Aguas:
AUDRAIN-DEMEY, Gaëlle. Droit National. Eau. Revue juridique de l’environnement, vol. 44, n. 3, septiembre 2019, pp. 634-645.
MENÉNDEZ MORENO, Alejandro. El canon contemplado en el artículo 112 bis de la Ley de aguas y su contrastación con los principios de la Unión Europea. Quincena fiscal, n. 6, 2020, pp. 1-10
Bienestar animal:
CAPACETE GONZÁLEZ, Francisco. Eficacia del habeas corpus para liberar a una chimpancé (Cecilia). Comentario a la Sentencia de 3 de noviembre de 2016 del Tercer Juzgado de Garantías del Estado de Mendoza (Argentina). Derecho Animal, vol. 7, n. 3, 2016. Disponible en: https://doi.org/10.5565/rev/da.59 (Fecha de último acceso 01-06-2020).
FRUCTUOSO GONZÁLEZ, Iván. Las medidas cautelares en el delito de maltrato animal. Comentario al Auto de 14 de noviembre de 2017 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo. Derecho Animal, vol. 9, n. 2, 2018, pp. 119-127. Disponible en: https://doi.org/10.5565/rev/da.253 (Fecha de último acceso 01-06-2020).
Biodiversidad:
FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, Dionisio. Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Ars Iuris Salmanticensis (AIS): revista europea e iberoamericana
Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOIB Extr. núm. 84, de 15 de mayo de 2020
Palabras clave: Procedimientos administrativos. Simplificación. Actividad empresarial. Declaración responsable y la comunicación previa. Urbanismo. Residuos. Turismo. Eficiencia energética. Espacios de relevancia ambiental. Depuración de aguas residuales. Energías renovables. Educación ambiental. Transportes terrestres y movilidad sostenible. Carreteras. Paisaje. Residuos y suelos contaminados. Proyectos industriales estratégicos. Parques fotovoltaicos. Evaluación ambiental. Cambio climático y transición energética.
Resumen:
Este decreto ley tiene por objeto establecer determinadas medidas de simplificación administrativa y de fomento de la actividad económica, para clarificar y simplificar las obligaciones que la normativa vigente impone a las administraciones públicas de las Illes Balears y, por consiguiente, a los ciudadanos y a las empresas, con el objeto de contribuir a la recuperación
Agricultura:
DEMARTY, Jean-Luc; MÖGELE, Rudolf; HANIOTIS, Tassos. 60 ans de polotique Agricole commune. Revue du droit de l’Union Européenne, n. 21, 2019, pp. 17-38
SVABY, D. Una concertación sobre los precios y las cantidades entre varias organizaciones de productores agrícolas y asociaciones de dichas organizaciones puede constituir una práctica colusoria: TJ, Gran Sala, 14 Nov. 2017. Asunto C-671/15: APVE y otros. La Ley Unión Europea, n. 54, 2017
Aguas:
GONZÁLEZ IGLESIAS, Miguel Ángel. Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el Texto Refundido de la de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 d. Ars Iuris Salmanticensis (AIS): revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia política y criminología, vol. 6, n. 2, diciembre 2018, pp. 248-250. Disponible en Internet: https://revistas.usal.es/index.php/ais/article/view/20183/20660 (Fecha de último acceso 20 de abril de 2020).
OBANDO CAMINO, Iván Mauricio. Fiscalización y sanción administrativa en materia de aguas: comentarios a la reforma de la Ley N° 21.064 de 2018. Revista de Derecho Administrativo Económico, n. 29, enero-junio 2019,
Acceso a la justicia:
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos. Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, n. 27, abril 2018. Disponible en: https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=604aa3ac9fb5fa0fe0d3bf4dc7ac1912 (Fecha de último acceso 06 de mayo de 2020).
KRÄMER, Ludwig. Changement climatique, droits fontamentaux et accès à la justice. Revue du droit de l’Union Européenne, n. 1, 2019, pp. 213-223.
PEÑA CHACÓN, Mario. Observaciones iniciales a la Opinión Consultiva OC-23-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos. Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, n. 27, abril 2018. Disponible en: https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=604aa3ac9fb5fa0fe0d3bf4dc7ac1912 (Fecha de último acceso 06 de mayo de 2020).
Acuicultura:
CAPELLUTO, Marcelo Fabián. Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola. Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, n. 28, julio 2018 . Disponible en: https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=df1bfc084a808d4b6b863ffd67d59354 (Fecha de último acceso 20 de febrero de 2020).
Agricultura:
AMAT LLOMBART, Pablo; SOSA ESPINOSA, Asenet. Medio rural y agricultura periurbana. La ley de la huerta valenciana y función social de la propiedad. Revista de derecho agrario y alimentario, n. 74, 2019, pp. 7-44.
BATANERO HERNÁN, Ana Isabel.
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2020 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Eduardo Calvo Roja)
Autora: Dra. Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 763/2020- ECLI: ES: TS: 2020:763
Temas Clave: Eficiencia Energética; Fondo de Nacional; Obligación de contribuir
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Mercantil contra la Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018, solicitando la nulidad de la disposición administrativa, y la devolución, en su caso, de la totalidad de las cantidades pagadas en aplicación de la Orden declarada nula, más los intereses legales desde que se produjo el pago de cada uno de los fraccionamientos, con expresa imposición de costas.
En este sentido, la parte demandante plantea 6 motivos de impugnación que van desde la no conformidad de la Orden con la Directiva 2012/27 y 14 de la Constitución (arts. 7.4 y 7.9), por considerar que el sistema de obligaciones impuestos es injusto, arbitrario y discriminatorio, a deficiencias de procedimiento en la aprobación de la Orden, en el entendido de que
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