Régimen de Fomento a la Generación Distribución de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública
Autora: Noemí Pino Miklavec. Doctora en Derecho por la Universidad de Alicante y Docente de la Universidad Nacional del Comahue Argentina
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina del 27/12/2017, número 33779, p. 3.
Temas Clave: Régimen de fomento; Generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica; Eficacia energética; Fuente de energía renovable; Energía eléctrica distribuida; Autoridad de aplicación; Esquema de facturación; Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Generación Distribuida; Beneficios promocionales; Régimen de fomento para la fabricación nacional de Sistemas, Equipos e Insumos para Generación Distribuida a partir de fuentes renovables; Régimen sancionatorio
Resumen:
Comentario de la ley que establece un régimen de fomento a la producción o generación de energía eléctrica de baja potencia o capacidad, proveniente de una fuente de energía renovable, que se conecta a la red de distribución eléctrica y cuyo principal objetivo es proveer al autoconsumo, aunque permite la inyección de los excedentes a la red eléctrica pública.
Comentario:
La Ley 27.424, sancionada el 30 de noviembre de 2017, en coherencia con lo previsto en la ley 27.191, que diseño el Régimen de Fomento
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 29 de octubre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Olga González-Lamuño Romay)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ AS 3346/2018 – ECLI:ES:TSJAS:2018:3346
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Autorizaciones y licencias; Procedimiento sancionador; Vertidos
Resumen:
Por una mercantil se interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 19 de septiembre de 2017, del Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la cual se desestimaba el recurso de reposición contra la anterior Resolución de fecha 24 de julio de 2017 por la que se imponía una sanción consistente en multa económica de 90.001 euros por la comisión de una infracción grave a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Según parece, la infracción traía causa de unos vertidos al dominio público marítimo-terrestre en colector que habían superado el valor límite fijado en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que sustentaba la actividad del recurrente.
Entre los argumentos de la recurrente se encuentra la vulneración del artículo 24 de la Constitución, en relación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 13 de septiembre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Miguel Ángel Pérez Yuste)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ CLM 2205/2018 – ECLI:ES:TSJCLM:2018:2205
Temas Clave: Delito ecológico; Derecho penal; Procedimiento administrativo; Procedimiento sancionador
Resumen:
Por un particular se interpone recurso contencioso-administrativo contra una Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se inadmite a trámite la solicitud de revisión de oficio presentada contra una Resolución de 2010 por la que se le imponía una multa de 3.000 euros por la comisión de una infracción menos grave prevista en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
El sustento de la revisión de oficio solicitada era que el recurrente había sido sancionado penalmente por los mismos hechos mediante sentencia de un Juzgado de lo Penal de Ciudad Real en 2014 (confirmada con posterioridad por la Audiencia Provincial en 2015, declarando ya en 2016, mediante Auto, que la responsabilidad civil derivada había sido satisfecha).
De este modo, arguye el recurrente que habida
Aeropuertos:
RIVAS CASTILLO, María Isabel. “Estudio sobre la gestión aeroportuaria desde el derecho administrativo”. Revista General de Derecho Administrativo, n. 47, enero 2018
Aguas:
GÓMEZ FUENTES, Anahí Copitzy. “Las políticas públicas de construcción de presas para el abastecimiento de agua en el área metropolitana de Guadalajara”. Revista mexicana de análisis político y administración pública (REMAP), vol. 7, n. 1, enero-junio 2018, pp. 57-78, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/243 [Fecha de último acceso 22 de noviembre de 2018].
MANIATIS, Antonio. “La garantía constitucional del agua y la contratación pública”. Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, n. 15, septiembre 2018, pp. 15-30, [en línea]. Disponible en Internet: http://gabilex.castillalamancha.es/articulos/la-garantia-constitucional-del-agua-y-la-contratacion-publica [Fecha de último acceso 22 de noviembre de 2018].
MARTÍN HERRERO, Javier. “La EIA como marco conjunto para otras evaluaciones ambientales: el caso del artículo 4(7) de la Directiva Marco del Agua”. Ambienta: la revista del Ministerio de Medio Ambiente, n. 123, junio 2018, pp. 8-23, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/aguaeia.htm [Fecha de último acceso 22 de noviembre de 2018].
Almacenamiento geológico de dióxido de carbono:
GARCÍA ASENSIO, José Miguel. “Régimen jurídico de la captura y el almacenamiento de carbono atmosférico por los montes: propuesta de creación de un instrumento
Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Juan Carlos Trillo Alonso)
Autora: Dra. Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili y Subdirectora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: STS 3393/2018 – ECLI: ES:TS:2018:3393
Temas Clave: Costas; Dominio Público Marítimo-Terrestre; Sanciones administrativas; Autorizaciones de usos de temporada; Reales Decretos de Transferencias
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra la Sentencia de fecha 6 de febrero de 2017, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga. Esta sentencia estimaba el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de una entidad mercantil contra la resolución dictada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de 23 de mayo de 2013, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra otra resolución de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, de 2 de enero de 2013, por la que se imponía a la indicada mercantil una sanción de 60.101,21 euros por infracción
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