En particular, seg\u00fan alegan, al prever un nivel de responsabilidad que corresponde a una negligencia grave, esos art\u00edculos establecen un r\u00e9gimen de responsabilidad en el caso de las descargas accidentales m\u00e1s riguroso que el previsto en el art\u00edculo 4 del Convenio Marpol 73\/78.<\/p>\r\n
El TJCE afirma que es cierto que todos los Estados miembros de la Comunidad son partes contratantes en el Convenio Marpol 73\/78.<\/strong> No obstante, a falta de una transferencia plena de las competencias anteriormente ejercidas por los Estados miembros a la Comunidad, \u00e9sta no puede<\/strong>, por el \u00fanico motivo de que todos esos Estados sean partes contratantes del Convenio Marpol 73\/78, estar vinculada<\/strong> por la reglas de ese Convenio, que la Comunidad misma no ha aprobado (FJ. 49).<\/p>\r\n
Dado que la Comunidad \u2013sigue diciendo el Tribunal- no est\u00e1 vinculada por el Convenio Marpol 73\/78, la mera circunstancia de que la Directiva 2005\/35 tenga por objeto incorporar al Derecho comunitario algunas<\/strong> reglas del citado Convenio no basta tampoco, por s\u00ed misma, para que corresponda al Tribunal de Justicia controlar la validez de esa Directiva en relaci\u00f3n con el citado Convenio (FJ 50). Adem\u00e1s, a juicio del Tribunal, no se pone de manifiesto que las reglas 9 y 11, letra b), del anexo I del Convenio Marpol 73\/78, ni las reglas 5 y 6, letra b), del anexo II del mismo Convenio, constituyan la expresi\u00f3n de reglas consuetudinarias<\/strong> reconocidas por el Derecho internacional general (FJ 51). Por todo ello, el TJCE considera que la validez de la Directiva 2005\/35 no puede apreciarse en relaci\u00f3n con el Convenio Marpol 73\/78 aun cuando todos los Estados miembros est\u00e9n vinculados a \u00e9ste. No obstante, ello no es \u00f3bice para que la Directiva deba interpretarse a la luz de dicho convenio, de acuerdo con principio consietudinario de buena fe y el art\u00edculo 10 TCE (FJ. 52).<\/p>\r\n
La Convenci\u00f3n de Montego Bay fue firmada por la Comunidad y aprobada por la Decisi\u00f3n 98\/392, lo que genera la consecuencia de vincular a la Comunidad, puesto que las disposiciones de dicha Convenci\u00f3n forman parte desde ese momento del ordenamiento jur\u00eddico comunitario (FJ. 53). El Tribunal se\u00f1ala que los particulares no disponen en principio de derechos y de libertades aut\u00f3nomos en virtud de la Convenci\u00f3n de Montego Bay. En particular, s\u00f3lo pueden disfrutar de la libertad de navegaci\u00f3n si acreditan una relaci\u00f3n estrecha entre su buque y un Estado que le conceda su nacionalidad y sea as\u00ed el Estado de su pabell\u00f3n. Esa relaci\u00f3n debe constituirse en virtud del Derecho interno del Estado del que se trate (FJ. 59). La Convenci\u00f3n de Montego Bay obliga al Estado del pabell\u00f3n a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el mar y por tanto para proteger los intereses de los dem\u00e1s Estados. Ese Estado puede as\u00ed pues ser considerado frente a los dem\u00e1s Estados responsable de los da\u00f1os causados a los espacios marinos que est\u00e9n bajo la soberan\u00eda de estos \u00faltimos por un buque que enarbole el pabell\u00f3n de aquel Estado, si dichos da\u00f1os resultan de un incumplimiento de sus obligaciones por el Estado del pabell\u00f3n (FJ. 62).<\/p>\r\n
En tales circunstancias, hay que estimar que la Convenci\u00f3n de Montego Bay no establece reglas destinadas a aplicarse directa e inmediatamente a los particulares ni a conferir a \u00e9stos derechos o libertades que puedan ser invocados frente a los Estados<\/strong>, con independencia de la conducta del Estado del pabell\u00f3n del buque (FJ. 64). De ello resulta que la naturaleza y el sistema de la Convenci\u00f3n de Montego Bay se oponen a que el Tribunal de Justicia pueda apreciar la validez de un acto comunitario en relaci\u00f3n con dicha Convenci\u00f3n (FJ. 65).<\/p>\r\n
El TJCE concluye que la validez de la Directiva 2005\/35\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminaci\u00f3n procedente de buques y la introducci\u00f3n de sanciones para las infracciones, no puede apreciarse: ni en relaci\u00f3n con el Convenio MARPOL; ni en relaci\u00f3n con la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982..<\/p>\r\n
Otra de las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal es, en esencia, si el art\u00edculo 4 de la Directiva 2005\/35 es inv\u00e1lido porque, al utilizar la expresi\u00f3n \u00abnegligencia grave\u00bb<\/span><\/strong>, vulnera el principio general de seguridad jur\u00eddica<\/strong>. El art\u00edculo 4 citado obliga a los Estados miembros a sancionar las descargas de sustancias contaminantes efectuadas por los buques si se han cometido \u00abde forma intencional, con imprudencia temeraria o negligencia grave\u00bb, sin definir no obstante tales conceptos.<\/p>\r\n
Tras realizar un repaso exhaustivo de su doctrina sobre la significaci\u00f3n e implicaciones del principio de seguridad jur\u00eddica (FJ. 69 A 71), el TJCE afirma que conceptos como el de \u00abnegligencia grave\u00bb, corresponden a criterios de nacimiento de la responsabilidad destinados a aplicarse a un n\u00famero indefinido de situaciones que es imposible tipificar por anticipado, y no a conductas concretas que puedan detallarse en un acto normativo, sea de Derecho comunitario o de Derecho nacional (FJ. 73). Esos conceptos adem\u00e1s est\u00e1n plenamente integrados y se utilizan en los ordenamientos jur\u00eddicos respectivos de los Estados miembros (FJ. 74). Todos esos sistemas hacen uso del concepto de negligencia, que designa una acci\u00f3n u omisi\u00f3n involuntaria mediante la que la persona responsable infringe su obligaci\u00f3n de diligencia (FJ. 75). Como prev\u00e9n numerosos sistemas jur\u00eddicos nacionales, el concepto de negligencia \u00abgrave\u00bb designa necesariamente una infracci\u00f3n patente de una obligaci\u00f3n de diligencia (FJ. 76).<\/p>\r\n
