<\/p>\r\n

El Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo pregunta si es conforme con la Directiva 2003\/35 la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 5, apartado 1, de la UmwRG, en la medida en que excluye la aplicaci\u00f3n de dicha Ley a los procedimientos administrativos incoados antes del 25 de junio de 2005, aunque las decisiones resultantes de tales procedimientos hayan sido adoptadas, como sucede en el procedimiento principal, despu\u00e9s de esta fecha, habida cuenta de que la Directiva 2003\/35 \u00fanicamente contempla la fecha del 25 de junio de 2005, seg\u00fan su art\u00edculo 6, como fecha de expiraci\u00f3n del plazo para su transposici\u00f3n.<\/p>\r\n

Igualmente, el tribunal remitente pregunta, si el art\u00edculo 4, apartado 3, de la UmwRG, que \u00fanicamente reconoce un derecho de recurso en el supuesto de omisi\u00f3n pura y simple de la evaluaci\u00f3n del impacto medioambiental, transpone correctamente el art\u00edculo 10 bis de la Directiva 85\/337, que exige un derecho de recurso que permita impugnar la legalidad de decisiones que adolezcan de vicios de procedimiento. Por \u00faltimo, pregunta si sigue siendo compatible con ese derecho la reiterada jurisprudencia nacional conforme a la cual \u00fanicamente cabe considerar que se han lesionado los derechos de una persona afectada por un proyecto sometido a una evaluaci\u00f3n del impacto medioambiental si el vicio de procedimiento presenta un nexo causal con el resultado final de la aprobaci\u00f3n del plan que le afecta negativamente.<\/p>\r\n

Destacamos los siguientes extractos:<\/strong><\/p>\r\n

22.\u00a0 Procede recordar que una norma jur\u00eddica nueva se aplica, en principio, a partir de la entrada en vigor del acto que la contiene. Si bien esta norma no se aplica a las situaciones jur\u00eddicas nacidas y definitivamente consolidadas bajo el imperio de la antigua norma, s\u00ed se aplica a los efectos futuros de tales situaciones, as\u00ed como a las situaciones jur\u00eddicas nuevas (v\u00e9ase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 2010, Monsanto Technology, C\u2011428\/08, Rec. p. I\u20116765, apartado 66). \u00danicamente deja de ser as\u00ed, sin perjuicio del principio de irretroactividad de los actos jur\u00eddicos, cuando la nueva norma va acompa\u00f1ada de disposiciones particulares que determinan espec\u00edficamente su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n temporal (sentencia de 16 de diciembre de 2010, Stichting Natuur en Milieu y otros, C\u2011266\/09, Rec. p. I\u201113119, apartado 32).<\/p>\r\n

24. Asimismo, procede recordar que, conforme al art\u00edculo 6 de la Directiva 2003\/35, los Estados miembros estaban obligados a poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva a m\u00e1s tardar el 25 de junio de 2005. Entre las medidas que deb\u00edan haberse transpuesto al Derecho interno en esa fecha figura el art\u00edculo 10 bis de la Directiva 85\/337, que ampli\u00f3 el derecho de recurso de los miembros del p\u00fablico interesado por las decisiones, acciones y omisiones contemplados en esa Directiva, relativa a la evaluaci\u00f3n del impacto de determinados proyectos p\u00fablicos y privados en el medio ambiente.<\/p>\r\n

27. No obstante, las nuevas exigencias que se desprenden del art\u00edculo 10 bis de esa misma Directiva no pueden considerarse exigencias que, en s\u00ed mismas, lastren y retrasen los procedimientos administrativos del mismo modo que la propia sujeci\u00f3n de los proyectos a una evaluaci\u00f3n del impacto medioambiental. En efecto, como ha se\u00f1alado el Abogado General en el punto 59 de sus conclusiones, la normativa controvertida en el procedimiento principal no impone exigencias de esa naturaleza, sino que tiene por objeto mejorar el acceso a una v\u00eda judicial. Adem\u00e1s, aunque la ampliaci\u00f3n del derecho de recurso contra las acciones u omisiones relacionadas con tales proyectos que se confiere al p\u00fablico interesado pueda aumentar el riesgo de que \u00e9stos sean objeto de procedimientos contenciosos, no cabe afirmar que tal aumento de un riesgo existente pueda perjudicar a una situaci\u00f3n ya formada.<\/p>\r\n

