Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Eduardo Calvo Rojas)
Autora: Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: ROJ STS 7887/2011
Temas Clave: Vertidos; Calidad de las Aguas; Aguas Litorales; Costas; Principio de culpabilidad; Infracciones y sanciones administrativas
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), de 17 de mayo de 2007, que estimaba el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Lebrija contra Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de 9 de noviembre de 2004, recaída en un expediente en materia de calidad de aguas litorales, por la que se imponía la multa pecuniaria de 150.253.03 euros, anulando dicha resolución.
La controversia se centra en determinar la conformidad a derecho de la sanción pecuniaria impuesta al Ayuntamiento de Lebrija. La Administración autonómica
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Mª del Pilar Teso Gamella)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 7152/2011
Temas Clave: Autorización de vertidos; competencia del Estado; potestad sancionadora; autorización ambiental integrada; órgano competente de la Comunidad Autónoma; cuencas intracomunitarias
Resumen:
La Sentencia que comentamos en este ocasión trae causa del recurso contencioso-administrativo presentado por la mercantil “Serviace, S.A” contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de octubre de 2008, en cuya virtud se impone a la entidad una sanción administrativa de multa por una cuantía de ….y la obligación de indemnizar por los daños causados al Dominio Público como consecuencia de la infracción prevista en el art. 116.3.f) Texto Refundido de la Ley de Aguas, relativa a “vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la debida autorización” (F.J.1º). La entidad recurrente pide se declare nulo el acto administrativo sancionador, argumentando, entre otras cuestiones, la falta de competencia del Consejo
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Jesús E. Peces Morate)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 7079/2011
Temas Clave: Orden; Reglamentos; criterios valoración reparación daños al dominio público; vertidos aguas residuales; rango normativo
Resumen:
La Sentencia que nos ocupa resuelve el recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma de Madrid contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 30 de abril de 2010, en la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comunidad Autónoma de Madrid contra la Orden del Ministerio de Medio Ambiente 85/2006, de 16 de enero, en cuya virtud se establecen los criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y análisis de vertidos de aguas residuales.
La parte recurrente entiende que la Orden vulnera los principios de legalidad y tipicidad, por la insuficiencia del rango normativo de la misma, habida cuenta de la reserva de ley en materia sancionadora (F.J.3º), y que las infracciones previstas
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 8 de septiembre de 2011, asunto C-120/10, que tiene por objeto la resolución de una cuestión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica), en el procedimiento entre European Air Transport SA de una parte y el Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale y la Région de Bruxelles-Capitale de otra, en relación con varias sanciones impuestas a la citada compañía aérea por infringir la normativa de contaminación acústica al sobrevolar Bruselas
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Navarra
Fuente:
http://curia.europa.eu
Temas clave: Contaminación acústica; Aeronaves; Restricciones operativas y normas ambientales de prevención de la contaminación acústica; Sanciones
Resumen:
La cuestión prejudicial deriva de un litigio entre European Air Transport, por un lado, y el Collège d’environnement de la Région de Bruselas y la Región de Brusela, por otro, relativo a una multa por importe de 56.113 euros impuesta a European Air Transport por el Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, debido al incumplimiento de la normativa nacional relativa al ruido en el medio urbano.
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 8 de julio. (Sala de lo Contencioso. Sede Albacete. Sección 2ª. Ponente D. Jaime Lozano Ibáñez)
Autora: Ana Mª Barrena Medina. Personal Investigador en Formación, CIEDA-CIEMAT
Fuente: Roj: STSJ CLM 1825/2011
Temas Clave: Autorización Ambiental Integrada; Contaminación Atmosférica; Derecho Administrativo Sancionador
Resumen:
La presente sentencia trae como causa el recurso interpuesto por la empresa dedicada a la destilación de alcohol vinícola procedente de orujo, contra la resolución del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha que la sanciona por infracción del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de 22 de diciembre de 1972, de Protección del Medio Ambiente. Concretamente le fueron imputadas tres infracciones, a saber, una infracción grave del artículo 83.2.b) del Decreto antedicho que sanciona la falta de las autorizaciones o licencias necesarias para el ejercicio de la actividad y puesta en marcha de las instalaciones correspondientes; en segundo lugar una infracción grave del apartado d) del mismo artículo que sanciona la resistencia o demora en la instalación de los elementos correctores que hubieran sido impuestas y una infracción
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