Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de septiembre de 2024: la República de Malta ha incumplido la Directiva 2009/147, de conservación de las aves silvestres (arts. 5; 8.1; y 9.1) al permitir la captura de ejemplares vivos de siete especies de fringílidos silvestres con fines de investigación
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo de investigación Legambiental (GIUV2013-142)
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, asunto C‑23/23, ECLI:EU:C:2024:760
Palabras clave: Aves silvestres. Fringílidos silvestres. Captura. Prohibición. Régimen de excepciones. Investigación
Resumen:
La Comisión Europea, tras instruir el correspondiente procedimiento de infracción, interpuso recurso por incumplimiento contra la República de Malta, por entender vulneradas las obligaciones impuestas a los Estados por la Directiva 2009/147, de conservación de las aves silvestres (en adelante, Directiva de aves) en sus arts. 5 y 8.1, en conexión con el art. 9.1. En concreto, la Comisión cuestionaba el régimen de excepciones establecido en dicho Estado y que permite capturar con trampa, con fines de investigación, ejemplares vivos de siete especies de fringílidos silvestres, esto es, el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el pardillo común (Carduelis cannabina), el jilguero europeo (Carduelis carduelis), el verderón
Decreto 16/2024, de 29 de agosto, por el que se regula el régimen de vigilancia, inspección y control de las actividades e instalaciones potencialmente contaminadoras en Castilla y León, y se crea y regula el Registro de Organismos de Control Ambiental Acreditados
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable de la Unidad de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOCyL n. 170, de 2 de septiembre de 2024
Palabras clave: Organismos de Control Ambiental Acreditados. Seguridad industrial. Registros. Inspecciones ambientales.
Resumen:
El presente Decreto establece y regula el sistema de vigilancia, inspección y control, que hace uso de los diferentes recursos materiales y humanos disponibles, avanza en la simplificación administrativa, la corresponsabilidad y la confianza en los agentes económicos, y contribuye a minimizar el gasto público aplicando el principio de «quien contamina paga». Para ello, se utiliza la figura de los Organismos de Control y el marco jurídico sobre seguridad industrial creado por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que los configura como entidades, con personalidad jurídica, que disponen de medios materiales y humanos, así como de solvencia técnica y financiera, para verificar que las instalaciones y los productos industriales
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Logroño, 25 de junio de 2024 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Jesús Miguel Escanilla Pallas)
Autor: Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. IESA-CSIC
Fuente: Roj: STSJ LR 301/2024 – ECLI:ES: TSJLR: 2024:301
Palabras clave: Biodiversidad. Especie cinegética. Plan técnico caza. Coto de caza. Caza tradicional. Principio de jerarquía normativa. Principio de legalidad.
Resumen:
El presente pronunciamiento judicial tiene como objeto el recurso interpuesto contra la Resolución del Gobierno de La Rioja que desestima el Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución del Director General de Biodiversidad en la cual se procede a la aprobación de un Plan Técnico de Caza de Coto.
En el recurso expuesto, se solicita la anulación de la Resolución, el motivo está fundamentado en relación a la exclusión que contiene de los puestos de paloma indicados en el Plan Técnico de Caza un Coto de Caza para su aprobación por la Consejería demandada. Al mismo tiempo, se solicita que se declare finalmente que se ha de establecer la inclusión de los citados puestos de paloma en la aprobación de tal Plan Técnico de Caza.
En el acto administrativo de la Resolución
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 20 de marzo de 2024 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Manuel Izquierdo Salvatierra)
Autora: María Pascual Núñez. Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ AND 7529/2024 – ECLI: ES:TSJAND:2024:7529
Palabras clave: Calidad del agua. Aguas subterráneas. Ganadería. Autorizaciones y licencias. Evaluación de impacto ambiental (EIA). Confederación Hidrográfica. Planeamiento urbanístico. Principio de precaución.
Resumen:
El pronunciamiento que hoy analizamos resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Federación Provincial de Ecologistas en Acción contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería. La sentencia de instancia versa sobre la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud de licencia de obra y la calificación ambiental para la construcción de una nave ganadera y una explotación porcina de cebo por parte de una mercantil.
Los motivos de apelación se centran en la suspensión de las licencias debido a modificaciones del PGOU de Huércal Overa, la falta de respuesta motivada por parte de la Administración a las alegaciones presentadas durante la exposición pública y la carencia de una adecuada valoración de los efectos medioambientales de la explotación, particularmente sobre el
Título: Transparencia y datos de alto valor ambiental al servicio de la protección del medio ambiente
Title: Transparency and high-value datasets environmental at the service of environmental protection
Autor: Josep Ochoa Monzó, Profesor Titular de Derecho Administrativo (Universidad de Alicante). Director de la Cátedra de Buen Gobierno y Transparencia (Generalitat Valenciana-Universidad de Alicante)
Fecha de recepción: 17/06/2024
Fecha de aceptación: 30/08/2024
DOI: https://doi.org/10.56398/ajacieda.00383
Documento completo: Transparencia y datos de alto valor ambiental al servicio de la protección del medio ambiente
Resumen:
La regulación de la transparencia administrativa, ya con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las normas autonómicas o la legislación sectorial como la ley 27006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, imponen obligaciones de publicidad activa en materia ambiental. Esta información también se encuentra en registros públicos, o archivos administrativos y es generada en la elaboración de planes, estudios, informes, autorizaciones administrativas con un efecto significativo sobre el medio ambiente. Pero también en la publicidad activa derivada de la contratación del sector público,
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