos para la ejecuci\u00f3n de la medida de restauraci\u00f3n del dominio p\u00fablico que la sentencia apelada no acierta a distinguir recurriendo a uno -el 5.4 del anexo II de la Ley 372005-, que no es precisamente del que se sirve la Administraci\u00f3n para ejecutar, y la falta de un razonamiento sobre la exigencia o no de da\u00f1os que el apelante opone para el derribo de la presa, creyendo que no causa perjuicios cuando con arreglo al art. 109.16 no ser\u00edan exigibles para retirarla del cauce del arroyo, es lo que motiva que no se acepte \u00edntegramente, por omisi\u00f3n, los razonamientos de la apelada, siendo precisamente ese silencio un d\u00e9ficit de motivaci\u00f3n de la sentencia del que se queja el recurrente y que provoca un recurso justificado por el olvido cometido, aun cuando el recurso se desestime por entender la Sala con arreglo al art. 109.16 de la Ley 9\/99 no ser necesaria la causaci\u00f3n de da\u00f1os para la retirada de la presa o azud; cosa distinta hubiese sido que la restauraci\u00f3n del dominio se hubiese apoyado tan solo en el art. 109.15 de la Ley tan citada en cuyo caso entrar\u00edamos a valorar y discutir los da\u00f1os sin cuya demostraci\u00f3n no hubiese sido posible la ejecuci\u00f3n.\u201d<\/p>\r\n
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 10060/2014, de 24 de febrero de 2014 (Sala de lo Contencioso, Sede de Albacete, Sección 2ª. Ponente D. Miguel Ángel Narváez Bermejo)
Autora: Doctora Ana María Barrena Medina, miembro del Consejo de Redacción de Actualidad Jurídica Ambiental
Fuente: Roj: STSJ CLM 447/2014
Temas Clave: Restauración ambiental
Resumen:
En esta ocasión se interpone recurso contra la sentencia por la que se desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la medida de restablecimiento de la legalidad debido a la construcción de una presa de hormigón dentro del Parque Natural de los Calares de río Mundo y la Sima. Presa que viene a impedir el libre tránsito de la fauna acuática con desviación del cauce, pudiendo producir la desecación del caudal en el arroyo y poniendo en peligro de desaparición del hábitat de protección especial que podría desecarse finalmente. Es más, en la sentencia ahora recurrida se describía que el recurrente construyó sin autorización una presa, lo que resulta decisivo para la adopción de la medida de restauración; recalcando que ello es independiente del pago de la multa y de que
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares 112/2014, de 28 de febrero de 2014 (Sala de lo Contencioso, Sede de Palma de Mallorca, Sección 1ª. Ponente Dña. María Carmen Frigola Castillón)
Autora: Doctora Ana María Barrena Medina, miembro del Consejo de Redacción de Actualidad Jurídica Ambiental
Fuente: Roj: STSJ BAL 110/2014
Temas Clave: Costas; Dominio Público Marítimo-Terrestre; Sanciones
Resumen:
En esta ocasión se viene a recurrir la Resolución de 18 de junio del año 2012, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Demarcación de Costas de Baleares de fecha de 7 de octubre del 2011 que impuso a la ahora recurrente una sanción por instalaciones en zona de dominio público marítimo-terrestre.
ARGÜELLO FERNÁNDEZ, Juan Carlos. “La expropiación forzosa y su papel en la construcción del territorio a efectos de implantación de infraestructuras”. Revista Galega de Administración Pública, n. 44, junio-diciembre 2012, pp. 311-316, [en línea]. Disponible en Internet: http://egap.xunta.es/Documentos/Publicacions/[1388407744]Regap_44.pdf [Fecha de último acceso 25 de febrero de 2014].
BLANCO GONZÁLEZ, Aurelia; FRANCO TABOADA, José Antonio. “El urbanismo de la pequeña escala: la dimensión oculta de la ciudad”. Revista Galega de Administración Pública, n. 44, junio-diciembre 2012, pp. 441-458, [en línea]. Disponible en Internet: http://egap.xunta.es/Documentos/Publicacions/[1388407744]Regap_44.pdf [Fecha de último acceso 25 de febrero de 2014].
ESCRIVÁ CHORDÁ, Ricard. “Los informes de las Confederaciones Hidrográficas para la aprobación de planeamientos urbanísticos que impliquen incrementos de demanda de agua”. Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, n. 24, 2013, pp. 2364-2375
MORAIS Guerra, José Armando. “Espacios naturales protegidos en el ordenamiento jurídico portugués”. IeZ: Ingurugiroa eta zuzenbidea: Urtekaria = Ambiente y derecho: Anuario, n. 11, 2013, pp. 29-44, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.eitelkartea.com/default.cfm?atala=6&azpiatala=60&m1=2 [Fecha de último acceso 22 de enero de 2014].
PEÑA CHACÓN, Mario. “Los principios de objetivación de la tutela ambiental e irreductibilidad de espacios sometidos a régimen especial de protección y su relación con la prohibición de retroceso”. Medio ambiente y derecho: revista electrónica de derecho ambiental, n. 25, diciembre 2013, [en línea]. Disponible en Internet: http://huespedes.cica.es/gimadus/25/06-los_principios_de_objetivacion_de_la_tutela_ambiental.html [Fecha de último acceso 12 de febrero de 2014].
OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 14. Juni 2013 – OVG 11 A 20.13. “Voraussetzungen einer UVP-Pflicht bei Flugroutenfestlegung”. Zeitschrift für Umweltrecht (ZUR), n. 12, 2013
RODRÍGUEZ-PASSOLAS CANTAL, José. “Evaluación de Impacto Ambiental: necesidad de que el EIA contemple el examen y estudio de diferentes alternativas, aunque el proyecto, en principio, no tenga efectos significativos sobre el medio ambiente, pues solo así se podrá elegir la más inocua. Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2012. Ponente: Maria del Pilar Teso Gamella (LA LEY 185090/2012)”. La página de medio ambiente, diciembre 2013, pp. 1-3
Evaluaciones ambientales:
LOZANO CUTANDA, Blanca. “Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental: las 10 reformas clave”. La página de medio ambiente, diciembre 2013, pp. 1-7
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Funcional
Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.
![\"pdf_e\"](\"https:\/\/www.actualidadjuridicaambiental.com\/wp-content\/uploads\/2012\/11\/pdf_e.gif\" "\\"pdf_e\\"")
\u00a0<\/a><\/strong><\/p>\r\n
