Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León. (BOCyL núm. 181, de 19 de septiembre de 2014)
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Temas Clave: Actividad industrial; Libertad de empresa; Competencia; Seguridad industrial; Autorización, declaración responsable y comunicación; Responsabilidad social empresarial
Resumen:
Esta norma consta de cincuenta artículos, cuatro disposiciones finales y una derogatoria. Trata de conjugar la debida atención de los intereses generales implicados en la actividad industrial, con el máximo respeto a la libertad de empresa y a las reglas de la competencia; por lo que se parte del convencimiento de que la intervención pública en la actividad económica no debe entorpecer la competencia. En esta línea, se continúa y profundiza en un proceso de liberalización de la actividad industrial, de eliminación o minimización de barreras regulatorias.
En el Título I se establecen las disposiciones generales relativas a su objeto, ámbito de aplicación, principios y fines. Destacamos que la norma tiene por objeto establecer el marco normativo regulador del ejercicio de la actividad industrial en Castilla y León y el fomento de la misma. A los efectos de la
Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo (DOUE L257/135, de 28 de agosto de 2014)
Autora: Doctora Ana María Barrena Medina, miembro del Consejo de Redacción de Actualidad Jurídica Ambiental
Temas Clave: Espacio marítimo; Desarrollo sostenible; Aprovechamientos marinos; Recursos marinos
Resumen:
Con esta Directiva se fija el marco para la ordenación del espacio marítimo, con vistas a fomentar el crecimiento sostenible de las economías marítimas, el desarrollo sostenible de los espacios marinos y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. Dicho marco dispone que los Estados miembros determinen y apliquen una ordenación del espacio marítimo con el objeto de contribuir a los objetivos de la ordenación del espacio marítimo fijados en el artículo 5 de la Directiva, teniendo en cuenta las interacciones entre tierra y mar y la mejora de la cooperación transfronteriza, conforme a las disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.
Así, para que puedan lograrse los objetivos marcados en el artículo 5 de la directiva, en la misma se establecen obligaciones respecto al establecimiento de un proceso de ordenación marítima que
Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL núm. 181, de 19 de septiembre de 2014)
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Temas Clave: Administración autonómica; Simplificación procedimental; Caza; Espacios naturales protegidos; Montes; Pesca
Resumen:
Esta ley tiene por objeto adoptar medidas de simplificación de carácter organizativo y procedimental de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, modificando las normas de rango legal precisas para ello con el fin de atemperarse a los principios de eficacia, eficiencia, simplificación y optimización de los recursos disponibles.
En lo tocante al derecho ambiental, afecta a las competencias relativas a caza y pesca, agricultura y ganadería, montes y espacios naturales protegidos. En tal sentido, se trata de modificaciones puntuales, que relacionamos a continuación:
Modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León: Se modifica el artículo 28.7 relativo al deber de comunicación o solicitud de autorización por parte de los titulares cinegéticos que pretendan realizar el ejercicio de la caza en las vías y caminos de
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 888/2014 de la Comisión de 14 de agosto de 2014 por el que se prohíbe la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres (DOUE L243/21, de 15 de agosto de 2014)
Autora: Doctora Ana María Barrena Medina, miembro del Consejo de Redacción de Actualidad Jurídica Ambiental
Temas Clave: Especies exóticas; fauna y flora silvestres
Resumen:
Mediante esta disposición y de conformidad al artículo 4.6 del Reglamento (CE) núm. 338/97, de la Comisión, se aprueba la prohibición de la introducción en la Unión de las especies de fauna y flora silvestres enumeradas en el anexo de la misma, dese los países de origen allí indicados. Nuevo anexo aprobado con base en la información reciente. Tal es el caso de los especímenes de la especie canis lupus, especímenes trofeos de caza, procedentes de Bielorrusia, Mongolia, Tayiskistán y Turquía.
Normas Afectadas: se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 578/2013 de la Comisión, que estableció por última vez en junio de 2013 la lista de especies cuya introducción en la Unión queda prohibida
Entrada en Vigor: el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
Documento adjunto:
Decreto 48/2014, de 4 de septiembre por el que se determina el órgano competente y se establece el procedimiento para la aplicación del sistema comunitario revisado de etiqueta ecológica en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC núm. 180, de 19 de septiembre de 2014)
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Temas Clave: Etiqueta ecológica; Órgano competente; Procedimiento administrativo
Resumen:
A través de los 17 artículos que componen esta norma se regula básicamente el órgano competente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria para conceder la etiqueta ecológica comunitaria y efectuar las demás funciones establecidas en el Reglamento (CE) número 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE, así como el procedimiento al que habrá de ajustarse la tramitación de las solicitudes para su concesión. Este órgano es la Dirección General competente en materia de medio ambiente.
El presente Decreto se aplicará a aquellos bienes o servicios procedentes de la Comunidad Autónoma para su distribución, consumo o utilización en el mercado comunitario, así como aquellos productos que procedan de fuera
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