31. De las consideraciones precedentes se desprende que procede responder a la primera cuesti\u00f3n que, al disponer que su transposici\u00f3n al Derecho interno deb\u00eda haberse producido a m\u00e1s tardar el 25 de junio de 2005, la Directiva 2003\/35, que a\u00f1adi\u00f3 el art\u00edculo 10 bis a la Directiva 85\/337, debe ser interpretada en el sentido de que las disposiciones de Derecho interno adoptadas a efectos de transponer este art\u00edculo deber\u00edan aplicarse igualmente a los procedimientos administrativos de autorizaci\u00f3n iniciados antes del 25 de junio de 2005 que hayan desembocado en la expedici\u00f3n de una autorizaci\u00f3n posterior a esa fecha.<\/strong><\/p>\r\n

37. (\u2026.) las disposiciones nacionales de transposici\u00f3n de este art\u00edculo no pueden limitar su aplicaci\u00f3n a los supuestos en los que la impugnaci\u00f3n de la legalidad s\u00f3lo se basa en la omisi\u00f3n de la evaluaci\u00f3n del impacto medioambiental. Excluir esta aplicaci\u00f3n en el supuesto en que, habiendo sido realizada, la evaluaci\u00f3n del impacto medioambiental adolece de vicios, incluso graves, privar\u00eda a las disposiciones de la Directiva 85\/337 relativas a la participaci\u00f3n del p\u00fablico de lo esencial de su efecto \u00fatil. Por consiguiente, tal exclusi\u00f3n ser\u00eda contraria al objetivo de garantizar un amplio acceso a las instancias jurisdiccionales, como se contempla en el art\u00edculo 10 bis de dicha Directiva.<\/p>\r\n

38. En estas circunstancias, procede responder a la segunda cuesti\u00f3n que el art\u00edculo 10 bis de la Directiva 85\/337 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que los Estados miembros establezcan que las disposiciones de transposici\u00f3n al Derecho interno de este art\u00edculo \u00fanicamente ser\u00e1n aplicables en el supuesto de que se impugne la legalidad de una decisi\u00f3n por haberse omitido la evaluaci\u00f3n del impacto medioambiental, y no en el supuesto de que tal evaluaci\u00f3n se haya llevado a cabo pero sea irregular<\/strong>.<\/p>\r\n

46. (\u2026) si bien incumbe a los Estados miembros determinar, cuando tal sea su sistema jur\u00eddico \u2013como sucede en el presente asunto\u2013, cu\u00e1les son los derechos cuya vulneraci\u00f3n puede dar lugar a un recurso en materia de medio ambiente, dentro de los l\u00edmites establecidos por el art\u00edculo 10 bis de la Directiva 85\/337, los criterios que fijen a tal fin no pueden hacer imposible en la pr\u00e1ctica o excesivamente dif\u00edcil el ejercicio de los derechos conferidos por esta Directiva, destinados a proporcionar al p\u00fablico interesado un amplio acceso a la justicia, con el fin de contribuir a la preservaci\u00f3n, a la protecci\u00f3n y a la mejora de la calidad del medio ambiente y a la protecci\u00f3n de la salud humana.<\/p>\r\n

47. En el presente asunto, y por lo que se refiere, en primer lugar, al criterio relativo al nexo causal que debe existir entre el vicio procedimental invocado y el sentido de la decisi\u00f3n final impugnada (en lo sucesivo, \u00abcriterio de causalidad\u00bb), es preciso se\u00f1alar que, al exigir que los Estados miembros garanticen que los miembros del p\u00fablico interesado puedan interponer un recurso para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones a las que se apliquen las disposiciones de la Directiva 85\/337, el legislador de la Uni\u00f3n no ha limitado de ninguna forma los motivos que pueden ser invocados para apoyar dicho recurso, como se ha recordado en el apartado 36 de la presente sentencia. En todo caso, no ha querido vincular la posibilidad de invocar un vicio de procedimiento al requisito de que \u00e9ste haya afectado al sentido de la decisi\u00f3n final impugnada.<\/p>\r\n

