Fernando LÓPEZ RAMÓN: “Política ecológica y pluralismo territorial. Ensayo sobre los problemas de articulación de los poderes públicos para la conservación de la biodiversidad”, Marcial Pons, Madrid, 2009
Autor de la Nota: Francisco Javier Sanz Larruga. Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña. Director del Grupo de Investigación “Observatorio del Litoral”
Casi treinta años después de la publicación de su monografía boloñesa, La conservación de la naturaleza: los espacios naturales protegidos (1980), el Profesor Fernando LÓPEZ RAMÓN –quien, junto al Maestro MARTÍN MATEO, en uno de los pioneros en los estudios del Derecho Ambiental en nuestro país- nos ofrece una muy valioso ensayo sobre las claves del sistema jurídico y organizativo de la protección de la biodiversidad en España.
Como declara el autor en la presentación del libro su objetivo es el de “identificar los principales problemas que presenta el régimen de conservación de la biodiversidad en la experiencia española, bajo la óptica de la necesaria articulación entre las políticas de los poderes territoriales” (p. 15). Y, justamente, la obra se estructura en las cuatro principales cuestiones problemáticas que es posible identificar en la materia objeto de estudio: los “problemas históricos” (Parte Primera), los “problemas políticos” (Parte Segunda), los “problemas competenciales” (Parte Tercera) y los “problemas sustantivos” (Parte Cuarta).
De cada uno de los apartados del trabajo se extraen útiles reflexiones que tienen como telón de fondo la preocupación por la implantación en España de un sistema coherente y armónico de protección de la biodiversidad en un Estado compuesto como el nuestro, todavía pendiente. Y todo esto, ilustrado con un exhaustivo aparato doctrinal y jurisprudencial que maneja con magistral sentido crítico.
El peso de la inercia histórica se manifiesta con claridad en la exposición de los hitos que han marcado la evolución de la Administración del Estado en la protección de la naturaleza, lastrada por el centralismo, el burocratismo, el corporativismo y la ineficacia que sigue pesando en el modelo vigente. Desde luego la perseverancia (o, mejor, empecinamiento) de la lucha del Estado por mantener en este campo –ya en el régimen constitucional de 1978- competencias ejecutivas resulta una de las ideas centrales del trabajo. Y me parece muy valiente –y cierta- la afirmación de que “el conjunto de las intervenciones estatales a lo largo de nuestra historia en materia de conservación de la naturaleza, en modo alguno permite al Estado presentar una brillante o, al menos, meritoria hoja de servicios que le haga acreedor ni de las pretensiones corporativas ni de la confianza ecologista” (p. 98).
De gran interés resulta la lectura del apartado sobre “problemas competenciales”, la obstinada “batalla del Estado” por mantener su protagonismo en la protección de la biodiversidad y, al final, el triunfo de los planteamientos autonomistas, avalados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Cerca de una veintena de pronunciamientos del Alto Tribunal jalonan el largo y conflictivo recorrido hasta el régimen vigente –plasmado en la Ley básica 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad-, que ha tenido que desentrañar múltiples cuestiones competenciales, desde el alcance de la legislación básica sobre protección de la naturaleza hasta la gestión de los Parques Nacionales, pasando por la gestión de los espacios naturales situados en el dominio público marítimo-terrestre. Pero, a mi juicio, una de las más importantes aportaciones del trabajo es la de poner de manifiesto, pese a todos los esfuerzos desplegados por el Estado, el fracaso político en la articulación del sistema de conservación de la biodiversidad entre la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas y la su necesaria gestión integral.
Asimismo resulta muy reveladora la reflexión que se recoge en la Parte Cuarta del trabajo sobre la recepción en España del Derecho Comunitario sobre protección de la biodiversidad, denunciando que se ha desaprovechado una magnífica oportunidad –la de la Directiva de Hábitats de 1992 y de la implantación de la Red Natura 2000- para la necesaria articulación de la legislación básica del Estado y la complementaria de las Comunidades Autónomas. “La coherencia del sistema nos la puede dar la red europea Natura 2000, siempre que en ella pase, verdaderamente, a integrarse la red española Natura 2000, compuesta por las redes autonómicas Natura 2000” (p. 229).
La aguda y certera crítica que rezuma todo el trabajo, por parte de quien mejor conoce en nuestro país el objeto de estudio, no se limita a resaltar las limitaciones y defectos del régimen jurídico y de las políticas de protección de la biodiversidad en España. Se acierta a concluir algunas de las vías más aptas y certeras para su mejora y perfeccionamiento, que debe pasar, entre otras propuestas, por un “gran pacto político entre el Estado y las Comunidades Autónomas a fin de establecer las bases que precisa la conservación de la biodiversidad” (p. 274), por la cooperación interadministrativa entre las Administraciones Territoriales superiores (incluidos los municipios), la participación de las entidades privadas y sociales (que ofrecen ya interesantes iniciativas de protección como la llamada “custodia del territorio”), el respecto de los derechos e intereses de los particulares afectados por las intervenciones conservacionistas y, ante todo, a mi entender, la más importante conclusión del trabajo sobre la necesidad de “conectar nuestra política de conservación de la biodiversidad a la Red Natura 2000”.
“Comprender los elementos históricos, políticos, competenciales y sustantivos que inciden en nuestra política de conservación de la biodiversidad me parece que sería la mejor manera de enderezar el rumbo seguido hasta ahora” (p. 273), concluye el Coordinador del Observatorio de Políticas Ambientales, y resulta indudable que la profunda y crítica exposición por él realizada en este magnífico ensayo servirá –como el mismo sugiere- de “estímulo para el debate social, ideológico, técnico y jurídico que ha de acompañar a toda política pública”. Es oportuno y necesario promoverlo, y cuando mejor que el momento presente (cuando efectuamos este comentario, a principios de 2010) en que celebramos el “Año internacional de la biodiversidad”.
