facilitaran su caza y el control de su poblaci\u00f3n.<\/p>\r\n
La pieza angular para la resoluci\u00f3n de este asunto es que la Administraci\u00f3n hab\u00eda autorizado aguardos y esperas con el empleo de luz artificial por \u201cda\u00f1os\u201d y \u201cpara el control del jabal\u00ed\u201d desde el a\u00f1o 2003 hasta el 2007 y, es a partir de 2008, cuando a la disminuci\u00f3n de las autorizaciones, se le suma el hecho de que las que se conceden son tard\u00edas y sin autorizaci\u00f3n del uso de luz artificial, lo que repercute a la baja en el n\u00famero de animales abatidos y, por ende, conlleva el incumplimiento del control de la poblaci\u00f3n de jabal\u00edes por parte de la Administraci\u00f3n, al no adoptar durante este periodo de tiempo las medidas oportunas.<\/p>\r\n
A juicio de la Sala, tampoco cabe que la Administraci\u00f3n se escude en el incumplimiento del art\u00edculo 62.3.a) de la Ley 42\/2007 de 13 de Patrimonio Natural y Biodiversidad porque no estamos ante un caso de desarrollo de actividad cineg\u00e9tica sino ante la necesidad de controlar las especies en un terreno no cineg\u00e9tico.\u00a0<\/p>\r\n
El primer dato objetivo del que se parte es el importante n\u00famero de ejemplares existentes en el refugio y el hecho de que los jabal\u00edes proceden de \u00e9ste y no de los cotos de caza colindantes. A ello se suma el hecho de que los terrenos del actor tienen la calificaci\u00f3n de vedados y la Junta es la que debe asumir las competencias para efectuar\u00a0 los controles de especies cineg\u00e9ticas en ellos, lo que no ha efectuado en la pr\u00e1ctica al no haber concedido todas las autorizaciones necesarias para proceder a su captura.<\/p>\r\n
La Sala, a trav\u00e9s de las pruebas periciales practicadas, entiende acreditada la concurrencia de los da\u00f1os alegados por el actor que se corresponden con los acaecidos en las praderas de su explotaci\u00f3n y con el consumo de pienso dispuesto para alimentar al ganado de su explotaci\u00f3n ganadera. A diferencia de lo alegado por la Administraci\u00f3n, considera que el cerramiento de las fincas de la parte actora no es defectuoso y que tampoco existe posibilidad de constituir un coto por la extensi\u00f3n del terreno. La Sala determina la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os ateni\u00e9ndose al porcentaje de superficie de las fincas afectadas, tanto praderas como prados de siega y a la cantidad de pienso consumida por los jabal\u00edes, en funci\u00f3n del peso del animal y del precio de mercado del pienso; si bien su c\u00e1lculo lo difiere para el tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n de sentencia.<\/p>\r\n
Destacamos los siguientes extractos:<\/strong><\/p>\r\n
\u201c(\u2026) Lo que para nosotros es m\u00e1s definitivo, es que ha sido la propia Administraci\u00f3n quien desde el a\u00f1o 2003 y hasta el a\u00f1o 2007 ha venido concediendo a la actora de manera sistem\u00e1tica autorizaciones de espera y aguardo en las fincas de su propiedad para proceder a la captura de jabal\u00edes y ello atendiendo a la solicitud presentada donde se daba cuenta de los da\u00f1os causados por tales animales en su explotaci\u00f3n y de la necesidad de esas autorizaciones, como hemos destacado en el Fundamento de Derecho Tercero dedicado a los antecedentes que resultaban el expediente.<\/p>\r\n
M\u00e1s aun esas autorizaciones se han seguido concediendo en a\u00f1os posteriores, si bien bajo otras condiciones y con otra cadencia, sin que la Administraci\u00f3n en ning\u00fan momento haya reparado en que los da\u00f1os causados por los jabal\u00edes eran imputables a los cotos de caza colindantes y, por lo tanto, que a ella no le correspond\u00eda el control de tales animales.<\/p>\r\n
De hecho, la presente controversia no viene motivada por el hecho de que la Administraci\u00f3n haya considerado que a ella no le corresponde el control de los jabal\u00edes que causan el da\u00f1o, sino por las condiciones que impone la Administraci\u00f3n para la realizaci\u00f3n de esperas y aguardos y en la forma en que las mismas se tramitan (\u2026)\u201d<\/p>\r\n
\u201c(\u2026) La justificaci\u00f3n dada por la Administraci\u00f3n a esta limitaci\u00f3n, bas\u00e1ndose en la Ley 42\/2007 de 13 de Patrimonio Natural y Biodiversidad no es correcta por las razones que a continuaci\u00f3n se van a exponer.<\/p>\r\n
