Aguas:
FERNÁNDEZ TORRES, Juan Ramón. “La paradoja de la insuficiencia de recursos hídricos hunde el Plan General de Santander: a propósito de la STS de 8 de noviembre de 2016 (RC 2682/2015)”. Revista de Administración Pública, n. 203, mayo-agosto 2017, pp. 165-183
Contaminación acústica:
PÉREZ SÁEZ, Rocío. “Ruido: en materia de ruido se considera inactividad administrativa la adopción de medidas ineficaces para evitarlo”. La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, n. 9, 2017, pp. 163-167
SOSPEDRA NAVAS, Francisco José. “Ordenanzas municipales: contenido y límites de los Planes de Protección Acústica en Zonas de Protección Especial: comentario a la STS, Sección 4ª, de 13 de junio de 2017”. La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, n. 9, 2017, pp. 139-146
Urbanismo:
XIOL RÍOS, Carlos. “Urbanismo: necesidad de información pública en el procedimiento de aprobación de normas urbanísticas de urgencia”. La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, n. 9, 2017, pp. 147-152
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 12 de septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Ramón Chaves García)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AS 2776/2017 – ECLI:ES:TSJAS:2017:2776
Temas Clave: Actividades clasificadas; Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Convenio de Aarhus); Información ambiental
Resumen:
Una comunidad de propietarios solicitó en su día copia del proyecto LIFE BIOBALE al ayuntamiento de Navia (Principado de Asturias). LIFE BIOBALE, según la información consultada en la página web creada al efecto de darlo a conocer, es un «proyecto europeo basado en el diseño y construcción de una planta demostradora de cogeneración, enmarcado dentro del programa LIFE+ de Medioambiente, cambio climático y energía, cuyo principal objetivo es mejorar la protección del medioambiente reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero». El presupuesto total de este proyecto es de 1.744.893 euros, siendo que 872.444 euros provendrían de financiación comunitaria. Hay que tener en cuenta que dicho proyecto se enmarca dentro del procedimiento de autorización de actividad
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 11 de septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Valentin Jesus Varona Gutierrez)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3169/2017 – ECLI: ES:TSJCL:2017:3169
Temas Clave: Responsabilidad patrimonial; Lobo; Sistema de ayudas; Daños
Resumen:
El presente recurso trae causa de la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud formulada por una mercantil con fecha 15 de diciembre de 2015, ante el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los ataques de lobos en la explotación ganadera de su propiedad en la finca Batanejos-Campo Azalvaro, sita en término municipal de Navas de San Antonio (Segovia), por importe de 33.644,50 euros.
He seleccionado esta sentencia porque a través de su contenido se efectúa un pormenorizado repaso de la postura mantenida por la Sala del TSJ y por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en orden a la concurrencia de los requisitos legal y jurisprudencialmente exigibles para apreciar
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 25 de julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Ana María Victoria Martínez Olalla)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: TSJ CL 3112/2017 – ECLI: ES:TSJCL:2017:3112
Temas Clave: Montes; Minas; Concesión; Uso privativo
Resumen:
La Junta Vecinal de Villanueva de la Tercia impugna el acuerdo 28/2014, de 27 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se otorga a Explotaciones Suabar, S.L. la concesión de uso privativo de 11,17 ha en el monte “La Cabra y La Rasa” nº 981 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de León del que es titular, sito en el término municipal de Villamanín, y el acuerdo de la misma Junta de Castilla y León de 9 de abril de 2015, por el que se desestima el recurso de reposición presentado contra aquel. Pretende su anulación así como la de la Circular 1/2013 del Director General de Energía y Minas.
La Administración autonómica fundamenta sus resoluciones en que por parte de la mercantil se solicita la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 7 de septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José Santos Gómez)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 7921/2017 – ECLI:ES:TSJAND:2017:7921
Temas Clave: Comunidades Autónomas; Competencias; Costas; Instrumentos de planificación; Ordenación del litoral; Ordenación del territorio
Resumen:
Con fecha de 26 de mayo de 2015, se aprobó por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (Decreto 141/2015) . Conviene aclarar ya, por la fuerte implicación que esta circunstancia tiene en el resultado del pleito, que este Plan fue aprobado estando el Gobierno de Andalucía en funciones.
Bien, este instrumento territorial está contemplado en el artículo 5 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía, justo por debajo jerárquicamente del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que es el marco de referencia territorial para los demás planes regulados en esta norma andaluza.
En cualquier caso, su regulación detallada se halla en el artículo 42 de la norma andaluza, señalando en su apartado 1 que tiene por objeto «establecer
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