Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de febrero de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Héctor García Morago)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CAT 3030/2015 – ECLI:ES:TSJCAT:2015:3030
Temas Clave: Ayuntamientos; Caza; Competencias
Resumen:
La Sala analiza el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Federación Catalana de Caza, contra el Decreto de 26 de julio de 2011 del alcalde de Santa Perpètua de Mogoda, a través del cual se prohibía la práctica de la halconería y la exhibición de cualquier ave de rapiña cautiva durante los meses de agosto a octubre en una zona del municipio, en tanto en cuanto no fuera aprobado el Plan Especial del “Parc de L´Espai de Gallecs”. Todo ello con la finalidad de proteger a la especie denominada “corriol de pit roig”.
Pues bien, dicha Federación aduce en su recurso, pretendiendo la anulación de dicho Decreto, el vicio de incompetencia por cuanto la regulación municipal estaba dirigida a impedir una determinada modalidad de caza al margen de la competencia que en materia de caza tiene reconocida la Generalitat de Catalunya, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 119
Acceso a la justicia:
RIQUELME SALAZAR, Carolina. “Los tribunales ambientales en Chile. ¿Un avance hacia la implementación del derecho de acceso a la justicia ambiental?”. Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 4, n. 1, 2013 pp. 1-43, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/view/370 [Fecha de último acceso 12 de septiembre de 2013].
Agricultura:
ALBRECHT, Juliane. “Planungsrechtliche Steuerung des Anbaus nachwachsender Rohstoffe unter besonderer Berücksichtigung von Natur und Landschaft”. Natur und recht, vol. 35, n. 8, agosto 2013, pp. 529-537
GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ, María Jesús. “La tributación de la actividad agrícola en Portugal: un estudio comparado”. Quincena fiscal Aranzadi, n. 3, 2013, pp. 87-113
Sentencia del Tribunal Supremo de veinte de septiembre de 2012 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 6144/2012
Temas Clave: Procedimiento elaboración planes rectores; informes de Administraciones autonómicas y locales; participación de Ayuntamientos
Resumen:
El Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación interpuesto por entidad mercantil contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 11 de junio de 2010, sobre aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Regional en torno a los Ejes de los Cursos Bajos de los Ríos Manzanares y Jarama, siendo parte demandada la Comunidad Autónoma de Madrid.
El recurso inicial se basó en la
ARTÍCULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS:
Aguas:
VGH Kassel. “Urteil vom 1. September 2011 – 7 A 1736/10 Drittschutz im Wasserrecht”. ZUR – Zeitschrift für Umweltrecht, n. 2, 2012
Aguas subterráneas:
VGH Mannheim. “Stuttgart 21 – Umplanung des Grundwassermanagements”. Natur und recht, vol. 34, n. 2, 2012, pp. 130-135
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede Valladolid), de 29 de diciembre de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1, Ponente: Francisco Javier Zatarain Valdemoro)
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable de la Unidad de Investigación y Formación del CIEDA- CIEMAT
Fuente: ROJ TSJ CL 6957/2011
Temas Clave: Dominio Público Hidraúlico; Infracción por parte de un Ayuntamiento; Construcción de obras en tramo urbano del arroyo; Competencias
Resumen:
En este caso concreto se recurre por parte del ayuntamiento de Vegaquemada la resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero por la cual se le impuso una multa por importe de 30.050,61 como autor de una falta menos grave contra el Dominio Público Hidraúlico (en adelante, DPH) así como una indemnización de 3.498,00 euros por los daños causados y a la reposición de las cosas a su estado original.
El ayuntamiento alega en primer lugar prescripción de la acción para sancionar la infracción. Añade que la construcción de una escollera de 160 metros lineales en el cauce del arroyo Juncosa, a su paso por su propio término municipal, no
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