Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 131, de 2 de junio de 2021
Palabras clave: Eficiencia energética. Edificios. Certificación. Registro. Usuarios y consumidores. Etiquetas. Metodologías de cálculo. Energías renovables. Inspección. Sanciones.
Resumen:
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la regulación de la certificación de eficiencia energética de edificios prevista en la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. Asimismo, el Pacto Verde Europeo prevé como actuación clave la «Oleada de renovación» en el sector de la construcción, donde la certificación energética de los edificios adquiere un papel relevante.
En este contexto, la transposición se fija especialmente en la introducción de nuevas definiciones y revisión de las existentes; la modificación de las bases de datos para el registro de los certificados
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Logroño, de fecha 24 de marzo de 2021 (Sala de lo contencioso administrativo nº1. Ponente: Mónica Matute Lozano)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ LR 86/2021 – ECLI:ES:TSJLR:2021:86
Palabras clave: Caza. Infracción. Tipicidad. Inhabilitación. Sanción.
Resumen:
En la sentencia que a continuación procedemos a analizar, el recurso se interpone por un particular, en contra de la Resolución del Consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Gobierno de La Rioja, que desestima el Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución de la Directora General de Biodiversidad por la que le fue impuesta una multa y la pérdida e inhabilitación para obtener licencia de caza durante un periodo de un año, por la comisión de dos infracciones en materia de caza.
Los motivos aludidos en la demanda son tanto la falta de tipificación de la infracción, así como la graduación de la misma. También cuestiona la sanción de pérdida de la licencia de caza.
Sobre la primera de las cuestiones,
Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de abril de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Ángeles Huet de Sande)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STS 1676/2021 – ECLI: ES:TS:2021:1676
Palabras clave: Dominio público hidráulico. Infracciones. Sanciones. Prescripción. Caducidad.
Resumen:
El Alto Tribunal se pronuncia sobre el recurso de casación interpuesto por una Comunidad de Bienes contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, con fecha 6 de noviembre de 2019, desestimatoria del recurso interpuesto por aquella contra la resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 19 de julio de 2017 -confirmada en reposición por la de 29 de noviembre de 2017-, por la que se impone a la recurrente la obligación de indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico por importe de 235.569,84 euros al amparo de los artículos 118 TRLA y 323 y 327 RDPH.
La cuestión sobre la que existe interés casacional
Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 89, de 14 de abril de 2021
Palabras clave: Residuos. Vehículos de motor. Automóvil. Principio de jerarquía. Gestión. Responsabilidad ampliada del productor. Información. Comercialización. Registros administrativos. Certificaciones. Régimen sancionador.
Resumen:
La Directiva 2000/53/CE, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil, ha sido modificada por la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018. Las modificaciones introducidas consolidan el principio de jerarquía de residuos establecido en la Directiva 2008/98/CE, obligando a la adopción de las medidas necesarias que permitan garantizar la aplicación práctica del orden de prioridades en la gestión de los residuos. Y señala que la comunicación fiable de datos relativos a la gestión de residuos es primordial para una
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 29 de enero de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: María Azucena Recio González)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ GAL 643/2021 – ECLI:ES:TSJGAL:2021:643
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Dominio público marítimo-terrestre. Procedimiento sancionador.
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve la apelación de la Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº1 de Pontevedra, de 5 de diciembre de 2019, que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la Resolución de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta de Galicia (APLU), de 13 de junio de 2018, desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la Resolución de 24 de agosto de 2015, que sancionó a la Asociación apelante al pago de una multa de 298.340,22€ y a la demolición de un complejo residencial compuesto de casetas prefabricadas, caravanas, tiendas de campaña y vías de acceso en zona de servidumbre de protección de costas. La Asociación se limita a impugnar los fundamentos jurídicos referidos
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