As\u00ed, es verdad que el art\u00edculo 62.3.a) de la citada Ley proh\u00edbe el empleo de procedimientos no selectivos o masivos de caza y en particular los enumerados en el Anexo VII, entre los que se encuentra el uso de luz artificial.<\/p>\r\n
Ahora bien, en este caso no nos encontramos ante el desarrollo de una actividad cineg\u00e9tica, que es a lo que se refiere el citado art\u00edculo, como se\u00f1ala el actor, sino ante la necesidad de controlar las especies en un terreno no cineg\u00e9tico y, en todo caso, el art\u00edculo 58 admite una serie de excepciones cuando se trata de evitar da\u00f1os en los cultivos, ganados, bosques, pesca y calidad de las aguas as\u00ed como para proteger la flora y la fauna silvestres y los habitats naturales.<\/p>\r\n
Lo que no es posible es que la aplicaci\u00f3n de la Ley 42\/2007 de 13 de Patrimonio Natural y Biodiversidad pueda suponer de hecho que no sea posible el control de los jabal\u00edes existentes en el refugio por la inicial interpretaci\u00f3n (luego abandonada) de que la misma impide el uso de luz artificial en el momento del disparo (\u2026)\u201d<\/p>\r\n
\u201c(\u2026) Se puede concluir que la Administraci\u00f3n no ha controlado los jabal\u00edes existentes en el refugio de fauna por cuanto no ha concedido todas las autorizaciones necesarias para proceder a la captura de los mismos y porque las concedidas han sido en t\u00e9rminos tales que no han sido efectivas al no permitir el empleo de luz artificial en el momento del disparo (\u2026)\u201d<\/p>\r\n
Comentario de la Autora:<\/strong><\/p>\r\n
En m\u00faltiples ocasiones, escuchamos protestas patrocinadas por parte del gremio de los ganaderos, debido a la frecuencia con la que padecen da\u00f1os en sus explotaciones ganaderas provenientes de especies salvajes, que pueden afectar a la p\u00e9rdida del ganado, en el caso de los ataques del lobo o, tal como sucede en este caso, da\u00f1os ocasionados en sus propias fincas y en la minoraci\u00f3n del pienso para el ganado con motivo de la irrupci\u00f3n de jabal\u00edes en su explotaci\u00f3n.<\/p>\r\n
No se trata de dilucidar si los da\u00f1os se ocasionan porque los jabal\u00edes acceden a la explotaci\u00f3n ganadera, que adem\u00e1s se trata de un vedado en el que no se permite cazar, sino que los mismos se producen porque hay un exceso de poblaci\u00f3n, que la Administraci\u00f3n Auton\u00f3mica no ha controlado a pesar de estar obligada a hacerlo, m\u00e1xime teniendo en cuenta que los animales proceden de un Refugio. El art\u00edculo 26 de la Ley 4\/1996 de 12 de julio, de Caza de Castilla y Le\u00f3n dice en sus apartados 1.a) y 2 que los refugios de caza son terrenos no cineg\u00e9ticos y que en ellos la caza est\u00e1 prohibida, al tiempo que admite, en su apartado 3, que se pueda hacer un control de los animales existentes en esos refugios para, entre otras finalidades, \"Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la caza y la pesca\" (apartado 3.c).<\/p>\r\n
La concurrencia del da\u00f1o efectivo ocasionado por los jabal\u00edes, la relaci\u00f3n de causalidad entre el da\u00f1o producido y la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n y la evaluaci\u00f3n econ\u00f3mica del da\u00f1o, determinan un claro supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n, que al no otorgar las autorizaciones pertinentes ha ocasionado un grave perjuicio al titular de la explotaci\u00f3n ganadera.<\/p>\r\n
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede de Burgos), de 28 de enero de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, Ponente: Luis Miguel Blanco Domínguez)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ CL 153/2013
Temas Clave: Responsabilidad patrimonial de la Administración; Daños; Jabalíes; Refugios y vedados; Permisos de aguardos y esperas; Junta de Castilla y León
Resumen:
En el supuesto que nos ocupa, se recurre la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el actor ante la Junta de Castilla y León el día 31 de marzo de 2010 por los daños sufridos en su explotación ganadera, como consecuencia del aumento de la población de jabalíes existente en el refugio del Fauno, de propiedad municipal. La mercantil actora imputa al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta no haber efectuado el control de estos animales salvajes para que su población no fuera excesiva, al no conceder permisos de aguardos y esperas con el empleo de luz artificial que
