Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 13 de mayo de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Clara Penín Alegre)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ CANT 483/2021 – ECLI:ES:TSJCANT:2021:483
Palabras Clave: Deslinde. Montes. Procedimiento administrativo.
Resumen:
El presente supuesto versa sobre la impugnación por parte de unos particulares de la Resolución del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, de 6 de febrero de 2019, de aprobación del deslinde parcial del monte “Soprado, El Pero y Mancorbo”, número 77 del Catálogo de Utilidad Pública de Cantabria, situado en el término municipal de Camaleño, y perteneciente a la Junta Vecinal de Argüébanes, y la Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, de 15 de enero de 2020, desestimatoria del recurso potestativo de reposición interpuesto contra la primera.
El litigio se centra en tres cuestiones que se resuelven como sigue.
La cuestión central es la aprobación del deslinde en un procedimiento administrativo que podría haber caducado y, por tanto, ser inválido. A estos
Aguas:
ARIAS GRAÑA, Pilar. La gestión de los servicios del ciclo urbano del agua. Revista de Derecho, Agua y Sostenibilidad, n. 2, 2018. Disponible en: http://redas.webs.uvigo.es/images/redas2/docad/docad_Pilar_Arias.pdf (Fecha de último acceso 14-07-2021).
ARIAS GRAÑA, Pilar. Propuesta de creación de una nueva entidad para gestionar el ciclo integral del agua. Revista de Derecho, Agua y Sostenibilidad, n. 4, 2020. Disponible en: http://redas.webs.uvigo.es/images/redas4/docad/docad_Pilar_Espin.pdf (Fecha de último acceso 14-07-2021).
ESPÍN LÓPEZ, Saturnino. La publicación en el trámite de información pública del procedimiento administrativo de aguas. Revista de Derecho, Agua y Sostenibilidad, n. 3, 2019. Disponible en: http://redas.webs.uvigo.es/images/redas3/docad/docad_Saturnino_Espin.pdf (Fecha de último acceso 14-07-2021).
QUINTANA MARTÍNEZ, Iván. Confirmación de la imposición de caudales ecológicos anteriores a la ley de aguas de 1985 y su indemnización. Revista de Derecho, Agua y Sostenibilidad, n. 5, 2021. Disponible en: http://redas.webs.uvigo.es/images/redas5/docad/docad_Saturnino_Espin_Ivan_Quintana.pdf (Fecha de último acceso 14-07-2021).
QUINTANA MARTÍNEZ, Iván. La no necesidad de realizar un previo deslinde para el ejercicio de las competencias de la administración hidráulica. Revista de Derecho, Agua y Sostenibilidad, n. 3, 2019. Disponible en: http://redas.webs.uvigo.es/images/redas3/docad/docad_ivan_quintana.pdf (Fecha de último acceso 14-07-2021).
Deslinde:
QUINTANA MARTÍNEZ, Iván. La no necesidad de realizar un
Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 26 de febrero de 2021 (Sala de lo contencioso administrativo. Ponente: María Nieves Buisan García)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: SAN 987/2021 – ECLI:ES:AN:2021:987
Palabras clave: Dominio público marítimo-terrestre. Duna. Playa. Costa. Deslinde de costas. Bien demanial.
Resumen:
El recurso que da lugar a esta sentencia fue interpuesto por el Ayuntamiento de la Villa de Noja frente a la Resolución del Ministerio de Transición Ecológica de 17 de octubre de 2018. Esta Resolución denegaba la solicitud del deslinde sobre el dominio público marítimo-terrestre (en adelante DPMT) aprobado por otra solicitud anterior en el ámbito de la marisma de El Joyel y las playas y sistemas dunares de El Ris y El Joyel, término municipal de Noja (Cantabria).
En resumen, la Resolución impugnada consideraba en cuanto a la inclusión en la zona de dominio público marítimo terrestre, del sistema dunar y del puntal lo siguiente: en lo referente a la situación del sistema dunar, su estudio se realizó mediante el
Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha de 29 de enero de 2021 (Sala de lo contencioso administrativo 1. Ponente: Felisa Atienza Rodríguez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: SAN 61/2021 – ECLI:ES:AN:2021:61
Palabras clave: Servidumbre de conservación. Red Natura 2000. Deslinde. Dominio público.
Resumen:
En esta sentencia, el objeto del recurso presentado a instancias de un particular afectado, es la Resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que desestima la solicitud de reducción de la anchura de la zona de servidumbre de protección en el término municipal de Ribadedeva (Asturias).
Los argumentos empleados en rechazar dicha solicitud son por un lado en la necesidad de que las distintas administraciones implicadas acepten dicha reducción, y que se cumplan los requisitos previstos en el art. 44.7 del Reglamento General de Costas, de los cuales solo entiende cumplido el primero de ellos consistente en que el terreno ha de estar más allá de 500 metros de la desembocadura a mar abierto más cercana. Sin embargo, ni el segundo
Decreto 7/2021, de 27 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Boletín Oficial Comunidad Madrid núm. 26, de 1 de febrero de 2021
Palabras clave: Vías pecuarias. Ganadería extensiva. Deslinde. Amojonamiento.
Resumen:
De conformidad con lo establecido en el artículo 27.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, esta tiene competencia, en el marco de la legislación básica del Estado, para el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución en materia de vías pecuarias.
Con la aprobación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el Estado estableció el régimen jurídico de las vías pecuarias, ejerciendo la competencia que le atribuye el artículo 149.1.23 de la Constitución para dictar la legislación básica sobre esta materia.
Respetando dicha legislación básica y en el ejercicio de la competencia que le atribuye el Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Madrid aprobó la Ley 8/1998, de 15 de junio, de
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