Sentencia 482/2016 de la Audiencia Nacional, de 23 de septiembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8, Ponente: Fernando Luis Ruiz Piñeiro)
Autora: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: SAN 3654/2016 – ECLI: ES:AN:2016:3654
Temas Clave: Transporte ferroviario; Estudio informativo; Evaluación de impacto ambiental; Contaminación acústica
Resumen:
En este supuesto concreto, la Associació de Campings de Tarragona, Costa Dourada i Terres de L’Ebre formula recurso de apelación frente a la sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 3, de fecha 20 de julio de 2015, que confirmó la resolución del Presidente de ADIF de 30 de agosto de 2013 que desestimó los recursos de reposición contra dos proyectos de construcción para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo.
Vaya por delante que la Sala confirma en todos sus términos el contenido de la sentencia del Juzgado Central y se ampara en su fundamentación jurídica.
En primer lugar, la recurrente sostiene que el proyecto debía haberse sometido a la aprobación de un estudio informativo. Pretensión rechazada por cuanto en aplicación de la normativa del sector ferroviario, estos proyectos no suponen
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 19 de septiembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Prendes Valle)
Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CLM 2492/2016 – ECLI:ES:TSJCLM:2016:2492
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Evaluación de impacto ambiental (EIA)
Resumen:
La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una asociación ecologista contra la Resolución de 23 de noviembre de 2011 de los Servicios Periféricos de Agricultura de Toledo, sobre la evaluación de impacto ambiental del expediente de planta piloto de molienda de Clinker de 432.000 toneladas anuales de capacidad.
El núcleo de la controversia se fija en dirimir si es necesario o no someter el expediente cuya actividad pretende implantarse al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), pues la Administración consideraba que no resultaba necesario, mientras que la asociación recurrente consideraba que sí, al entender que se trataba de una fábrica de cemento con unas características específicas que suponían su inclusión en el Anexo de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha.
Conviene advertir, además, que inicialmente este recurso fue desestimado por la Sala
Decreto 128/2016, de 25 de agosto, por el que se regula la certificación energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Galicia
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT)
Fuente: DOG núm. 186, de 29 de septiembre de 2016
Temas clave: Economía sostenible; Edificación; Eficiencia energética
Resumen:
A través de la aprobación de este Decreto se pretende el desarrollo por parte de la Comunidad Autónoma de Galicia del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, el cual, a su vez, transponía al ordenamiento español la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. Como novedad la nueva normativa, tanto estatal como autonómica, regula la eficiencia energética tanto de edificios de nueva construcción como de los existentes.
De esta forma, el Decreto tiene por objeto -artículo 1- el desarrollo de la regulación del procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios situados en el ámbito de la Comunidad Autónoma, teniendo como finalidades, entre otras, la de contribuir
Establecimiento de la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera y regulación de las actividades de extracción de flora y fauna marina y las actividades subacuáticas
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Decreto 62/2016, de 7 de octubre (BOIB núm. 128, de 8 de octubre de 2016)
Temas Clave: Reserva marina; Biodiversidad; Especies y ecosistemas marinos; Pesca, Paisaje
Resumen:
Las reservas marinas son áreas marinas donde se limita la explotación de los recursos marinos vivos para incrementar la repoblación de alevines y fomentar la proliferación de las especies marinas objeto de explotación o proteger los ecosistemas marinos con características ecológicas diferenciadas.
En el área marina del Freu de sa Dragonera, que presenta un considerable valor ecológico y pesquero, se puede encontrar una alta diversidad de hábitats y comunidades en un área relativamente reducida. Los paisajes submarinos de Sa Dragonera son una exposición de los que se pueden ver en el litoral de Mallorca, donde destacan las praderas de posidonia oceánica, muy extendidas hacia el sur, las cuales actúan como zonas de gran producción biológica y de repoblación de alevines de especies de interés pesquero.
Se aprueba una modificación de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, relativa a las zonas húmedas
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: DOCV núm. 7888, de 5 de octubre de 2016
Temas Clave: Espacios naturales protegidos; Humedales
Resumen:
A través de la Ley 7/2016, de 30 de septiembre, se ha reformado el artículo 15.1 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos.
A través de la modificación de este artículo, se ha suprimido la necesidad de que, para que un espacio sea considerado como zona húmeda, deba estar “debidamente catalogado”.
De esta manera, se consigue que todas las zonas húmedas, con independencia de su catalogación, se sometan al régimen de protección previsto en el apartado 2º de este artículo 15, en cuya virtud «deberán ser preservadas de actividades susceptibles de provocar su recesión y degradación, a cuyo fin los terrenos incluidos en las mismas serán clasificados, en todo caso, como suelo no urbanizable sujeto a especial protección […]», y en cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la
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