Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente:
Temas clave: Contaminación acústica; Aeronaves; Restricciones operativas y normas ambientales de prevención de la contaminación acústica; Sanciones
Resumen:
La cuestión prejudicial deriva de un litigio entre European Air Transport, por un lado, y el Collège d’environnement de la Région de Bruselas y la Región de Brusela, por otro, relativo a una multa por importe de 56.113 euros impuesta a European Air Transport por el Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, debido al incumplimiento de la normativa nacional relativa al ruido en el medio urbano.
La citada European Air Transport EAT había cometido 62 infracciones por la emisión desde sus aeronaves de ruidos, en horario nocturno, superiores a los valores previstos en la normativa belga aplicable. La citada empresa recurrió la sanción ante el Collège d’environnement de la Région de Bruselas que confirmó la sanción impuesta por el Institut bruxellois pour la gestion de l´environnement. EAT interpuso un recurso ante el Conseil d’État contra el Collège d’environnement de la Région de Bruselas y la Región de Bruselas, solicitando la anulación.
Los argumentos alegados por European Air Transport para solicitar la anulación se basan por un lado en la vulneración de la Directiva 2002/30 que señala que las restricciones operativas adoptadas por las autoridades competentes deberán apoyarse en los niveles acústicos de las aeronaves que se hayan determinado con arreglo al procedimiento de certificación aplicado de conformidad con las normas del Convenio OACI y, por otro, en que las autoridades competentes de los Estados miembros no podrán prohibir o limitar la explotación de aeronaves que cumplan con lo dispuesto en el citado Convenio OACI. Asimismo, la Directiva 2002/30, señala que las autoridades competentes de los Estados miembros no podrán, en ningún caso, adoptar medidas que limiten la explotación de aeronaves que cumplan lo dispuesto en el Convenio OACI.
En este contexto el Conseil d´Etat belga plantea cuatro cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la interpretación de la Directiva 2002/30/UE. El Tribunal respondiendo a la primera da por respondidas las tres siguientes y concluye que una «restricción operativa» constituye una medida prohibitiva total o temporal que impide el acceso de una aeronave de reacción subsónica civil a un aeropuerto de un Estado miembro de la Unión. Por consiguiente, una normativa nacional en materia de medio ambiente que establece límites máximos de impacto sonoro medido a ras del suelo que deben respetarse al sobrevolar zonas situadas cerca del aeropuerto no constituye, como tal, una «restricción operativa» en el sentido de dicho precepto, a menos que, en función del contexto económico, técnico y jurídico pertinente, pueda tener los mismos efectos que una prohibición de acceso a dicho aeropuerto.
Destacamos los siguientes extractos:
La primera cuestión prejudicial es sobre si el concepto de “restricción operativa” debe interpretarse en el sentido de que incluye normas que establecen límites de nivel sonoro calculado a ras del suelo, que deben respetarse al sobrevolar zonas situadas cerca del aeropuerto, y cuya infracción puede dar lugar a una sanción. Sobre esta cuestión, el Tribunal manifiesta:
24. (…) el décimo considerando de dicha Directiva señala que el enfoque equilibrado constituye un instrumento de acción para tratar el problema del ruido de los aviones, e incluye directrices internacionales para la introducción de restricciones operativas en los distintos aeropuertos. El concepto de «enfoque equilibrado», definido en la resolución A33/7 de la 33ª Asamblea de la OACI, comprende cuatro elementos principales y exige una evaluación cuidadosa de todas las diferentes opciones para atenuar el ruido, a saber, la reducción del ruido de los aviones en la fuente, las medidas de ordenación y gestión del suelo, los procedimientos operativos de reducción del ruido y las restricciones operativas, sin perjuicio de las obligaciones legales pertinentes y de los acuerdos, las legislaciones y las políticas en vigor.
28. (…) una restricción operativa en el sentido del artículo 2, letra e), de dicha Directiva implica una prohibición de acceso al aeropuerto de que se trate, prohibición que puede ser total o parcial.