48. Adem\u00e1s, puesto que uno de los objetivos de esta Directiva es establecer garant\u00edas procedimentales que permitan, en particular, una mejor informaci\u00f3n y una participaci\u00f3n del p\u00fablico en el marco de la evaluaci\u00f3n del impacto medioambiental de los proyectos p\u00fablicos y privados que puedan tener repercusiones importantes en el medio ambiente, el control de la observancia de las normas procedimentales en este \u00e1mbito reviste gran importancia. Por tanto, en concordancia con el objetivo de dar al p\u00fablico interesado un amplio acceso a los tribunales, dicho p\u00fablico debe poder invocar, por principio, cualquier vicio de procedimiento en apoyo de un recurso de impugnaci\u00f3n de la legalidad de las decisiones a las que se aplica la citada Directiva.<\/p>\r\n

52. Por lo que se refiere al Derecho nacional aplicable en el procedimiento principal, resulta no obstante que, en general, para acreditar que se ha menoscabado un derecho, incumbe al demandante probar que las circunstancias del caso hacen probable que la decisi\u00f3n impugnada hubiera sido distinta de no haberse producido el vicio de procedimiento invocado. Pues bien, esta atribuci\u00f3n al demandante de la carga de la prueba, para la aplicaci\u00f3n del criterio de causalidad, puede hacer excesivamente dif\u00edcil el ejercicio de los derechos que le confiere la Directiva 85\/337, habida cuenta, en especial, de la complejidad de los procedimiento de que se trata y del car\u00e1cter t\u00e9cnico de las evaluaciones del impacto medioambiental.<\/p>\r\n

57. Por consiguiente, procede responder a la tercera cuesti\u00f3n que el art\u00edculo 10 bis, letra b), de la Directiva 85\/337 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional que no reconoce el menoscabo de un derecho en el sentido de este art\u00edculo si se acredita que, habida cuenta de las circunstancias del caso, probablemente la decisi\u00f3n impugnada no habr\u00eda sido distinta sin el vicio de procedimiento invocado por el demandante.<\/strong> No obstante, esta conclusi\u00f3n s\u00f3lo es v\u00e1lida a condici\u00f3n de que el tribunal o el \u00f3rgano ante los que se ha interpuesto el recurso no impongan en absoluto al demandante la carga de la prueba a este respecto y, tomando en consideraci\u00f3n, en su caso, los elementos de prueba aportados por el promotor o por las autoridades competentes y, m\u00e1s generalmente, el conjunto de los documentos del asunto que se les haya sometido, se pronuncien prestando particular atenci\u00f3n al grado de gravedad del vicio invocado y comprobando especialmente, a estos efectos, si dicho vicio priv\u00f3 al p\u00fablico interesado de alguna de las garant\u00edas establecidas con el fin de permitirle tener acceso a la informaci\u00f3n y participar en el proceso decisorio, en concordancia con los objetivos de la Directiva 85\/337.<\/p>\r\n

Comentario del Autor:<\/strong><\/p>\r\n

El TJUE hace a mi juicio una interpretaci\u00f3n restrictiva del derecho de participaci\u00f3n y del derecho de recurso frente a decisiones relacionadas con el medio ambiente. Afirmar que no hay menoscabo de un derecho si se acredita que, habida cuenta de las circunstancias del caso, probablemente la decisi\u00f3n impugnada no habr\u00eda sido distinta sin el vicio de procedimiento invocado por el demandante, tiene cierto riesgo y constituye un obst\u00e1culo a los derechos que reconoce el Convenio de Aarhus.<\/p>\r\n

Documento adjunto: \"pdf_e\"\u00a0<\/a><\/strong><\/p>\r\n

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5 diciembre 2013

Jurisprudencia al día Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE )

Jurisprudencia al día. Unión Europea. Evaluación de impacto ambiental

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala segunda), de 7 de noviembre de 2013, asunto C-72/12, por la que se resuelven cuestiones prejudiciales relacionadas con la aplicación de la Directiva 85/337/CE, de evaluación de impacto ambiental de proyectos

Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra

Fuente: http://curia.europa.eu

Temas clave: Evaluación de impacto ambiental de proyectos, Convenio de Aarhus, derecho de recurso

Resumen:

Se plantea cuestión prejudicial por los tribunales alemanes sobre la interpretación de las Directivas 2003/35/CE relativa a la participación en materia ambiental y la Directiva 85/337/CE relativa a la evaluación de impacto ambiental de proyecto. La cuestión se plantea en el marco de un litigio entre el Ayuntamiento de Altrip, la sociedad de Derecho civil Gebrüder Hört GbR y el Sr. Schneider contra el Land de Renania‑Palatinado sobre una decisión mediante la que se aprueba un plan de construcción de una instalación de retención de inundaciones en una antigua planicie inundable del Rin de más de 320 hectáreas.

