Sentencia del Tribunal de Justicia, de 7 de marzo de 2024 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la Directiva 2003/4, relativa al acceso del público a la información medioambiental (arts. 2, 4 y 8): las coordenadas de localización de las parcelas utilizadas para elaborar los inventarios forestales constituyen “información medioambiental”
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo de investigación Legambiental (GIUV2013-142)
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta, asunto C‑234/22, ECLI:EU:C:2024:211
Palabras clave: Inventario forestal. Información ambiental. Derecho de acceso. Confidencialidad de los procedimientos administrativos.
Resumen:
El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Tallinn (Estonia) suspendió el proceso que fiscalizaba sobre la denegación por la Agencia de medio ambiente del acceso a determinada información a dos asociaciones ambientales y planteó varias cuestiones al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del Derecho europeo aplicable. El litigio trae causa de la decisión de dicha Administración denegando el acceso a algunos de los datos utilizados para elaborar el inventario forestal estadístico nacional (en concreto, las coordenadas de localización de las parcelas de muestra), alegando varias excepciones (confidencialidad de los procedimientos administrativos; relaciones internacionales y
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2024 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Fernando Román García)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 1169/2024 – ECLI: ES: TS: 2024:1169
Palabras clave: Planes hidrológicos. Usos del agua. Desalinización. Concesión. Convenios.
Resumen:
La Sentencia que se presenta a continuación resuelve el recurso contencioso-administrativo núm. 373/2023 interpuesto por Mercantil contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño- Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, siendo partes recurridas, la Administración General del Estado, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El recurso se presenta, así, contra los artículos 34, 36, 38 y preceptos conexos del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, (publicado en el BOE de 6 de febrero de 2023) en relación con las aguas desalinizadas, en la medida en que la recurrente era titular
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2024 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Ángel Ramón Arozamena Laso)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 409/2024 – ECLI: ES: TS: 2024:409
Palabras clave: Autorización vertidos. Competencia. Evaluación de impacto. Actividades mineras.
Resumen:
La Sentencia examinada resuelve el recurso de casación núm. 3275/2022, interpuesto por la entidad mercantil contra la sentencia núm. 228, de 21 de febrero de 2022, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, sede de Valladolid (Sección Primera), dictada en el procedimiento ordinario núm. 503/2017, interpuesto por el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes contra la resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Duero de 9 de mayo de 2016 -confirmada en reposición por otra de 3 de mayo de 2017-, sobre autorización de vertido de aguas residuales. Han sido partes recurridas la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes.
En este sentido, el interés casacional objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia consiste en determinar la Administración
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 12 de enero de 2024 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Begoña González García)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3/2024 – ECLI:ES: TSJCL: 2024:3
Palabras clave: Asociación ecologista. Condición de interesado. Minería. Acceso a la información. Legitimación.
Resumen:
La Sala conoce en grado de apelación del recurso interpuesto por la Plataforma Ecologista de Ávila contra la sentencia de 20 de septiembre de 2023, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ávila, que desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Energía y Minas, Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, que a su vez desestimó el recurso de alzada interpuesto por la entidad recurrente contra la Resolución de 18 de abril de 2022, de la Delegación Territorial en Ávila de la Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, por la que se le denegó la condición de
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2024 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Ángeles Huet de Sande)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 168/2024 – ECLI: ES: TS: 2024:168
Palabras clave: Evaluación ambiental Estratégica. Obligatoriedad. Principio de no regresión. Efectos.
Resumen:
La Sentencia seleccionada resuelve el recurso de casación núm. 2859/2022 interpuesto por el Ayuntamiento de Torremolinos contra la sentencia 2264/2021, de 14 de octubre, de la Sala de lo Contenciosos Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada en el procedimiento ordinario 795/2019, cuyo objeto es el acuerdo de la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de fecha 21 de junio de 2019, por el que se procede al levantamiento de las suspensiones del documento de revisión-adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de Torremolinos, así como la resolución de 22 de noviembre de 2019 de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Málaga, por la que se
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