Ley 13/2018, de 1 de junio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOGV núm. 8309, de 4 de junio de 2018
Temas Clave: Montes; Propiedad; Gestión forestal; Planificación; Terrenos abandonados; Ayuntamientos; Participación
Resumen:
Pasados 24 años desde que la Generalitat Valenciana aprobara su base normativa destinada a encauzar la gestión y el aprovechamiento forestal del territorio valenciano, ha decidido reconsiderar el contexto en el que se desarrolló la Ley 3/1993, de 9 de diciembre. Factores como el cambio climático, los episodios de sequía y lluvias cada vez más extremos, o la despoblación rural, unidos a la aparición de fenómenos novedosos en el desarrollo de incendios forestales como pueden ser los GIF; han contribuido sin duda a esta decisión.
De hecho, durante todo este tiempo, no se han conseguido los objetivos de aumento de propiedad y gestión pública planteados en la ley anterior. De ahí que a través de la presente modificación se van a actualizar sus distintos títulos y capítulos.
En relación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 21 de marzo de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Jesús María Arias Juana)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ AR 338/2018 – ECLI:ES:TSJAR:2018:338
Temas Clave: Agricultura; Ayuntamientos; Competencias; Ganadería; Purines; Vertidos
Resumen:
Por una organización profesional agraria (UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGÓN) se interpone recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza reguladora de vertido de purines, estiércoles y otros desechos de origen ganadero del municipio de Alloza (Teruel).
Según consta en la sentencia examinada, el objetivo de la Ordenanza impugnada era el de completar el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.
Pues bien, sobre esta Ordenanza solicita la organización agraria recurrente en primer lugar la nulidad de la integridad de esta norma municipal, en el entendimiento de que sobre la materia objeto de ordenación ya existiría una regulación completa por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del mencionado Decreto 94/2009, sin que esta norma reglamentaria previese ningún desarrollo y sin que el ayuntamiento contase con competencias en
Agricultura:
AMAT LLOMBART, Pablo. “La especial aplicación del derecho de la competencia a la producción y comercialización de productos agrícolas en el marco de la PAC”. Revista de derecho agrario y alimentario, n, 71, julio-diciembre 2017, pp. 7-27
BUDZINOWSKI, Roman. “La génesis del Derecho agrario en Polonia desde la perspectiva de la experiencia europea”. Revista de derecho agrario y alimentario, n, 71, julio-diciembre 2017, pp. 29-45
SCRUFARI, Carrie A. “Tackling the Tenure Problem: Promoting Land Access for New Farmers as Part of a Climate Change Solution”. Columbia Journal of Environmental Law, vol. 42, n. 2, mayo 2017, pp. 497-543, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.columbiaenvironmentallaw.org/tackling-the-tenure-problem/ [Fecha de último acceso 22 de mayo de 2018].
Aguas:
BENSON, Reed D. “Reviewing Reservoir Operations: Can Federal Water Projects Adapt to Change?”. Columbia Journal of Environmental Law, vol. 42, n. 2, mayo 2017, pp. 353-424, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.columbiaenvironmentallaw.org/reviewing-reservoir-operations/ [Fecha de último acceso 22 de mayo de 2018].
McALLISTER, Terence H. “Connecticut’s Evolving Views of Riparian Rights and the Public Trust”. Boston College Environmental Affairs Law Review, vol. 44, n. 3, 2017, pp. 29-40, [en línea]. Disponible en Internet: http://lawdigitalcommons.bc.edu/ealr/vol44/iss3/4/ [Fecha de último acceso 22 de mayo de 2018].
SERRANO CEBALLOS,
Éstos son los títulos donde se ha encontrado algún capítulo jurídico ambiental:
ALONSO IBÁÑEZ, María Rosario (Dir.). “Retos del Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado”. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, 455 p. CARANTA, Roberto (Coord.); GERBRANDY, Anna (Coord.); MÜLLER, Bilun (Coord.). “The making of a new European legal culture: the Aarhus Conventionat the crossroad of comparative law and EU law””. Ámsterdam (Países Bajos): Europa Law Publishing, 2018, 455 p. CONESA GARCÍA, Carmelo (Ed.); PÉREZ CUTILLAS, Pedro (Ed.). “Riesgos ambientales en la Región de Murcia”. Murcia: Universidad de Murcia (Editum), 2017, 350 p. DÍEZ SASTRE, Silvia. “La nueva Ley de Contratos del Sector Público: Curso de actualización. Especial referencia a la contratación de las entidades locales”. Madrid: Iuris, 2018, 224 p. ESCRIHUELA MORALES, Francisco Javier. “La contratación del sector público: especial referencia a los contratos de suministro y de servicios (5.ª Ed.)”. Madrid: La Ley- Wolters Kluwer, 2018, 2000 p. GARCÍA URETA, Agustín (Dir.); BOLAÑO PIÑEIRO, Mª del Carmen (Coord.). “Nuevas perspectivas del Derecho ambiental en el siglo XXI = New Perspectives on Environmental Law in the 21st Century”. Madrid: Marcial Pons: Gobierno Vasco, 2018, 244 p. MÍGUEZ MACHO, Luis (Coord.); ALMEIDA CERREDA, Marcos (Coord.). “Los retos actuales del derecho administrativo en
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de febrero de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Juan Francisco López de Hontanar Sánchez)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ M 835/2018 – ECLI:ES:TSJM:2018:835
Temas Clave: Actividades clasificadas; Autorizaciones y licencias; Ayuntamientos; Contaminación acústica; Licencia ambiental; Procedimiento administrativo
Resumen:
El ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), mediante resolución de 22 de abril de 2015 impone sanción pecuniaria de 3.500 euros y precinto de la actividad a una central telefónica ubicada en el municipio, por causa de los emisores acústicos que sobrepasaban la normativa vigente. Contra tal resolución se alza la empresa de telecomunicaciones afectada mediante recurso de reposición que es resuelto en sentido desestimatorio el 30 de noviembre de 2015.
Vuelve a insistir la empresa afectada, interponiendo recurso contencioso-administrativo, que también resulta desestimado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 23 de Madrid en su sentencia de 15 de febrero de 2017. Contra esta sentencia de instancia se interpone igualmente recurso de apelación, dando inicio al procedimiento que finaliza con la sentencia objeto de análisis.
Pues bien, todos los recursos indicados pivotan, no en la sanción pecuniaria (que la
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