Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), de 12 de noviembre 2019, asunto C-261/2018 por la que se declara el incumplimiento por parte de la República de Irlanda de la Directiva de evaluación de impacto ambiental
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), de 12 de noviembre 2019, asunto C-261/18
Temas clave: Evaluación de impacto ambiental; Omisión; Parque eólico; Incumplimiento de sentencia; Restauración de la legalidad ambiental
Resumen:
La Comisión interpone un recurso contra la República de Irlanda por incumplimiento, en el que solicita al TJUE que declare que Irlanda no ha cumplido las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 3 de julio de 2008, Comisión/Irlanda (C‑215/06) y le condene a Irlanda a abonar a la Comisión la cantidad a tanto alzado de 1.343,20 euros multiplicada por el número de días transcurridos entre el pronunciamiento de la sentencia de 3 de julio de 2008, y la fecha de ejecución de dicha sentencia por Irlanda, cantidad a tanto alzado que no deberá ser inferior a 1 685 000 euros y por último que condene a Irlanda a
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 24 de septiembre de 2019 (Sala de lo Contencioso Palma de Mallorca. Sección 1, Ponente: Pablo Delfont Maza)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ, Investigador del Centro Internacional de Estudios en Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ BAL 709/2019 – ECLI: ES: TSJBAL: 2019:709
Temas Clave: Urbanismo; Licencia municipal; Suelo rústico protegido; Espacio natural protegido; Área rural de interés paisajístico; Bien de interés cultural
Resumen:
Por parte de un particular se interpone recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Comisión de Govern del Consell Insular de Mallorca, por el que se desestimaba el recurso de alzada formulado el contra el acuerdo de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, mediante el que se denegó el proyecto de legalización presentado por la parte apelada ante el Ayuntamiento de Deià, relativo a una piscina construida en 1997, en concreto tras haber obtenido la licencia municipal que entonces se solicitó, que lo había sido para reconstrucción de un safereix, teniéndose para ello en cuenta:
1.- Que la piscina se había construido en suelo rustico de especial protección, calificado de Área Rural de Interés Paisajístico, y
2.- Que desde la Ley CAIB 6/1985 el
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 31 de julio de 2019 (Sala de lo Contencioso Valencia. Sección 1, Ponente: María Desamparados Iruela Jimenez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ, Investigador del Centro Internacional de Estudios en Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 4127/2019 – ECLI: ES: TSJCV: 2019:4127
Temas Clave: Licencia administrativa; Planta de transferencia; Concesión administrativa; Residuos sólidos urbanos; Caducidad
Resumen:
La apelante, la mercantil Acciona Servicios Urbanos S.L., interpuso recurso contencioso-administrativo de instancia, frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja, que dispuso desestimar las peticiones formuladas por esa mercantil.
Las peticiones consistían en que anulase el mencionado acuerdo municipal y declarase el derecho de aquélla al reconocimiento y a la aceptación por el Ayuntamiento de que la ubicación acordada de mutuo acuerdo para la construcción de las instalaciones de transferencia previstas en el contrato se refería al paraje “La Marquesa”, finca Casa Grande, ubicada en el km 5,6 de la CV-943.
Finalmente la Sala acuerda estimar parcialmente el mencionado recurso contencioso-administrativo número 118/2013, y anular en parte, por ser contrario a derecho, el acuerdo de la acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja en
Agricultura:
CABELLO FERNÁNDEZ, María Dolores. “La titularidad compartida de las explotaciones agrarias como medida «bidireccional»”. Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto, vol. 66, n. 1, enero-junio 2018, pp. 253-279. Disponible en Internet: fecha de último acceso 28 de octubre de 2019.
Aguas:
NAVARRO CABALLERO, Teresa. “Gestión compartida de recursos hídricos entre España y Portugal. Veinte años del Convenio de Albufeira”. Revista de Administración Pública (CEPC), Nº 209, mayo-agosto 2019, pp. 391-427. Disponible en Internet: fecha de último acceso 28 de octubre de 2019.
MEIRELLES SIQUEIRA, Majoe de; CHARVET, Patrícia; Tarso De Lara Pires, Paulo de. “Áreas de preservação permanente urbanas ao redor de cursos de água: uma abordagem histórica da legislação aplicável e alterações no tema à luz da nova lei florestal”. Revista internacional de direito ambiental, n. 17, mayo-agosto 2017, pp. 197-230
RIVERA BRAVO, Daniela et al. “Aguas y ordenanzas municipales en Chile: diagnóstico local de un recurso escaso en una geografía diversa”. Ciudad y territorio: estudios territoriales, n. 200, verano 2019, pp. 341-360
Alimentación:
MORENO BRENES, Pedro. “El nuevo régimen jurídico del pan”. Diario La Ley, n. 9475, 2019
Antenas de telefonía:
RODRÍGUES, Alex et al. “Infraestructura de suporte, lei de antenas e
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha de 25 de junio de 2019 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Purificación López Toledo)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CLM 1752/2019 – ECLI: ES: TSJ CLM: 2019: 1752
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Demoliciones; Lugares de importancia comunitaria ( LIC ); Zona de especial protección para las aves ( ZEPA )
Resumen:
Un particular edificó una vivienda en su finca, declarada ZEPA y LIC a efectos de su protección ambiental. Se instaron dos procedimientos en relación a dicha edificación.
En primer lugar, solicitó licencia para la legalización de la construcción, denegada mediante Resolución de junio de 2016, posteriormente impugnada en la vía contencioso – administrativa y confirmada a 10 de junio de 2016. Esta sentencia determinó la demolición de lo construido. Fue recurrida en apelación y confirmada por el Tribunal de autos en febrero de 2018.
En segundo lugar, el particular impugnó en la vía contencioso administrativa la Resolución de la Consejería de agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, de 22 de septiembre
|
