Evaluación de Impacto Ambiental (EIA):
ZUÑIGA CAÑETE, Diego. Algunos criterios para evaluar los impactos ambientales de la salmonicultura en Chile: comentarios de la sentencia R-20-2019 Comunidad Indígena ATAP y otros con Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes. Justicia Ambiental: revista de derecho ambiental de la ONG FIMA, n. 15, diciembre 2023, pp. 271-294. Disponible en: https://www.revistajusticiaambiental.cl/wp-content/uploads/2023/12/revista-15-completa.pdf (Fecha de último acceso 17-01-2024).
Fiscalidad ambiental:
NADIM DE LAZARI, Rafael José; MAZIN, Marcelo. Extrafiscalidade ambiental e desenvolvimento geoconômico: uma análise envolvendo o aquïfero Guarani. Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 14, n. 1, 2023. Disponible en: https://doi.org/10.17345/rcda3397 (Fecha de último acceso 18-01-2024).
SALASSA BOIX, Rodolfo. Retos del impuesto al depósito, incineración y coincineración de residuos en el ámbito comunitario, autonómico y local. Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 14, n. 1, 2023. Disponible en: https://doi.org/10.17345/rcda3434 (Fecha de último acceso 18-01-2024).
VILLCA POZO, Ariel R.; VILLCA POZO, Milenka. Análisis del costo-beneficio de la instalación de paneles fotovoltaicos en edificios residenciales en Tarragona. Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 14, n. 1, 2023. Disponible en: https://doi.org/10.17345/rcda3526 (Fecha de último acceso 18-01-2024).
Gases efecto invernadero:
SHARIATI,
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 14 de diciembre de 2023, por la que resuelve el recurso contra Rumanía por incumplimiento de la Directiva 99/31/CE, de vertido
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa. Catedrático de Derecho administrativo. Universidad de Navarra.
Fuente: Asunto C-109/22
Palabras clave: Vertederos. Incumplimiento de sentencia previa. Multa coercitiva como medio de ejecución forzosa.
Resumen:
Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia condene a Rumanía por no haber adoptado todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 18 de octubre de 2018, a pagar una multa coercitiva y a pagar una cantidad a tanto alzado.
En la sentencia Comisión/Rumanía 18 de octubre de 2018, hace ya más de cinco años, de la que trae causa esta nueva sentencia, el TJUE declaró que Rumanía había incumplido las obligaciones de la Directiva 1999/31, al no haber cumplido, por lo que respecta a los 78 vertederos a que se refería el recurso de la Comisión, la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para cerrar lo antes posible, los vertederos que no hubieran obtenido, con arreglo al artículo 8 de la citada Directiva, la autorización para continuar sus actividades.
Cuando la
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2023 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, número de recurso: 94/2022, Ponente: Diego Córdoba Castroverde)
Autora: Dra. Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo (acreditada como Catedrática) de la Universitat Rovira i Virgili e Investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) y del Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica (IU-RESCAT).
Fuente: STS 5136/2023 – ECLI:ES:TS:2023:5136
Palabras clave: Acceso a la información. Carácter abusivo de la solicitud. Actividades extractivas. Secreto comercial. Intereses económicos y comerciales. Libertad de empresa.
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal (REASA Recuperaciones y Áridos S.L.U.) contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 8 de octubre de 2021 (rec. 677/2019). Esta Sentencia estimó en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias de 5 de junio de 2019, que había confirmado, a través de la resolución del correspondiente recurso de reposición, la previa Resolución de 11 de marzo de 2019 de la citada Consejería, que concedió el
Ley de Cantabria 3/2023, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOC n. 87, de 29 de diciembre de 2023
Palabras clave: Aguas. Saneamiento. Abastecimiento. Ordenación del territorio. Urbanismo.
Resumen:
Nos detendremos exclusivamente en aquellos aspectos que directa o indirectamente puedan relacionarse con la materia jurídico-ambiental.
-Con posterioridad a la aprobación del Plan General de Saneamiento y Abastecimiento de Cantabria (en adelante, PGAS) en el año 2015, han surgido necesidades nuevas y circunstancias sobrevenidas, en ocasiones derivadas de cambios normativos, como la aprobación del nuevo Plan Hidrológico de cuenca (Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Occidental 2022-2027), donde se prioriza la ejecución de ciertas actuaciones en materia de saneamiento y abastecimiento en Cantabria, como alcanzar el buen estado de las masas de agua y lograr una adecuada garantía de suministro. Algunas de estas actuaciones no se encuentran identificadas en ninguno de los Programas del PGAS. Otras sí lo están, pero cuentan con un orden de prioridad que no se corresponde con su relevancia actual.
Al efecto, con independencia de que actualmente se esté procediendo
Orden TED/1416/2023, de 26 de diciembre, por la que se aprueba la propuesta para la inclusión de seis espacios marinos protegidos en la lista de lugares de importancia comunitaria de la Red Natura 2000 y se declaran dos zonas de especial protección para las aves en aguas marinas españolas
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE n. 313, de 30 de diciembre de 2023
Palabras clave: Biodiversidad. Red Natura 2000. Medio marino. Zonas de especial conservación. Zonas de especial protección para las aves.
Resumen:
La Red Natura 2000 constituye un instrumento fundamental de la política europea de conservación de la biodiversidad. La Red Natura 2000 marina competencia de la Administración General del Estado cubre, aproximadamente, un 8 % de la superficie marina bajo jurisdicción española. Sin embargo, aun habiendo realizado en los últimos años importantes esfuerzos para avanzar en la protección del medio marino, es necesario impulsar aún más el desarrollo de esta Red con el fin de corregir las insuficiencias detectadas por la Comisión Europea. España aún debe llevar a cabo un proceso de identificación y declaración de espacios marinos que
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