Medio marino:
ACIKGONUL, Yunus Emre; LUCAS, Edward R. Developments in Maritime Delimitation Law over the Last Decade: Emerging Principles in Modern Case Law. Canadian Yearbook of International Law, vol. 57, noviembre 2020, pp. 156-222.
GUNASEKARA, Sandya Nishanthi; KARIM, Saiful. The role of ASEAN and its members in promoting the norm of responsible governance of marine biodiversity of areas beyond national jurisdiction. Review of European, Comparative and International Environmental Law (RECIEL), vol. 30, n. 1, abril 2021, pp. 128-137.
HERDT, Sandrine W. de; NDIAYE, Tafsir Malick. The International Tribunal for the Law of the Sea and the Protection and Preservation of the Marine Environment: Taking Stock and Prospects. Canadian Yearbook of International Law, vol. 57, noviembre 2020, pp. 353-385.
SORIA RODRÍGUEZ, Carlos. The international regulation for the protection of the environment in the development of marine renewable energy in the EU. Review of European, Comparative and International Environmental Law (RECIEL), vol. 30, n. 1, abril 2021, pp. 46-60.
XU, Qi. Reflections on the Presence of Third States in International Maritime Boundary Delimitation. Chinese Journal of International Law, vol. 18, n. 1, marzo 2019, pp. 91-128.
ZOU, Keyuan;
Título: “Tribunales ambientales chilenos y regímenes especiales de responsabilidad por daño ambiental”
Title: “Chilean environmental courts and special regimes of responsibility for environmental damage”
Autor: Pedro Harris Moya, Profesor de la Universidad Autónoma de Chile (Chile)
Fecha de recepción: 02/02/2021
Fecha de aceptación: 24/03/2021
Fecha de modificación: 01/04/2021
Doi: https://doi.org/10.56398/ajacieda.00168
Resumen:
La reciente jurisprudencia chilena ha calificado a la responsabilidad ambiental en función de la reparación material del daño, descartando una indemnización de perjuicios. Aunque esta interpretación tenga por finalidad favorecer restablecimiento del ambiente, otorgando facultades a los Tribunales Ambientales en ámbitos diversos, diferentes limitaciones sustanciales y procesales dificultan su concreción. Estos límites pueden superarse en base a una lectura alternativa, que distinga una multiplicidad de responsabilidades frente al daño ambiental y una unidad en su reparación, impuesta cualquiera sea la ley aplicable.
Abstract:
Recent Chilean jurisprudence has classified environmental liability in terms of the restoration of damage, ruling out monetary compensation. Although this interpretation has the purpose of favoring environmental protection, granting the Environmental Courts powers in different areas, various substantial and procedural limitations make such protection difficult to
Comunicación de la Comisión – Directrices por las que se proporciona un concepto común del término «daño medioambiental» tal como se define en el artículo 2 de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales
Autora: Sara García García, Doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid
Palabras clave: Daño medioambiental. Responsabilidad medioambiental. Recursos naturales. Servicios ambientales.
Resumen:
La Directiva 2004/35 sobre responsabilidad medioambiental es una de las más relevantes del Derecho ambiental en la Unión Europea, base de un sistema de protección de la naturaleza minucioso como es el europeo. La Unión comprobó que, pese a la importancia de la norma, esta no ofrecía la protección más adecuada y eficaz «por la notable falta de uniformidad en la aplicación de conceptos clave, en particular los relacionados con el daño medioambiental». Para intentar solventar estas deficiencias, el Reglamento (UE) 2019/1010 relativo a la adaptación de las obligaciones de información en el ámbito de la legislación relativa al medio ambiente actualizó el artículo 18 de la Directiva de 2004 e impuso a la Comisión Europea la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 21 de enero de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, Ponente: José María Arrojo Martínez)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ:STSJ GAL 412/2021- ECLI:ES:TSJGAL:2021:412
Palabras clave: Fiscalidad. Daño ambiental. Aguas. Competencias.
Resumen:
El pronunciamiento que traemos a colación resuelve la impugnación del Acuerdo de la Xunta Superior de Fazenda, de 2 de mayo de 2017, sobre la liquidación derivada del acta de disconformidad sobre el Impuesto sobre el daño ambiental causado por determinados usos o aprovechamientos del agua embalsada, en este caso, del embalse de Peñarrubia, durante los ejercicios 2009 2012.
La mercantil recurrente alega lo siguiente: i) el impuesto no tiene finalidad ambiental; ii) es ajeno al principio de externalización de costes; iii) vulnera los artículos 133.2 156.1 y 157.3 de la Constitución, en relación con el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); iv) vulnera el reparto competencial constitucional y los artículos 157.2
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha de 2 de octubre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Eulalia Martínez López)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ CLM 2506/2020 – ECLI: ES: TSJ CLM: 2020: 2506
Palabras clave: Agricultura. Aves. Biodiversidad. Especies amenazadas. Fauna. Responsabilidad patrimonial. Responsabilidad por daños.
Resumen:
Una mercantil interpuso, a 12 de abril de 2018, recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de fecha 08 de febrero de 2018, desestimatoria del recurso de reposición frente a la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de 8 de julio de 2016, y de la reclamación de responsabilidad patrimonial. La mercantil solicita la anulación de la resolución desestimatoria y se reconozca su derecho a una indemnización de 40.037,98€ por los daños y perjuicios causados. En el caso de autos, queda acreditado que la actora solicitó a la Administración, en
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