Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) de 18 de enero de 2010 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Eusebio Revilla Revilla).
Fuente: CENDOJ. ID CENDOJ. 09059330012010100035
Autor de la nota: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT)
Resumen:
El objeto del recurso se centra en el enjuiciamiento de la conformidad o no a derecho de la Orden 2113/2007, de 27 de diciembre de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León por la que se aprueba la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia, en lo referente al cambio de categorización de la clasificación de la finca rústica propiedad del recurrente con una superficie de 77.800 m2, que ha pasado de ser suelo rústico común, destinada al cultivo con fines agrícolas a ser clasificada como suelo rústico con protección natural -formaciones de encinas-.
La cuestión esencial objeto de debate es si la actuación administrativa que implica el cambio de clasificación (“ius variandi”) está suficientemente motivada y justificada, partiendo de la base de estar ante un
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE núm 308, de 23 de diciembre de 2009).
La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio incorpora parcialmente la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior y nace con la finalidad de mejorar el marco regulatorio del sector servicios para lograr aumentar la eficiencia, productividad y fomentar la creación de empleo en determinados sectores, además de un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos.
Para ello, la norma de noviembre de 2009 define un conjunto de principios regulatorios que buscan incidir en los instrumentos de intervención de las Administraciones Públicas con la finalidad de suprimir las barreras y reducir las trabas que restringen injustificadamente el acceso y ejercicio de las actividades de servicios y su ejercicio. La consecución de estos fines justifica además las exigencias norma exige que la simplificación de
Orden de 21 de mayo de 2009, por la que establecen limitaciones de usos y actividades en terrenos forestales forestales y zonas de influencia forestal (BOJA, de 29 de mayo 2009)
El pasado 30 de mayo, entró en vigor la Orden de 21 de mayo de 2009 por la que se establecen limitaciones al uso y desarrollo de actividades en terrenos forestales de Andalucía. La norma viene a fijar un período máximo de riesgo, ahora de carácter permanente, durante el cual deberán respetarse las restricciones relativas al aprovechamiento de estos terrenos que lleve aparejado el empleo uso de fuego.
De esta forma, desde el 1 de junio de 2009 hasta el 15 de junio de 2009 de cada año, queda prohibido el uso de fuego en los terrenos forestales definidos en el artículo 1 Vínculo de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y en el artículo del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, así como en las Zonas de Influencia Forestal, definidas en el artículo 3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, y en
Fuente: Europa Press, 1 de junio
“La jueza del juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Valencia ha desestimado el recurso presentado por Red Eléctrica Española e Iberdrola por la paralización de las talas en la zona de la Vallesa efectuada por Decreto de la Alcaldía de la localidad valenciana de Paterna en junio de 2007, según informó hoy el consistorio en un comunicado.
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, mostró su satisfacción por la decisión judicial en la que, según la misma fuente, se expone que la licencia para realizar trabajos de limpieza y mantenimiento de la vegetación bajo los tendidos eléctricos del bosque de La Vallesa otorgada por la Conselleria de Medio Ambiente, “no excluye del cumplimiento de las
Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León (BOCYL nº 71, 16 de abril de 2009)
El pasado 17 de mayo entró en vigor la Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León y con ella un nuevo régimen jurídico que nace con vocación de garantizar un aprovechamiento y uso de los montes castellano-leoneses adecuado a las pautas marcadas por el principio de desarrollo sostenible.
La gran riqueza forestal de Castilla y León, que cuenta con una superficie arbolada superior a la mitad del total de su superficie, pone de manifiesto la importancia de esta nueva norma, que tiene como ámbito de aplicación el más extenso territorio forestal de España y cuya aprobación supone la derogación de la Ley 5/1994, de 16 de mayo, de Fomento de Montes Arbolados de Castilla y León (BOCYL nº 97, 20 de mayo de 1994).
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