Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2 de junio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Estrella Blanes Rodríguez)
Autora: Aitana De la Varga Pastor, Profesora Agregada de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ STSJ CV 3043/2017 – ECLI: ES:TSJBAL:2017:3043
Temas Clave: autorización ambiental integrada; declaración de impacto ambiental; información pública; procedimiento único; suelo no urbanizable; nulidad
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso contencioso interpuesto por el Ayuntamiento de la Pobla del Duc, contra la resolución del Secretario Autonómico de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio Y Medio Ambiente de fecha 6.2.2015, desestimatoria del requerimiento previo, confirmando la Resolución de fecha 16.7.2014, dictada por la Dirección General de Evaluación Ambiental de fecha 18.2.2014, otorgando a SIG RENOVABLES SL una Autorización Ambiental Integrada, siendo parte demandadas la CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIO Y MEDIO AMIBIENTE y SIG ENERGIAS RENOVABLES SL.
El motivo de impugnación se basa en anular las resoluciones y actos administrativos que otorgaban a SIG RENOVABLES UNA Autorización Ambiental Integrada (AAI). El motivo de dicha anulación yacía en que la misma Sala había dictados sentencia que devino firme nº
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 10 de abril de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Francisco Javier Varona Gómez-Acedo)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ ICAN 1554/2017 – ECLI:ES:TSJICAN:2017:1554
Temas Clave: Desarrollo sostenible; Instrumentos de planificación; Libertad de establecimiento; Libre prestación de servicios; Ordenación del territorio; Turismo sostenible
Resumen:
Con fechas de 28 y 30 de noviembre de 2011 se aprobó el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de la Isla de Gran Canaria, mediante Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Plan que fue hecho público a través de la Resolución de 28 de febrero de 2014.
De conformidad con las normas publicadas de este Plan Territorial, su objeto es el de «establecer previsiones específicas de desarrollo territorial y turístico fijados en la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias y la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial la ordenación del turismo».
Parte del articulado de este Plan es recurrido por la Federación
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercer), de 13 de septiembre de 2017, asunto C-111/16, por el que se resuelve la cuestión prejudicial en relación con la interpretación del Reglamento 1829/2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente y del Reglamento 178/2002, sobre seguridad alimentaria
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-111/16
Temas clave: Organismos modificados genéticamente, medidas de prohibición nacionales, adecuada aplicación del principio de cautela, elementos científicos fiables y no meras conjeturas
Resumen:
La cuestión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los Reglamentos 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente y 178/2002, sobre seguridad alimentaria, en el marco de un procedimiento penal contra el Sr. Giorgio Fidenato y los Sres. Leandro y Luciano Taboga, a los que se les imputa haber cultivado la variedad de maíz modificado genéticamente MON 810, infringiendo la normativa nacional que prohíbe este cultivo.
En concreto, la Comisión en 1998 autorizó la comercialización del maíz MON 810 mediante Decisión 98/294/CE, si bien el Gobierno italiano prohibió su cultivo mediante un decreto de 12 de julio de 2013, por el que se adoptan medidas
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Ángel Ramón Arozamena Laso)
Autora: Dra. Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili y Subdirectora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: STS 3268/2017 – ECLI: ES:TS:2017:3268
Temas Clave: Energías renovables; Retroactividad; Seguridad jurídica; Confianza legítima; Régimen retributivo
Resumen:
Esta sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil Rofeica Energía SA -propietaria de una planta de cogeneración que tiene por finalidad suministrar el calor recuperado de la cogeneración a varios procesos industriales próximos a la planta, actuando como distribuidora de energía térmica- contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
La entidad recurrente solicita la anulación íntegra de los siguientes artículos del RD 413/2014 y la Orden IET
Sentencia 91/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 6 de julio de 2017 (Ponente: Alfredo Montoya Melgar)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE Núm. 191, de 11 de agosto de 2017
Temas Clave: Planificación energética; Sector eléctrico; Derechos de carbono
Resumen:
Voy a centrar este comentario en el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de Canarias contra varios preceptos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, ciñéndome exclusivamente a los artículos 80 y 91.
El artículo 80, que versa sobre planificación energética vinculante, se impugna por extralimitación en la regulación de lo básico (art. 149.1.13 y 25 CE) y consiguiente vulneración de la competencia exclusiva autonómica en materia de instalaciones de producción, distribución y transporte de energía (art. 30.26, 31.4 y 32.9 EACan).
El Gobierno de Canarias no cuestiona la habilitación del Estado para llevar a cabo una actividad planificadora en el sector eléctrico, sino que el precepto no aluda a la singularidad de los sistemas energéticos insulares y extrapeninsulares.
Con carácter previo, la Sala nos recuerda el contenido de la STC 18/2011, de 3 de marzo,
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