Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos (BOE nº188, de 5 de Agosto de 2008)
Objeto.
Esta Ley 8/2008, tiene por objeto regular, en la Comunidad Autónoma de Cataluña:
– La financiación de las infraestructuras de gestión de residuos municipales
– Establecer el régimen jurídico del fondo de gestión de residuos creado por la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos, y
– Regular los cánones que graban la disposición del desperdicio de los residuos municipales y la deposición de los residuos de la construcción.
Decreto 158/2008, de 10 de julio, sobre asunción de la ampliación de las funciones y servicios en materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia), traspasados a la Comunidad Autónoma de Galicia mediante el Real decreto 1082/2008, de 30 de Junio, y su asignación a la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (DOGA nº 148, de 1 de Agosto de 2008)
Por medio del Real decreto 1082/2008, de 30 de Junio, se ampliaban las funciones y servicios en materia de conservación de la naturaleza (Parque Nacional Marítimo- Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia), traspasados por parte de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia.
A través de este Decreto 158/2008, se asumen por la Comunidad Autónoma de Galicia, las funciones y servicios traspasados por la Administración General del Estado en virtud del Real decreto 1082/2008, de 30 de Junio, en materia de conservación de la naturaleza.
Reglamento 689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos (DOUE L 204, de 31de Julio de 2008)
Objetivos
Los objetivos del presente Reglamento son los siguientes:
a) aplicar el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo, aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.
b) promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos en el movimiento internacional de productos químicos peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños.
c) contribuir a la utilización racional desde el punto de vista medioambiental de los productos químicos peligrosos.
Estos objetivos deberán alcanzarse facilitando el intercambio de información acerca de las características de tales productos, estableciendo un proceso comunitario de toma de decisiones sobre su importación y exportación y comunicando esas decisiones a las Partes y otros países, según convenga.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de 3 de julio de 2008, asunto C-215/06, Comisión de las Comunidades Europeas/Irlanda
Palabras claves: evaluación de impacto ambiental; carácter previo a la concesión de la autorización del proyecto; posibilidad de regularización a posteriori de un proyecto autorizado no sometdo a evaluación de impacto ambiental.
Resumen:
La Comisión planteó en este asunto un recurso por incumplimiento contra Irlanda con relación a las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 4 y 5 a 10 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. La normativa irlandesa permite excepcionalmente la regularización a posteriori de un proyecto autorizado, ya desarrollado, con relación al cual no se haya realizado la correspondiente evaluación de impacto ambiental antes de la concesión del correspondiente permiso.
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso Administrativo) de 22 de enero de 2008
Palabras claves: RAMINP; concepto ámplio de instalación fabril; distancia mínima de 2.000 metros; concepto de industria familiar.
Resumen:
El TS supremo resuelve un recurso de casación en interés de ley interpuesto por la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (Valladolid) en fecha 14 de Febrero de 2005, que anuló una licencia municipal para la instalación de una actividad ganadera, al ubicarse a una distancia inferior a los 2000 metros, con relación al núcleo poblacional más próximo, establecidos por el artículo 4 del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (RAMINP).
Destacamos los siguientes extractos de la sentencia:
“Es cierto que el concepto de “industria fabril” que utiliza aquél precepto reglamentario ha tenido diversas interpretaciones en nuestra jurisprudencia, pues existen sentencias que consideran no aplicable la distancia
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