Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 8 de mayo de 2019 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre las Directivas 2008/98/CE, relativa a los residuos (art. 4, “jerarquía de residuos”); y, 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (concepto de planes y programas)
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), asunto C-305/18, ECLI:EU:C:2019:384
Temas Clave: Residuos; Jerarquía de residuos; Evaluación ambiental estratégica; Concepto de planes y programas; Instalaciones de incineración de residuos
Resumen:
El Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio (Italia) solicitó decisión prejudicial al Tribunal de Justicia antes de resolver el recurso interpuesto por varias asociaciones ambientales contra el Decreto del Consejo de Ministros, de 10 de agosto de 2016, que incrementaba la capacidad de tratamiento de las instalaciones de incineración de residuos urbanos existentes y preveía construir nuevas instalaciones de este tipo, declarándolas, además, “infraestructuras y establecimientos estratégicos de interés nacional preeminente”.
El Tribunal italiano tenía dudas sobre la compatibilidad de la normativa impugnada con la “jerarquía de residuos” establecida en la Directiva 2008/98 (art. 4, en conexión con el art.
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de marzo de 2019 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la Directiva 2008/98/CE, relativa a los residuos (art.4.2 y anexo III) y la Decisión 2000/532, que contiene la Lista europea de residuos (anexo)
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima), asuntos acumulados C-487/17 a C-489/17, ECLI:EU:C:2019:270
Temas Clave: residuos; residuos peligrosos; clasificación; códigos espejo; principio de precaución
Resumen:
El Tribunal de Casación de Italia solicitó al Tribunal de Justicia pronunciamiento prejudicial en el marco de los procesos penales que conocía, iniciados contra varios particulares por supuestos delitos relativos a tráfico ilegal de residuos (asignación de códigos correspondientes a residuos no peligrosos a residuos peligrosos y tratamiento como tales en vertederos de residuos no peligrosos). Los residuos en cuestión podían ser clasificados tanto con códigos correspondientes a residuos peligrosos como con códigos correspondientes a residuos no peligrosos, dependiendo de su peligrosidad (“códigos espejo”).
El Tribunal remitente, dado que en el derecho interno existían dos líneas interpretativas divergentes respecto al grado de análisis que debía efectuarse a la hora de clasificar estos residuos, quería saber si la Directiva 2008/98 y el anexo
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de marzo de 2019, por la que se declara que Italia ha incumplido la Directiva 1999/31, relativa al vertido de residuos (art. 14)
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), Asunto C-498/17, ECLI:EU:C:2019:243
Temas Clave: vertederos
Resumen:
La Comisión interpuso recurso contra la República de Italia por no haber adaptado 44 vertederos a las exigencias de la Directiva 1999/31.
La Sentencia comienza recordando que el art. 14 de la citada Directiva establece un régimen transitorio para adecuar los vertederos existentes a los nuevos requisitos ambientales establecidos en esta norma según el cual los Estados tenían hasta el 16 de julio de 2009 para clausurar los que no hubieran obtenido la correspondiente autorización para seguir funcionando con arreglo a un plan de acondicionamiento aprobado.
El Tribunal de Justicia se limita a constatar que en el plazo fijado en el dictamen motivado (19 de octubre de 2015), 37 vertederos no habían sido clausurados y que otros 7 vertederos, autorizados, no se habían adaptado completamente a las exigencias de la Directiva, rechazando las alegaciones de cumplimiento tardío
Sentencia del TEDH de 24 de enero de 2019, demandas nº 54414/13 y 54264/15, Cordella y otros c. Italia
Autor: Enrique J. Martínez Pérez, Profesor Titular de Derecho internacional público de la Universidad de Valladolid
Palabras clave: contaminación industrial; calidad de vida; umbral mínimo de gravedad; obligaciones positivas sustantivas; ponderación de intereses; condición de víctima
Resumen:
Los demandantes en estos asuntos viven o han vivido en el municipio italiano de Taranto o en los alrededores, donde se encuentra la planta ILVA, el mayor complejo siderúrgico integral europeo dedicado a la producción de acero al carbono, que da empleo a cerca de doce mil trabajadores y ocupa una superficie de terreno de 1500 hectáreas .
La planta industrial provoca graves problemas medioambientales, con un impacto muy negativo en la salud de las personas debido al polvo tóxico procedente del parque mineral. Un tercio de las emisiones italianas de dioxinas a la atmósfera proceden de esta acería.
En los años noventa el gobierno designó los municipios afectados como zonas de “alto riego medioambiental” y aprobó un plan de descontaminación. A partir de 2012 adoptaría varias normas en forma de Decreto-ley (Salva-Ilva) relativos a la actividad de la empresa donde se preveían
Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de febrero de 2018 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (art. 4, apartados 2 y 3)
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia, inmaculada.revuelta@uv.es
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), Asunto C-117/17, ECLI:EU:C:2018:129
Temas Clave: evaluación de impacto ambiental; omisión; proyectos del anexo II; regularización; biogás
Resumen:
El Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Las Marcas (Italia) solicitó al TJUE pronunciamiento en el litigio entre el Ayuntamiento de Castelbellino y la Región de Las Marcas por la autorización del incremento de potencia de una instalación de producción de electricidad con biogás, concedida de conformidad con la normativa regional sin haber analizado previamente si procedía someter dicho proyecto a evaluación de impacto ambiental. El Tribunal dudaba, en concreto, de la compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea de la posterior convalidación de la citada autorización en aplicación de la nueva normativa estatal aprobada tras haber declarado el Tribunal Constitucional la normativa regional contraria al Derecho de la Unión.
El Tribunal de Justicia, siguiendo la doctrina
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