Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 212, de 6 de agosto de 2020
Palabras clave: Eficiencia energética. Edificios. Calefacción y refrigeración. Contadores.
Resumen:
Mediante el presente real decreto se completa la incorporación al derecho español de la regulación prevista en el artículo 9.3, 10 y 11 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. Asimismo, se transpone parcialmente al Derecho español la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, en lo que se refiere a la contabilización individualizada de consumos energéticos de calefacción y refrigeración, en concreto el punto 2 del artículo 9 bis, el
Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOJA núm. 138, de 20 de julio de 2020
Palabras clave: Eficiencia energética en la edificación. Comunidad educativa. Salubridad. Cambio climático. Huella de carbono. Auditorías energéticas. Participación ciudadana.
Resumen:
Las condiciones interiores en las que se desarrolla la enseñanza y aprendizaje de conocimientos exigen que todos sus actores disfruten de unas condiciones ambientales y de salubridad adecuadas. Dentro de este marco, Andalucía se propone llevar a cabo las acciones oportunas para garantizar un ambiente saludable al conjunto de la comunidad educativa, garantizando un ambiente confortable en términos de temperatura, humedad y ventilación de las edificaciones, tanto en los colegios como en los institutos. Al mismo tiempo, se pretende limitar el gasto energético en electricidad y combustibles fósiles, así como las emisiones de gases de efecto invernadero. Andalucía pretende convertirse de esta manera en abanderada de la lucha contra
Economía circular:
PERNAS GARCÍA, J. José. La contratación pública como herramienta para la transición hacia una economía circular: recientes desarrollos estratégicos y previsiones del Anteproyecto de Ley de Residuos. Verde y circular blog jurídico, 30 julio, 2020. Disponible en Internet: https://josepernas.com/2020/07/30/la-contratacion-publica-como-herramienta-para-la-transicion-hacia-una-economia-circular-recientes-desarrollos-estrategicos-y-previsiones-del-anteproyecto-de-ley-de-residuos/ (Fecha de último acceso 07-08-2020).
Edificación:
CABRAL GONZÁLEZ-SICILIA, Ángel. Los proyectos de obras públicas ordinarias en Andalucía. Actualidad administrativa, n. 5, 2020
Educación ambiental:
ESPINOSA ROJAS, Diana. El Policía Ambiental en el Valle de Aburrá: un estudio de Representaciones Sociales de Educación Ambiental y Medio Ambiente. Cadernos de Dereito Actual: Universidade de Santiago de Compostela, n. 13, 2020, pp. 457-473. Disponible en Internet: http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/445 (Fecha de último acceso 04-08-2020).
Emisión de contaminantes a la atmósfera:
PEKKARINEN, Veera. Going beyond CO2: strengthening action on global methane emissions under the UN climate regime. Review of European, Comparative and International Environmental Law (RECIEL), abril 2020, pp. 1-13. Disponible en Internet: https://doi.org/10.1111/reel.12329 (Fecha de último acceso 28-07-2020).
TORNEY, Diarmuid; O’GORMAN, Roderic. Adaptability versus certainty in a carbon emissions reduction regime: an assessment of the EU’s 2030 Climate and Energy Policy Framework. Review
Título: “Condicionantes territoriales y urbanísticos en la legislación andaluza para la construcción de una planta de biomasa: la estrategia energética de Andalucía 2020”
Title: “Territorial and Urbanistic Conditions in Andalusian Legislation for the Construction of a Biomass Floor: the Energy Strategy of Andalusia 2020”
Autora: Cynthia Inmaculada Mata Torres, Doctoranda en el Programa de Ciencias Sociales y Jurídicas. Facultad de Derecho. Universidad de Málaga
Fecha de recepción: 04/05/2020
Fecha de modificación: 18/05/2020
Fecha de aceptación: 07/07/2020
Resumen:
Tal y como reza el título, a lo largo de este artículo vamos a analizar los principales condicionantes tanto a nivel territorial como urbanístico, regulados en la legislación andaluza de cara a construir una planta de biomasa. Para ello, examinaremos en primer lugar la llamada Estrategia Energética de Andalucía 2020 en el sentido que, si bien no puede considerarse como un requisito más, sí que encierra principios generales interesantes para nuestro tema y propone iniciativas que pueden beneficiar o ralentizar el proceso de instalación de una planta de biomasa en el territorio andaluz. En segundo lugar, detallaremos cuál es el enfoque conceptual que la doctrina le ha otorgado a las plantas de biomasa para seguidamente detallar, aún a grandes rasgos, el funcionamiento
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de 3 de marzo de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Carmen Frigola Castillón)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ BAL 86/2020 – ECLI: ES: TSJBAL: 2020:86
Temas clave: Urbanismo. Suelo rústico. Licencia legalización. Ordenación territorio. Suelo urbanizable. Edificación.
Resumen:
La parte actora, un particular, recurre el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia que denegó la licencia de legalización de vivienda existente en una finca de la localidad de Sant Jordi. El motivo era la Disposición Transitoria 10 de la Ley de Ordenación y Uso del Suelo (en adelante LOUS, disposición excepcional para legalizar supuestos que estando fuera de ordenación y habiendo prescrito la infracción perseguible, permitía su legalización).
Para la actora, su argumento en la discusión fue que, pese a esa clasificación de ese suelo, como suelo urbanizable (y no rústico), su naturaleza física era la de rústico, y según interpretaban, por ese motivo era de aplicación esa Disposición Transitoria.
La parte expositiva del Decreto Ley 1/2016 de
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