Ley 1/2016, de 29 de marzo, por la que se deroga la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles de la Comunidad de Madrid
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT)
Fuente: BOCM núm. 89, de 15 de abril de 2016
Temas clave: Clasificación de suelos; Edificación; Planeamiento urbanístico; Suelo no urbanizable; Urbanismo
Resumen:
A través de la Ley 1/2016 se viene a derogar la polémica Ley 5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas Rurales Sostenibles (Ley VIRUS). Cabe recordar que a través de esta norma, con una amplia contestación social, se amparaba la posibilidad de edificar viviendas unifamiliares en aquellos suelos no urbanizables de la Comunidad de Madrid, incluso sujetos a una protección especial cuando su normativa no impidiese el uso residencial, que contasen con una superficie mínima de 6 hectáreas. Todo ello, únicamente, con la obtención de una licencia municipal previa.
Las razones que se contienen en el preámbulo de la norma son lo suficientemente clarificadoras de las causas que justifican la derogación, tales como el riesgo de que se impida el paso en zonas de dominio y uso público y se prohíba el acceso a veredas y arroyos, el riesgo
Sentencia 160/2016 de la Audiencia Nacional, de 15 de marzo de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Juan Pedro Quintana Carretero)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: SAN 864/2016 – ECLI:ES:AN:2016:864
Temas Clave: Responsabilidad patrimonial de la Administración; Inundaciones; Daños en fincas rústicas; Organismos de cuenca
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un particular frente a la resolución de fecha 28 de octubre de 2014, del Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que desestima su reclamación de responsabilidad patrimonial. Ésta se basa en los daños sufridos en varias de sus parcelas de cultivo del término de Pina de Ebro (Zaragoza), como consecuencia de la avenida ordinaria del río Ebro entre los días 21 y 24 de enero de 2013, y cuya valoración asciende a 40.982 euros, cantidad que reclama en concepto de indemnización.
La recurrente alega que los efectos sobre las parcelas fueron los propios de una avenida extraordinaria debido a la dejación de sus obligaciones de policía por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la insuficiencia de las defensas previstas
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2016 (Sala Tercera, Sección 5, Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STS 1028/2016-ECLI:ES:TS:2016:1028
Temas Clave: Clasificación de suelos; Desarrollo sostenible; Evaluación ambiental estratégica; Instrumentos de planificación; Planeamiento urbanístico; Urbanismo
Resumen:
La Sala Tercera del Tribunal Supremo analiza en el pronunciamiento objeto de comentario el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 22 de enero de 2014. En esta sentencia se anulaba el Plan General de Ordenación Urbana de Montanuy (Huesca), aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Huesca a través de sendos acuerdos de 27 de febrero y 27 de diciembre de 2008.
Conviene apuntar, antes de analizar de manera más pormenorizada los motivos esgrimidos y la resolución del recurso, que a través de este Plan General se pretendía amparar la construcción de aproximadamente 4.000 viviendas en un municipio que no llega a los 100 habitantes, supeditando la actuación urbanística a la ampliación de la estación de esquí de Cerler, todo ello en un entorno de alta montaña
Decisión (UE) 2016/590 del Consejo de 11 de abril de 2016 relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Autora: Sara García García, Doctoranda en Derecho Universidad de Valladolid
Fuente: DOUE L103/1 de 19 de abril de 2016
Palabras clave: Acuerdo de París; firma; Unión Europea; Cambio Climático; ONU
Resumen:
La Unión Europea se adhiere de forma oficial al Acuerdo de París nacido a finales del pasado año de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que será recordada siempre, no sólo por los objetivos medioambientales marcados, sino también por los brutales atentados cometidos en la capital francesa en los días próximos a la Cumbre.
Mediante esta Decisión, el Consejo autoriza la firma de la Unión Europea, como Parte de la Convención, independiente de la de sus Estados miembros. La apertura a firma del texto, en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, finaliza el 21 de abril del próximo año.
Recordemos brevemente su contenido que, siendo conforme con los objetivos ambientales de la Unión previstos en los artículos 191 y 192 del
A continuación se ofrece una relación sistematizada de las ayudas y subvenciones aprobadas a lo largo del mes de abril de 2016, relacionadas directa o indirectamente con la materia ambiental. Dentro de cada apartado, el lector tendrá acceso al contenido íntegro de la disposición normativa reguladora de cada ayuda a través de un enlace a la página del boletín oficial correspondiente o, en su caso, a la de la institución convocante. Al mismo tiempo, se le facilita el plazo concreto para la presentación de solicitud, en aquellos casos en que así se exija.
Estatales
Real Decreto 126/2016, de 1 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las actividades de demostración y las acciones de información, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. (BOE núm. 80, de 2 de abril de 2016)
Fuente: http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/02/pdfs/BOE-A-2016-3159.pdf
Plazo: El plazo de presentación de la solicitud de pago y la documentación relacionada se establecerá en la convocatoria correspondiente. El incumplimiento de este plazo por razones imputables al beneficiario conllevará una penalización del 1 % de la ayuda por día hábil
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