29. Ahora bien, una normativa medioambiental que, como la controvertida en el litigio principal, establece límites máximos de impacto sonoro medido a ras del suelo que deben respetarse al sobrevolar zonas situadas cerca del aeropuerto no constituye, como tal, una prohibición de acceso al aeropuerto en cuestión.
30. Por otro lado, la aplicación de un método consistente en medir a ras del suelo el ruido causado por una aeronave en vuelo constituye un elemento de un enfoque equilibrado (…) en la medida en que puede proporcionar más datos que permitan conciliar los intereses concurrentes de las personas afectadas por el impacto sonoro, de los operadores económicos que explotan las aeronaves y de la sociedad en su conjunto.
32. En el supuesto de que los límites impuestos por dicha normativa sean tan restrictivos que fuercen a los operadores de aeronaves a renunciar a su actividad económica, tal normativa deberá considerarse una prohibición de acceso y constituirá, por tanto, una «restricción operativa» en el sentido del artículo 2, letra e), de dicha Directiva.
33. En el litigio principal, corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si las medidas adoptadas por la Región de Bruselas-Capital tienen tales efectos.
34. Dadas las circunstancias, procede responder a la primera cuestión planteada que el artículo 2, letra e), de la Directiva 2002/30 debe interpretarse en el sentido de que una «restricción operativa» constituye una medida prohibitiva total o temporal que impide el acceso de una aeronave de reacción subsónica civil a un aeropuerto de un Estado miembro de la Unión. Por consiguiente, una normativa nacional en materia de medio ambiente que establece límites máximos de impacto sonoro medido a ras del suelo que deben respetarse al sobrevolar zonas situadas cerca del aeropuerto no constituye, como tal, una «restricción operativa» en el sentido de dicho precepto, a menos que, en función del contexto económico, técnico y jurídico pertinente, pueda tener los mismos efectos que una prohibición de acceso a dicho aeropuerto.
La segunda cuestión prejudicial es relativa a si las disposiciones de la Directiva permiten que otras disposiciones relativas a la protección del medio ambiente limiten el acceso al aeropuerto en función del nivel sonoro calculado a ras del suelo, que deba respetarse al sobrevolar zonas situadas cerca del aeropuerto, y cuya infracción pueda dar lugar a una sanción. La tercera cuestión prejudicial plantea si la Directiva debe interpretarse en el sentido de que prohíbe que normas relativas a la protección del medio ambiente establezcan límites de nivel sonoro calculado a ras del suelo que deban respetarse al sobrevolar zonas situadas cerca del aeropuerto. La cuarta cuestión es si debe dicha Directiva en el sentido de que prohíbe que determinadas normas establezcan límites de nivel sonoro calculado a ras del suelo, que deban respetarse al sobrevolar zonas situadas cerca del aeropuerto, y cuya infracción pueda dar lugar a una sanción, cuando dichas normas puedan ser infringidas por aviones que se ajusten a las disposiciones del volumen 1, segunda parte, capítulo 4, del anexo 16 del Convenio OACI.
35 Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a las demás cuestiones prejudiciales.
Comentario del Autor:
El TJUE concluye acertadamente que una normativa medioambiental que, como la controvertida en el litigio principal, establece límites máximos de impacto sonoro medido a ras del suelo que deben respetarse al sobrevolar zonas situadas cerca del aeropuerto no constituye, como tal, una prohibición de acceso al aeropuerto en cuestión y por lo tanto no es una restricción operativa salvo que tales normas establezcan unos valores límite de inmisión que hagan imposible su cumplimiento por parte de la compañía aérea. A mi juicio la sentencia es acertada y prima una vez más la protección ambiental y de la salud de las personas frente a la contaminación acústica, una forma de contaminación que como es sabido afecta a los derechos fundamentales la vida, la integridad física o la intimidad e inviolabilidad del domicilio. En este caso, las sanciones impuestas por la autoridad bruselense a la citada compañía aérea, agresora acústica reincidente, entiende el TJUE que tenían una cobertura normativa que no tiene porqué constituir necesariamente una restricción operativa.
