Acceso a la justicia:
GÓMEZ EXPÓSITO, Álvaro. Secretos empresariales y derecho de acceso a la información ambiental. Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 12, n. 2, 2022. Disponible en: https://revistes.urv.cat/index.php/rcda/article/view/3136 (Fecha de último acceso 07-10-2022).
Agricultura:
GUZMÁN, G.; BOUHMADI, A.; GÓMEZ, J.A. Expansion of olive orchards and their impact on the cultivation and landscape through a case study in the countryside of Cordoba (Spain). Land use policy: The International Journal Covering All Aspects of Land Use, vol. 116, mayo 2022.
Aguas:
GUILLOUD-COLLIAT, Laetitia. Le règlement du 25 mai 2020 sur la réutilisation de l’eau: une nouvelle histoire d’eau. Revue du droit de l’Union Européenne, n. 2, 2022, pp. 207-222.
Alimentación:
BIANCHI, Daniele. Souberaineté alimentaire: les outils juridiques au niveau européen à la lumière de la récente réforme de la PAC et du Green Deal. Revue du droit de l’Union Européenne, n. 2, 2022, pp. 175-191.
COBO ROMANÍ, Nicolás; LESSA CARVALHO, Fábio Lins. Restrições aos alimentos ultraprocessados: desafíos para observancia dos compromisos da Organização Mundial do Comércio. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos, vol. 42, n. 87, 2021, pp. 1-29. Disponible en: https://doi.org/10.5007/2177-7055.2021.e83028 (Fecha
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 31 de mayo de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Ana Irurita Diez de Ulzurrun)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ NA 302/2022 – ECLI:ES:TSJNA:2022:302
Palabras clave: Acceso a la justicia. Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Convenio de Aarhus). Declaración de impacto ambiental. Evaluación de impacto ambiental (EIA). Participación. Procedimiento administrativo. Clasificación de suelos. Ordenación del territorio. Planeamiento urbanístico. Urbanismo.
Resumen:
Se interpone recurso contencioso administrativo contra la Orden Foral 101E/2021 de 27 de abril de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se inadmite el recurso de alzada interpuesto contra Resolución 1470E/2020, de 28 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental de cuatro parques eólicos El Montecillo”, “La Senda”, “Corral del Molino II” y “Volandin”, en Corella, Tudela, Fontellas y Ablitas.
Cabe indicar, de forma previa, que la recurrente en ningún momento denominó a su primer escrito como recurso de alzada, sino que lo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 17 de marzo de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Ramón Sastre Legido)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ CL 1152/2022 – ECLI:ES: TSJCL: 2022:1152
Palabras clave: Acción popular ambiental. Legitimación. Expediente sancionador. Acceso a la información. Participación pública.
Resumen:
La Sala conoce del recurso de apelación formulado por la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Castilla y León (AGERDCYL) contra la sentencia de 3 de mayo de 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Valladolid, que a su vez desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio del recurso de alzada formulado contra la resolución de 11 de noviembre de 2019 del Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que desestimó la personación de dicha Asociación en el expediente sancionador VARES-55-2019.
La parte apelante pretende que se revoque dicha sentencia y que se reconozca su legitimación en el ejercicio de la acción popular
Acceso a la justicia en materia de medio ambiente, Fundación Abogacía Española, 7 de junio de 2022
Palabras clave: Acceso a la justicia. Derecho ambiental. Delitos contra el medio ambiente. Formación.
Resumen:
El Aula de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía Española organiza junto al Ilustre Colegio de Abogados de Granada y el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza el seminario “Acceso a la justicia en materia de medio ambiente”. Se abordarán temas como: el derecho al medio ambiente y su regulación en el derecho internacional, en el derecho de la Unión Europea, en el Convenio de Aarhus y en la Constitución Española; el marco de la protección jurídica del medio ambiente frente a actos de la Administración, recursos administrativos y judiciales; los delitos contra el medio ambiente y su tratamiento procesal; las acciones civiles para la protección del medio ambiente.
Lugar: Colegio de Abogados de Zaragoza & Granada. Presencial en C/ Don Jaime I 18, Zaragoza & Online
Fecha: 7 de junio de 2022, 18 h.
Programa:
18.00 – 18.15: Inauguración de la jornada
Francisco Segovia Losa, coordinador de la Fundación de la Abogacía Española Ignacio Joya Amezcua, presidente de la Comisión de Formación y Grupos
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 8 de febrero de 2022 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Clara Penin Alegre)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CANT 151/2022- ECLI:ES:TSJCANT:2022:151
Palabras clave: Acceso a la justicia. Caza. Información ambiental. Instrumentos de planificación. Participación. Ordenación de los recursos naturales.
Resumen:
La sentencia que traemos a colación versa sobre la impugnación de la Orden MED/5/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria.
La recurrente, una asociación que vela por la conservación el estudio del lobo, alega, en primer lugar, un defecto de forma. En concreto, alega la ausencia de un informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente, exigido por la Decreto 129/2006, de 14 de diciembre. A estos efectos la Sala se remite al artículo 2.1.a) del mencionado decreto, para concluir que no existe una obligación de recabar dicho informe en el caso de una orden, sino que la presidencia del Consejo ostenta la potestad para proponer su emisión.
En cuanto a los motivos de fondo, la recurrente
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