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5 diciembre 2013

Jurisprudencia al día Tribunal Constitucional

Jurisprudencia al día. Tribunal Constitucional. Movilidad sostenible

Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 10 de octubre de 2013 (Ponente: Luis Ignacio Ortega Álvarez)

Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)

Fuente: BOE núm. 267, de 7 de noviembre de 2013

Temas Clave: Transporte; Planes de movilidad sostenible; Ley de Economía Sostenible; Transporte intracomunitario; Títulos competenciales; Ayudas condicionadas; Estrategia española de movilidad sostenible

Resumen:

En el comentario de esta sentencia nos vamos a ceñir al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra los artículos 101, apartados 1 a 4 y 102 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de economía sostenible, relativos a los denominados planes de movilidad sostenible (PMS).

La defensa de la Generalitat alega que a través de estos planes se vulneran sus competencias exclusivas en materia de transporte intracomunitario (art. 169.1 Estatuto de Autonomía), fundamentada en el hecho de la imposición de unos instrumentos específicos para hacer efectivos los principios y objetivos fijados por la norma estatal. No cuestiona el mandato de planificación de la Ley sino únicamente su concreción en la forma

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28 noviembre 2013

Jurisprudencia al día Tribunal Supremo ( TS )

Jurisprudencia al día. Tribunal Supremo. Asturias. Ordenación del Litoral

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)

Autora: Dra. Aitana de la Varga Pastor, Profesora Lectora de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)

Fuente: ROJ: STS 4282/2013

Temas Clave: Costas; Ordenación del Litoral; Plan Territorial Especial; Jerarquía entre planes

Resumen:

Esta sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por el Principado de Asturias contra la Sentencia que resuelve el recurso contencioso administrativo interpuesto por persona física contra el Principado del Asturias y resuelto estimativamente por el TSJ de Asturias contra Resolución de 26 de junio de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la anterior Resolución de la misma procedencia, de 23 de mayo de 2005, por la que se procedió a la Aprobación Definitiva del Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA).

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28 noviembre 2013

Jurisprudencia al día Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE )

Jurisprudencia al día. Unión Europea. Comercio de derechos de emisión

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala segunda), de 17 de octubre de 2013, asunto C-203/12, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial en relación con Directiva 2003/87/CE, por la que se regula el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra

Fuente: http://curia.europa.eu

Temas clave: Comercio de derechos de emisión, sanciones, principio de proporcionalidad

Resumen:

La cuestión prejudicial se plantea en el marco de un litigio entre dos empresas («sociedades Billerud») y la Agencia sueca de protección de la naturaleza, en relación a la multa que ésta impuso a aquéllas por no haber entregado dentro de plazo los derechos de emisión equivalente de dióxido de carbono correspondientes a sus emisiones efectivas del año 2006.

A 30 de abril de 2007, las sociedades Billerud, empresas suecas titulares de autorizaciones para emitir dióxido de carbono, no habían entregado los derechos de emisión correspondientes a sus emisiones del año 2006 (10.828 y 42.433 toneladas, respectivamente).

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28 noviembre 2013

Castilla-La Mancha Jurisprudencia al día Tribunal Superior de Justicia ( TSJ )

Jurisprudencia al día. Castilla-La Mancha. Vertidos

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 662/2013, de 24 de septiembre (Sala de lo Contencioso, Sede de Albacete, Sección 2ª; Recurso núm. 509/2009. Ponente D. Miguel Ángel Pérez Yuste)

Autora: Doctora Ana María Barrena Medina, miembro del Consejo de Redacción de la Revista Actualidad Jurídica Ambiental

Fuente: Roj: STSJ CLM 2524/2013

Temas Clave: Aguas; Vertido de Aguas; Daños al Dominio Público Hidráulico

Resumen:

Se trata en esta ocasión, en la resolución del recurso presentado contra la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura de 27 de mayo de 2009, en cuya virtud se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 29 de diciembre de 2008 por la que se imponía al Ayuntamiento recurrente una sanción y el pago de una cantidad dineraria en concepto de daños al dominio público hidráulico por comisión de una infracción tipificada en el artículo 116.3 a), f) y g) del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

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