Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 1 de abril de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Begoña González García)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ CL 1267/2016 – ECLI:ES:TSJCL:2016:1267
Temas Clave: Uso excepcional en suelo rústico; Uso residencial; Interés público
Resumen:
En este supuesto concreto, el objeto de impugnación se ciñe al acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, de 1 de abril de 2011, por el que se acordó denegar el uso excepcional en suelo rústico para la legalización de varias construcciones e instalaciones existentes en una parcela del término municipal de la localidad de Navaluenga (Ávila). Desestimado el recurso de alzada formulado por el particular, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 1 de Ávila da la razón al recurrente y condena a la Administración a otorgar la autorización correspondiente a favor de aquel.
La sentencia de instancia viene a decir que la Administración ha desestimado la petición de un uso que no había sido solicitado por el recurrente, cual es una legalización de uso agrario o industrial. La propia Administración
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2016 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: César Tolosa Tribiño)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 2330/2016- ECLI: ES:TS: 2016:2330
Temas Clave: Derechos de emisión; asignación; precio del derecho
Resumen:
La Sentencia que comentamos resuelve el recurso contencioso-administrativo número 2-49/2015, interpuesto por la mercantil KNAUF GMBH, sucursal en España, por un lado, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 28 de noviembre de 2014 por el que se resuelve desestimatoriamente el recurso potestativo de reposición interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, por el que se aprueba la asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión para el período 2013-2020, ello en relación a la asignación efectuada a la fábrica de placas de yeso laminado instalada en el municipio granadino de Escúzar; y, por otro, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2014, por el que se aprueba la modificación de las asignaciones de derechos de emisión de
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de junio de 2016, que responde a cuestión prejudicial de interpretación de la Directiva 2003/87, de régimen de comercio de emisiones (art. 3.e); y, del Reglamento 601/2012, de la Comisión, sobre seguimiento y notificación de las emisiones (art. 27.2), en relación con el almacén de combustible de una central térmica de carbón
Autora: Inmaculada Revuelta Pérez, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), Asunto C-158/15, ECLI: EU:C:2016:422
Temas Clave: Comercio de emisiones; Central térmica; Concepto de “instalación”; Almacén de combustible; Emisiones exportadas fuera de la explotación
Resumen: El Tribunal de Justicia se pronuncia en decisión prejudicial sobre la aplicación del régimen de comercio de emisiones de gases con efecto invernadero establecido en la Directiva 2003/87 a las centrales térmicas de carbón. El Consejo de Estado (Países Bajos), en un litigio entre el titular de una central y las autoridades competentes relacionado con el cómputo y seguimiento de las emisiones de CO2, planteó dos cuestiones, esto es, si la instalación de almacenamiento del combustible, que emite gases de efecto invernadero, forma parte de la instalación principal a efectos de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 9 de noviembre de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Estrella Blanes Rodríguez)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 5249/2015 – ECLI:ES:TSJCV:2015:5249
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Contaminación atmosférica; Contaminación de suelos; Evaluación de impacto ambiental (EIA); Participación; Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC); Procedimiento administrativo
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un Ayuntamiento y una plataforma ciudadana, contra la Resolución de la Secretaria autonómica de Territorio, Medio Ambiente y Paisaje, que resolvía, desestimándolos, los recursos de alzada interpuestos contra la Resolución del Director General de Cambio Climático del Gobierno de la Comunidad Valenciana a través de la cual se concedía Autorización Ambiental Integrada (en adelante, AAI) para instalación de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos.
En concreto, los recurrentes solicitan que quede sin efecto la AAI declarándola nula. A fin de sustentar esta petición, plantean varios motivos, tales como:
-Que no estaba completa la documentación del proyecto autorizado en el momento de su publicación.
-La Memoria no estaba firmada por técnico competente.
-Incumplimiento de
Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje Ley Nº 20.920
Autora: Pilar Moraga Sariego, profesora asociada y Daniela Jara Soto, ayudante, del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
Fuente: Diario Oficial de la República de Chile, nº 41.472, 01 de junio de 2016
Temas Clave: Residuos, Reciclaje, Responsabilidad extendida del productor
Resumen:
En el contexto de la Evaluación de Desempeño Ambiental realizada por la OCDE en el año 2005 durante la etapa preparatoria del ingreso de Chile a esta organización, se recomendó el fomento de la valorización de residuos, a través de la profundización de la “aplicación de los principios el que contamina paga y el usuario paga, mediante cargos apropiados sobre el manejo de residuos” y la evaluación de las “posibilidades de introducir instrumentos económicos nuevos como cargos por residuos peligrosos, entre otros”[1].
Tras ello, en el año 2011 el Congreso inicia la tramitación del proyecto de ley REP enviada por el poder ejecutivo, la cual entró en vigencia el 01 de junio del año en curso. El mensaje presidencial motiva tal proyecto en la experiencia comparada, señalando que en el
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