Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 4 de marzo de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Casiano Rojas Pozo)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ EXT 235/2021 – ECLI:ES:TSJEXT:2021:235
Palabras clave: Minería. Uranio. Permisos de exploración e investigación. Evaluación de impacto ambiental. Plan de restauración. Información pública. Red Natura 2000.
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo formulado por la mercantil “QBIS RESOURCES S.L.” contra la resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de fecha 17/07/2019, que estima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, de fecha 18/10/2018, por la que se otorgó a la hoy recurrente el permiso de investigación de los recursos de la Sección d) (uranio), denominado “ÁNSAR” y la autorización de su plan de restauración, anulando y dejándola sin efecto.
Es parte demandada la Junta de Extremadura y codemandada la “S.C. CABRA ALTA Y BAJA”.
La recurrente alega como motivos de recurso (1) la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 29 de enero de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: María Azucena Recio González)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ GAL 643/2021 – ECLI:ES:TSJGAL:2021:643
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Dominio público marítimo-terrestre. Procedimiento sancionador.
Resumen:
El pronunciamiento de autos resuelve la apelación de la Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº1 de Pontevedra, de 5 de diciembre de 2019, que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la Resolución de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta de Galicia (APLU), de 13 de junio de 2018, desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la Resolución de 24 de agosto de 2015, que sancionó a la Asociación apelante al pago de una multa de 298.340,22€ y a la demolición de un complejo residencial compuesto de casetas prefabricadas, caravanas, tiendas de campaña y vías de acceso en zona de servidumbre de protección de costas. La Asociación se limita a impugnar los fundamentos jurídicos referidos
Agricultura:
AMADO GOMES, Carla. O direito da agricultura biológica: notas sobre o regime jurídico português. Diálogo ambiental, constitucional e internacional, vol. 10, 2018, pp. 305-329. Disponible en: http://www.dialogoaci.com/wp-content/uploads/2018/04/Dia%CC%81logo-ambiental-constitucional-e-internacional-VOL-10_EB.pdf (Fecha de último acceso 11-05-2021).
AMAT LLOMBART, Pablo. Contratación de productos agrarios en la cadena alimentaria y prácticas comerciales desleales a propósito de la transposición de la Directiva 2019/633. Revista de derecho agrario y alimentario, n. 77, 2020, pp. 7-67.
BEZERRA, Lucas. Para uma introdução à questão agraria brasileira no pensamento do Caio Prado Júnior. Argumentum, vol. 11, n. 1, 2019, pp. 200-212. Disponible en: https://doi.org/10.18315/argumentum.v11i1.19754 (Fecha de último acceso 11-05-2021).
GÓMEZ-ACEBO Pombo Abogados. La Comisión Europea lanza dos consultas públicas sobre la extensión de la normativa UE en materia de ayudas de Estado en el sector agrícola, pesquero, rural y forestal. Unión Europea Aranzadi, n. 3, 2020.
HEYL, Katharine et al. The Common Agricultural Policy beyond 2020: a critical review in light of global environmental goals. Review of European, Comparative and International Environmental Law (RECIEL), vol. 30, n. 1, abril 2021, pp. 95-106. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12351 (Fecha de último acceso 12-05-2021).
LEMOS POSSAS, Thiago. A reforma agraria
La Central Nuclear de Cofrentes continuará funcionando hasta el 30 de noviembre de 2030
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Orden TED/308/2021, de 17 de marzo, por la que se concede la renovación de la autorización de explotación de la Central Nuclear de Cofrentes. (BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2021)
Palabras clave: Energía nuclear. Autorización. Central Nuclear de Cofrentes.
Resumen:
A través de esta Orden se otorga a la entidad Iberdrola Generación Nuclear, S.A.U., la renovación de la autorización de explotación de la Central Nuclear de Cofrentes, que producirá efectos a partir del 20 de marzo de 2021 y tendrá validez hasta el 30 de noviembre de 2030, que será la fecha de cese definitivo de explotación.
La explotación de la central se llevará a cabo de acuerdo con los límites y condiciones contenidos en el anexo de la orden.
Esta autorización podrá dejarse sin efecto, en cualquier momento, si se comprobase: 1) El incumplimiento de los límites y condiciones anejos; 2) La existencia de
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2021 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Eduardo Calvo Roja)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 790/2021- ECLI: ES: TS: 2021:790
Palabras clave: EIA. Prórroga concesión. Nueva evaluación.
Resumen:
La presente Sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo núm. 65/2019 interpuesto por Asociación Alianza Mar Blava, contra el Real Decreto 1519/2018, de 28 de diciembre, por el que se otorga la segunda prórroga a la concesión de explotación de hidrocarburos «Casablanca», siendo parte demandada la Administración del Estado, y codemandadas las entidades Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., Cepsa E.P España, S.L.U., Cnwl Oil España, S.L., y Petroleum Oil & Gas España, S.A. Debe señalarse que la explotación de hidrocarburos citada se encuentra situada frente a las costas de Tarragona, y que fue otorgada por el Real Decreto 3046/1978, de 3 de noviembre, por un período de 30 años, a favor de un grupo de sociedades, que, a día de hoy, está integrado por las codemendadas. La primera prórroga se otorgó por diez años, y fue acordada por Real Decreto
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