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede de Valladolid) de 5 de octubre de 2012. (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2, Ponente: Felipe Fresneda Plaza)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable de la Unidad de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: ROJ STSJ CL 4812/2012
Temas Clave: Residuos; Evaluación de Impacto ambiental; Proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad
Resumen:
El supuesto de enjuiciamiento trae causa del recurso interpuesto por “Ecologistas en Acción de Valladolid” frente a la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de 1 de agosto de 2008 por la que se concedió autorización ambiental a la mercantil CETRANSA para un Centro de Tratamiento e Instalación de Residuos Peligrosos en el término municipal de Santovenia de Pisuerga (Valladolid). En realidad, se trata de la adaptación de la instalación existente a lo establecido en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que en el ámbito normativo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León es
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede de Valladolid), de 29 de junio de 2012 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3, Ponente: Francisco Javier Pardo Muñoz)
Autora: Eva Blasco Hedo. Directora Académica de “Actualidad Jurídica Ambiental”
Fuente: ROJ STSJ CL 3690/2012
Temas Clave: Montes de utilidad pública; Ocupación temporal; Parque eólico; Consentimiento del titular del monte; Deslinde
Resumen:
El presente recurso trae causa de las Resoluciones de 11 de septiembre de 2008 de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, desestimatoria a su vez del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del Delegado Territorial de León de 8 de mayo de 2008 dictada en un expediente por el que se autorizaba la ocupación temporal por treinta años de 7,85 Has del Monte “Dehesa y Coso”, nº 40 del C.U.P. de León con la finalidad de instalar cinco aerogeneradores e instalaciones anejas del Parque Eólico “Lucillo”.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede de Burgos), de 11 de mayo de 2012 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1, Ponente: María Begoña González García)
Autora: Eva Blasco Hedo. Directora Académica de “Actualidad Jurídica Ambiental”
Fuente: ROJ TSJ CL 2627/2012
Temas Clave: Vertido; Purines; Autorización; Dominio público hidráulico; Infracción y Sanción
Resumen:
En esta resolución judicial se analiza la procedencia de una sanción impuesta al amparo del artículo 116.3 f) de la Ley de Aguas a una sociedad cooperativa, consistente en multa y requerimiento para cumplir el condicionado del código de buenas prácticas agrarias, aprobado por la Junta de Castilla y León según Decreto 40/2009, de 25 de junio; debido a un vertido no autorizado de dos cubas de 16.000 litros de purín cada una de ellas sobre fincas de labor, en un paraje del término municipal de Ausejo de la Sierra en Soria; produciendo su encharcamiento y la posibilidad de contaminar el dominio público hidráulico al tiempo de una posible degradación de la flora y fauna, salud pública y medio ambiente en general.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León Sede de Valladolid de 7 de mayo de 2012. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 2. Ponente Dña. Ana María Victoria Martínez Olalla.
Autora: Eva Blasco Hedo. Directora Académica de “Actualidad Jurídica Ambiental”
Fuente: ROJ STSJ CL 2783/2012
Temas Clave: Autorización ambiental; Residuos; Participación ciudadana; Trámites preceptivos; Deficiencias del Proyecto; Imposición de costas a la Administración por temeridad
Resumen:
En este supuesto concreto, la Sala examina el recurso que se plantea frente a la Orden de 13 de marzo de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por la que se concedió autorización ambiental a la mercantil Valorización de Residuos, S.A. para un proyecto de actividad industrial de tratamiento, reciclado y valorización de neumáticos y otros residuos de la industria del automóvil en el término municipal de Carrión de los Condes (Palencia).
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