Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 28 de febrero de 2022 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 1ª. Ponente: Constantino Merino González)
Autora: Jennifer Sánchez González. Profesora de Derecho Administrativo. Universidad de A Coruña
Fuente: Roj: STSJ CLM 647/2022 – ECLI: ES: TSJCLM:2022:647
Palabras clave: Red Natura 2000. Espacio aéreo. Competencias estatales.
Resumen:
La sentencia resuelve un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración General del Estado frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se impugnan nueve Órdenes, del año 2019, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por las que se aprueban diferentes Planes de Gestión.
En dichos Planes de Gestión, se recogen actividades no compatibles para la Zona determinada como de Uso Especial, por considerar que pueden tener efectos potenciales sobre los recursos naturales incluidos en el espacio Natura 2000, perjudicando su conservación. Es por ello que se prohíbe, con carácter general: la acampada libre, la escalada, la realización de deportes aéreos y el empleo de quads.
La parte actora considera que, las restricciones de uso de espacio aéreo contravienen la normativa estatal en la materia y vulnera el orden de distribución de competencias, invadiendo las exclusivas
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 24 de febrero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: María Soledad Gamo Serrano)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ M 1933/2022 – ECLI:ES:TSJM:2022:1933
Palabras clave: Procedimiento sancionador. Arbolado urbano. Tala. Encinas. Pinos. Licencia de obras. Autorización administrativa. Culpabilidad.
Resumen:
Es objeto del presente recurso de apelación la Sentencia dictada el 9 de diciembre de 2020 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Madrid en los autos de procedimiento ordinario 2/2020, en los que se venía a impugnar el acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas de fecha 28 de noviembre de 2019, por el que se impone a un particular la sanción de 250.000 euros, como autor responsable de una infracción muy grave tipificada en el artículo 11.2.1.a) de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de Madrid, por reputar acreditado en el expediente que el recurrente había llevado a cabo una tala no autorizada de sesenta y siete encinas de diversos tamaños de entre 10 y 30 cm de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 31 de enero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Clara Penin Alegre)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CANT 134/2022- ECLI:ES:TSJCANT:2022:134
Palabras clave: Acceso a la justicia. Caza. Información ambiental. Instrumentos de planificación. Lugares de importancia comunitaria (LIC). Parques Nacionales. Participación. Ordenación de los recursos naturales. Zona de especial protección para las aves (ZEPA).
Resumen:
El supuesto de autos versa sobre la impugnación del Plan Anual de Caza de la Reserva Regional de Caza Saja para la temporada 2019/2020 aprobado por Orden MED/7/2019, de 2 de abril (BOC 5 de abril de 2019), por parte de una asociación ecologista.
La recurrente considera que se ha omitido el trámite de participación e información pública, y considera insuficientes la motivación técnica, la evaluación de las consecuencias, la memoria de temporada, los informes o estudios técnicos, máxime cuando se trata de un plan que afecta a una reserva.
En relación a la aprobación del plan controvertido, se citan los artículos 14 y 45 de la Ley de Cantabria 12/2006, de
Decreto-ley 1/2022, de 12 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes económicas y fiscales, como consecuencia de la guerra en Ucrania
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Boletín Oficial de la Región de Murcia número 86, de fecha 13 de abril de 2022
Palabras clave: Reforma fiscal. Tasa. Agricultura. Ganadería. Tributos. Pesca. Impuestos.
Resumen:
La justificación dada para este Decreto es la situación de crisis económica, agudizada con la climática, la pandémica y en estos momentos, por la guerra de Ucrania.
En este escenario, el presente Decreto-Ley pretende dar respuesta a las necesidades generadas por un conflicto que amenaza con interrumpir el camino hacia la recuperación económica.
Esta norma se estructura en dos Títulos, cuatro artículos y una disposición final. Entre las cuestiones relativas de manera directa o indirecta al sector ambiental, destacamos lo siguiente.
El Título I se refiere a medidas en el ámbito agrícola, ganadero y pesquero. Se trata de beneficios fiscales en el ámbito de tasas que afectan a estas actividades y que suponen una reducción de la carga fiscal soportada por este colectivo. Más en detalle, el
Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE n. 78, de 1 de abril
Palabras Clave: Residuos. Garantías financieras. Gestión de residuos. Responsabilidades. Instrumentos financieros. Paneles fotovoltaicos.
Resumen:
La disposición final tercera de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados -derogada por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular (BOE núm. 85, de 9 de abril)- contenía la habilitación de desarrollo a favor del Gobierno, al que se le facultaba para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo relativo a las garantías financieras que les son exigidas a productores, gestores, transportistas, instalaciones, sistemas de responsabilidad ampliada de los productores, y a otros sujetos que intervienen en algunas de las actividades de la gestión de residuos.
Si bien las garantías financieras destinadas a cubrir los daños medioambientales a través de la consiguiente restauración ambiental, se ajustaban a las previsiones de la Ley 26/2007, de 23 de
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