El concepto de \u00abnegligencia grave\u00bb, previsto en el art\u00edculo 4 de la Directiva 2005\/35, debe interpretarse en el sentido de que requiere una acci\u00f3n u omisi\u00f3n involuntaria mediante la cual la persona responsable infringe, de manera patente, la obligaci\u00f3n de diligencia que habr\u00eda debido y podido cumplir teniendo en cuenta sus cualidades, sus conocimientos, sus aptitudes y su situaci\u00f3n individual<\/em> (FJ. 77).<\/p>\r\n
La definici\u00f3n misma de las infracciones previstas en el art\u00edculo 4 de esta Directiva y las sanciones aplicables ser\u00e1n las que resulten de las reglas adoptadas por los Estados miembros (FJ. 78).<\/p>\r\n
El TJCE concluye afirmando que el art\u00edculo 4 de la Directiva 2005\/35, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 8, de la misma Directiva, no vulnera el principio general de seguridad jur\u00eddica al obligar a los Estados miembros a sancionar las descargas de sustancias contaminantes efectuadas por los buques con \u00abnegligencia grave\u00bb, sin definir ese concepto (FJ. 79).<\/p>","post_title":"Jurisprudencia al d\u00eda. Vertidos de buques y derecho sancionador","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"closed","post_password":"","post_name":"jurisprudencia-al-dia-vertidos-de-buques-y-derecho-sancionador","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2012-02-11 01:43:02","post_modified_gmt":"2012-02-10 23:43:02","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"http:\/\/actualidadjuridicaambiental.wordpress.com\/?p=111","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"};-->
Sentencia del TJCE de 3 de junio de 2008, Intertanko, asunto C-308/06
Palabras clave: Directiva 2005/35; contaminación de buques; sanciones; Convenio Marpol 73/78; Convención de Montego Bay; vinculación de la UE a las reglas de Derecho internacional; negligencia grave; principio de seguridad jurídica.
Resumen: En este asunto se plantean al TJCE una serie de cuestiones prejudiciales en el marco de un litigio principal entre internacional Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), Intercargo, Greek Shipping Cooperation Comité, Lloyd’s Register e Internationl Salvage Union, y la Secretary of State for Transport (Reino Unido).
Las demandantes en el litigio principal sostienen que los artículos 4 y 5 de la Directiva 2005/35, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones, no respetan en varios aspectos el Convenio Marpol 73/78 ni la Convención de Montego Bay.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de de 3 de abril de 2008, Comisión de las Comunidades Europeas / Reino de Bélgica, asunto C-522/06
Palabras clave: Incumplimiento de Estado; Reglamento (CE) nº 2037/2000; Sustancias que agotan la capa de ozono; Recuperación, reciclado, regeneración y destrucción de tales sustancias; requisitos mínimos de cualificación del personal para estas funciones; medidas de prevención factibles para prevenir y reducir al mínimo los escapes de sustancias reguladas; inexistencia de controles relativos a la posible existencia de escapes.
Resumen: El TJCE declara que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las siguientes disposiciones del Reglamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 10 de abril de 2008, Comisión de las Comunidades Europeas / República Italiana, asunto C-442/06
Palabras clave: Directiva 1999/31; vertido de residuos; incumplimiento del Estado; plazo de transposición.
Resumen: El TJCE declara que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al adoptar y
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 8 de mayo de 2008, Comisión de las Comunidades Europeas / República Portuguesa, Asunto C-233/07 Palabras clave: Incumplimiento de Estado; Directiva 91/271/CEE; Tratamiento de las aguas residuales urbanas; Decisión 2001/720/CE; Exención relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas para la aglomeración de la Costa de Estéril.
Resumen: El TJCE declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los
Resolución de 23 de Mayo de 2008, de la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, por la que se regula el procedimiento de presentación telemática de la documentación que controla el traslado de residuos peligrosos dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia y el mantenimiento del libro de registro en formato electrónico (DOGA nº 112, de 11 de Junio de 2008)
Esta resolución tiene por objeto establecer el procedimiento de presentación electrónica y telemática de las notificaciones previas al traslado de residuos peligrosos (NPT), y los documentos para su control y seguimiento (DCS), que se realicen dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como el mantenimiento del libro de registro.
Asimismo se aprueba la aplicación informática elaborada por la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible y disponible en la página web del Sistema de Información de Residuos de Galicia (Sirga) para la gestión de los trámites previstos en esta resolución.
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