Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de noviembre de 2024: Reglamento (UE) n.º 995/2010, Artículo 2, letras a) a c), obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera; delimitación de los conceptos “agente”, “comercialización” y “madera y productos de la madera”
Autora: Mª del Carmen de Guerrero Manso, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Zaragoza. Grupo de investigación ADESTER (S22_23R)
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, asunto C‑370/23, ECLI:EU:C:2024:972
Palabras clave: Agente. Comercialización. Madera y productos de madera. Venta de madera aprovechada, en bruto o leña. Derechos de aprovechamiento de madera en pie. Diligencia debida.
Resumen:
La Inspección Eslovaca de Bosques y de la Industria Forestal impuso al municipio de Rimavská Sobota una multa de 2 000 euros, confirmada por resolución del Ministerio de Agricultura eslovaco. El municipio recurrió la resolución del Ministerio ante el Tribunal Regional de Banská Bystrica y, tras la desestimación de dicho recurso, recurrió en casación ante el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de la República Eslovaca.
En esencia, el litigio radica en si el municipio ha llevado a cabo una “comercialización” de madera, en el sentido del artículo 2, letra b),
Declaración de rectificación n.º 7/2025, de 24 de enero, que corrige el «Decreto-Lei» n.º 122/2024, de 31 de diciembre, por el que se crea la Agencia para el Clima, I. P.
Autoras: Paula de Castro Silveira y Amparo Sereno. Profesoras en el “Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa” (ISCAL) e investigadoras del Polo del ISCAL en el IJP
Fuente: “Diario de la República” (DR) 1.ª serie, Nº 17, de 24 de enero de 2025
Palabras clave: Cambio climático. Descarbonización. Rectificación legislativa. Financiación sostenible. Transición energética. Agencia para el Clima.
Resumen:
La Declaración de rectificación n.º 7/2025 introduce alteraciones de carácter técnico al «Decreto-Lei» n.º 122/2024, que instituyó la Agencia para el Clima, I. P. (ApC). Este organismo público es responsable de coordinar y ejecutar políticas climáticas en Portugal, incluyendo la gestión de los principales fondos ambientales y climáticos. La rectificación introduce detalles técnicos y normativos para garantizar la coherencia y precisión del texto legal.
El «Decreto-lei» 122/2024 creó la Agencia para el Clima, I. P., con el objetivo de fortalecer las políticas climáticas nacionales, coordinando estrategias de mitigación, adaptación y financiación sostenible. Entre sus atribuciones principales se incluyen: gestión de fondos climáticos (específicamente la supervisión del Fondo Ambiental
Declaración de rectificación n.º 6/2025, de 24 de enero, que corrige el «Decreto-Lei» n.º 99/2024, de 3 de diciembre, sobre el marco regulatorio de las energías renovables
Autoras: Paula de Castro Silveira y Amparo Sereno. Profesoras en el “Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa” (ISCAL) e investigadoras del Polo del ISCAL en el IJP.
Fuente: “Diario de la República” (DR) 1.ª serie, Nº 17, de 24 de enero de 2025
Palabras clave: Energías renovables. Marco regulatorio. Reequipamiento. Evaluación de impacto ambiental. Sostenibilidad energética.
Resumen:
La Declaración de rectificación n.º 6/2025 introduce correcciones al «Decreto-Lei» n.º 99/2024, de 3 de diciembre, que modifica el marco regulatorio aplicable a las energías renovables en Portugal. En concreto, esta rectificación altera el texto del artículo 62.º para garantizar claridad y precisión en las normas relativas al reequipamiento de centros de producción de energía solar y eólica.
El decreto original tiene como finalidad actualizar el marco regulatorio de las energías renovables en Portugal, fomentando la transición energética y la adopción de tecnologías más eficientes en la producción de energía solar y eólica. Entre sus objetivos destacan: simplificación Administrativa (reducción de trámites para proyectos en energías renovables); fomento de la Innovación (incentivos para la
Primer Congreso Nacional sobre Montes Públicos, Red Estatal de Montes Públicos, Soria, 25- 27 de febrero de 2025
Palabras clave: Formación. Montes. Propiedad pública. Cambio climático.
Resumen:
La Red Estatal de Montes Públicos (REMP) organiza este Primer Congreso Nacional sobre Montes Públicos que se celebrará los días 25, 26 y 27 de febrero en la ciudad de Soria. Este Congreso está dirigido a personal gestor de Montes Públicos y personas propietarias de Montes Públicos. Su objetivo es crear un espacio de encuentro y cooperación, en el que se puedan compartir experiencias y Buenas Prácticas relacionadas con las diversas actuaciones en este ámbito. Además, se abordarán las problemáticas comunes fomentando así el intercambio de soluciones y enfoques, brindando la oportunidad de establecer vínculos entre quienes comparten el compromiso con la gestión del Patrimonio Natural.
La REMP es un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad, cuya entidad beneficiaria es la Fundación CESEFOR y cuya entidad socia es el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT).
Nuestra estimada compañera Eva Blasco Hedo, Responsable del CIEDA y Directora de Actualidad Jurídica Ambiental (AJA), participa en las mesas de debate.
Programa: Primer Congreso Nacional sobre Montes Públicos, Soria, 25- 27 de febrero de 2025
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 29 de octubre de 2024 (Sala de lo Contencioso, Sección 3ª. Ponente: José Manuel Izquierdo Salvatierra)
Autora: María Pascual Núñez, Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ AND 16165/2024 – ECLI:ES:TSJAND:2024:16165
Palabras clave: Gestión de residuos. Autorización Ambiental Integrada (AAI). Principio de tipicidad. Procedimiento sancionador. Inspecciones ambientales.
Resumen:
La sentencia que analizamos resuelve el recurso contencioso administrativo interpuesto por una mercantil contra la Resolución de 28 de noviembre de 2021 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Esta resolución estimó parcialmente un recurso de alzada contra una resolución de 7 de septiembre de 2020, que impuso una multa de 6000 euros a la mercantil por infracción grave del artículo 132.1.a) la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
La actora alega vulneración del principio de tipicidad, argumentando que la Administración le atribuyó diversos incumplimientos relacionados con la Autorización Ambiental Integrada (AAI), entre otros: falta de comunicación de modificaciones en las instalaciones, gestión inadecuada de residuos, y deficiencias en el sistema de quema de biogás. Lo anterior se deduce
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