Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 14 de abril de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ramón Sastre Legido)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ CL 1532/2016 – ECLI:ES:TSJCL:2016:1532
Temas Clave: Suelo rústico; Autorización de uso excepcional; Actividad extractiva; Actividad industrial
Resumen:
El recurso contencioso-administrativo planteado por un particular deviene de la Orden de 3 de marzo de 2014 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) de Salamanca de 17 de septiembre de 2009 por el que se le denegó la autorización de uso excepcional en suelo rústico para el proyecto de instalación de una planta de corte de roca ornamental en una parcela del término municipal de Calvarrasa de Abajo (Salamanca), confirmada a través de la desestimación del recurso por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca.
La sentencia de instancia vino a señalar que no era necesaria la retroacción de actuaciones para subsanar la falta de documentación apreciada por
Actividades marítimas:
ARROYO MARTÍNEZ, Ignacio. “La Ley de Navegación Marítima: consideraciones generales”. Anuario de derecho marítimo, n. 31, 2014, pp. 23-35
COSTA GOMES, M. Januário. “Derecho de control y transferencia de derechos en las Reglas de Rotterdam”. Anuario de derecho marítimo, n. 31, 2014, pp. 127-149
DOMÍNGUEZ CABRERA, María del Pino. “La protección medioambiental del espacio marítimo interinsular canario”. Anuario de derecho marítimo, n. 31, 2014, pp. 195-215
RUEDA MARTÍNEZ, José Alejo. “Acerca del Memorandum of Agreement Norwegian Saleform 2012”. Anuario de derecho marítimo, n. 31, 2014, pp. 37-96
Agricultura:
ABREU BARROSO, Lucas. “Por una nueva función de la propiedad en el derecho agrario contemporáneo”. Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, n. 19, marzo 2016, pp. 1-9, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.ijeditores.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=7905a4c48f6c5df83c96af9eaf5f7976 [Fecha de último acceso 28 de junio de 2016].
BENELLI, Massimiliano; CIANFONI, Luca. “La politica di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione europea”. Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici, vol. 36, n. especial 2015, pp. 125-143, [en línea]. Disponible en Internet: http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Supplemento%20_2015/Benelli.pdf [Fecha de último acceso 28 de junio de 2016].
CANTÓ LÓPEZ, María Teresa. “La política agrícola común en el horizonte de 2020 y el reto de la adaptación
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Eduardo Calvo Rojas)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STS 1748/2016 – ECLI:ES:TS:2016:1748
Temas Clave: Hidrocarburos; Permiso de investigación; Medidas de protección medioambiental; Evaluación ambiental; “Proyectos” singulares de actividad industrial
Resumen:
Conoce la Sala del recurso contencioso administrativo formulado por la Asociación “Ecologistas en Acción de Guadalajara” contra el Real Decreto 317/2013, de 26 de abril, por el que se otorga a “Frontera Energy Corporation, S.L.”, el permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Cronos», por un periodo de seis años en una zona de 96.961 hectáreas que abarca el territorio de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Con carácter previo, expone algunas de las notas esenciales del Real Decreto relacionadas con el contenido de la autorización otorgada: trabajos mínimos, posibilidad de renuncia al permiso, inversión y constitución de seguro de responsabilidad civil. Asimismo, se detiene en las medidas de protección medioambiental requeridas por la norma y en los requerimientos para la obtención de otras autorizaciones subsiguientes al permiso de investigación.
En primer
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 2 de febrero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Clara Penin Alegre)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CANT 248/2016 – ECLI:ES:TSJCANT:2016:248
Temas Clave: Antenas de telefonía; Autorizaciones y licencias; Competencias; Contaminación electromagnética; Telecomunicaciones; Urbanismo
Resumen:
En la línea de otras sentencias comentadas en esta REVISTA, concernientes a la regulación municipal por ordenanza de la ubicación e instalación de antenas de telefonía móvil, se analiza la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del TSJ de Cantabria de 2 de febrero de 2016, que examina el recurso interpuesto por una operadora móvil contra la modificación de la ordenanza reguladora de las condiciones urbanísticas de la localización de instalaciones de telefonía móvil celular y otros equipos radioeléctricos de telefonía en el municipio de Marina de Cudeyo (Cantabria).
Al igual que ha ocurrido con otros pronunciamientos judiciales ya estudiados anteriormente, los recurrentes basan su recurso en primer lugar en la ausencia de la emisión de informe por parte de la administración general del Estado, arguyendo la aplicación del artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 29 de enero de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Teresa Gómez Pastor)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 2097/2016 – ECLI:ES:TSJAND:2016:2097
Temas Clave: Antenas de telefonía; Autorizaciones y licencias; Competencias; Contaminación electromagnética; Telecomunicaciones; Urbanismo
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una empresa de telecomunicaciones contra la Ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Torrox (Málaga).
Dos son los motivos en los que basan sus pretensiones anulatorias. El primero, concerniente a la vulneración del artículo 26 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Comunicaciones -actualmente, artículo 35.2 de la vigente Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones-, al no haber recabado el ayuntamiento el preceptivo informe sectorial de la administración central. El segundo, al invadir la Ordenanza impugnada las competencias del Estado en materia de telecomunicaciones, al establecerse normas de protección superiores a las fijadas por el legislador nacional.
En cuanto al primero de los motivos, es desestimado por la Sala, al entender que, en aplicación de la doctrina
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