Agricultura:
RODGERS, Cristopher. Delivering a better natural environment? The Agriculture Bill and future agri-environment policy. Environmental Law Review, vol. 21, n. 1, marzo 2019, pp. 38-48. Disponible en: https://doi.org/10.1177%2F1461452918824504 (Fecha de último acceso 10-11-2021).
Alimentación:
LEES, Emma. Langton v Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs: Badger cull in the Court of Appeal. Environmental Law Review, vol. 22, n. 1, marzo 2020, pp. 43-48. Disponible en: https://doi.org/10.1177%2F1461452920915974 (Fecha de último acceso 10-11-2021).
Bienestar animal:
CASTRO ÁLVAREZ, Concepción. Un freno más del Tribunal Constitucional a la protección jurídica de los animales: (a propósito de la STC 81/2020, de 15 de julio, relativa a la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja). Revista Aranzadi de derecho ambiental, n. 48, 2021, pp. 235-256
Biodiversidad:
WARREN, Lynda M. Is Japanese Knotweed inherently damaging? Network Rail Infrastructure Ltd v Williams and Waistell [2018] EWCA Civ 1514. Environmental Law Review, vol. 21, n. 3, septiembre 2019, pp. 226-234
Cambio climático:
ANTONOPOULOS, Irene. The future of climate policymaking in light of Urgenda Foundation v
Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 18 de mayo de 2021 (Sala de lo contencioso administrativo número 1. Ponente: Eduardo Menéndez Rexach)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: SAN 2189/2021 – ECLI:ES:AN:2021:2189
Palabras clave: Caza. Granjas cinegéticas. Principio libre circulación. Principio igualdad.
Resumen:
En esta sentencia, el objeto de reclamación es la Resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se acuerda declarar la inadmisibilidad de la petición formulada por la ONG APADEVI, ejercitando el derecho fundamental de petición sobre cuestiones relacionadas con la actividad de la caza. En concreto, la demandante solicita que la caza infringe determinados principios constitucionales recogidos en los arts. 14, 19, 43, 45 de la Constitución y por consiguiente determine la prohibición de cazar en todo el territorio nacional y derogación de normativa al respecto.
Solicita igualmente, a su criterio, la modificación de la Ley Orgánica 10/95 del Código Penal en relación a la prohibición de la caza, a fin de que la misma sea considerada como ilegal, incluyéndose
Orden 17/2021, de 27 de septiembre, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, para la valoración de las especies cinegéticas en la Comunitat Valenciana
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Diario Oficial de la Comunidad Valenciana número 8189 de fecha 6 de octubre de 2021.
Palabras clave: Especies cinegéticas. Valoración económica. Daños ambientales.
Resumen:
La valoración de las especies cinegéticas en la Comunitat Valenciana atiende a la necesidad que se deriva la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunitat Valenciana, sobre el deber de fomento por el que los titulares cinegéticos están obligados e invertir en beneficio de las poblaciones silvestres al menos el 35 % del valor en vivo de las rentas cinegéticas. Así como, a la necesidad de determinar las indemnizaciones de los daños y perjuicios provocados por los infractores, conforme a lo indicado en el artículo 62 de la misma.
La Constitución Española, en su artículo 148.1.11.a y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en
Orden de 27 de julio de 2021 por la que se habilitan electrónicamente los procedimientos administrativos de plazo abierto del órgano competente en materia de biodiversidad, caza y pesca continental, y se habilitan en la sede electrónica de la Xunta de Galicia
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Diario Oficial de Galicia número 171, de fecha 6 de septiembre de 2021
Palabras clave: Habilitación electrónica. Biodiversidad. Caza y pesca.
Resumen:
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las ad- ministraciones públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, suponen un nuevo escenario normativo para la consolidación de la administración digital en las administraciones públicas y, por lo tanto, también en la Administración general y el sector público autonómico de Galicia. Con ellas, se da continuidad al reconocimiento legal del derecho de la ciudadanía a relacionarse con la Administración por medios electrónicos que ya realizaba la derogada Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 12 de julio de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María de la Encarnación Lucas Lucas)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 2829/2021 – ECLI:ES:TSJCL: 2021:2829
Palabras clave: Responsabilidad patrimonial. Accidente de tráfico. Animales de caza. Valla de cerramiento. Aseguradora.
Resumen:
Se impugna en este caso la desestimación por silencio administrativo de la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por la mercantil “Seguros catalana Occidente, S.A.” frente a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Los hechos devienen del accidente de tráfico acaecido el día 28 de marzo de 2018, a la altura del punto Kilométrico 8,500 de la carretera CL-631, Ponferrada-Villablino, como consecuencia de la irrupción súbita de un jabalí en la calzada. Como consecuencia del siniestro se ocasionaron daños personales y materiales tanto a la titular del vehículo – asegurada en la mercantil recurrente-, como a su ocupante.
La aseguradora alega que existe
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