Aguas:
OCHOA FIGUEROA, Alejandro. “Ilícito penal e ilícito administrativo en el ámbito del medioambiente: especial consideración de la tutela del agua”. Tesis doctoral dirigida por la Dra. Carmen Armendáriz León. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Penal, 2013. 491 p.
RENTERÍA RODRÍGUEZ, María Teresa. “Participación ciudadana y gestión del agua: el caso de la recuperación ambiental del río Ayuquila”. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Felipe Javier Hernando Sanz. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, 2016. 538 p., [en línea]. Disponible en Internet: http://eprints.ucm.es/39481/ [Fecha de último acceso 22 de mayo de 2018].
VEGA LÓPEZ, Obdulia María del Socorro. “Gobernanza del agua en México 1984-2014: derecho humano al agua, relaciones intergubernamentales y la construcción de ciudadanía”. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Raúl Pacheco Vega y la Dra. María Esther del Campo García. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de Políticas y Sociología, 2016. 318 p., [en línea]. Disponible en Internet: http://eprints.ucm.es/37721/ [Fecha de último acceso 22 de mayo de 2018].
Alimentación:
CAPÓ MARTÍ, Miguel Andrés. “Aspectos ecogenéticos y legislativos aplicados a la transgénesis de animales y alimentos”. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Andrés Santiago Sáez, la Dra.
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 26 de abril de 2018, que declara el incumplimiento de la República de Bulgaria de la Directiva 2009/147, relativa a la conservación de las aves silvestres (art. 4.1), por no haber incluido todo el territorio idóneo en la Zona de protección especial (ZEP) denominada Rila
Autora: Inmaculada Revuelta Pérez, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), Asunto C-97/17, ECLI:EU:C:2018:285
Temas Clave: Natura 2000; Zonas especiales de protección; Clasificación; Inventarios BirdLife Internacional; criterios ornitológicos
Resumen:
La Sentencia fiscaliza la superficie afectada por la declaración de la Zona especial de protección “Rila” y trae causa de la demanda que interpuso la Comisión a raíz de la denuncia de la asociación búlgara de protección de las aves miembro de BirdLife Internacional por las deficiencias en la clasificación de estos espacios. La Comisión sostenía que dicha declaración era insuficiente y que la superficie no clasificada, ocupada por bosques antiguos de coníferas propicias para proteger las relevantes poblaciones de diversas especies de aves (entre otras, mochuelo alpino, mochuelo boreal, pico tridáctilo, águila real, urogallo común, halcón peregrino, picamaderos negro, pico dorsiblanco, chotacabras europeo o grévol)
La Sentencia
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2018 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, Ponente: José Manuel Bandres Sánchez-Cruzat)
Autora: Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 1529/2018- ECLI: ES: TS: 2018:1529
Temas Clave: Energías renovables; autoconsumo; regulación
Resumen:
La Sentencia seleccionada en esta ocasión resuelve el recurso núm. 001/4263/2015 interpuesto, entre otros, por Lasal del Varador, S.L, ; Solartys; Clúster d’Eficieéncia Energética de Catalunya; Alternativa Verda; Dia de la Terra; Grup de Cientifics i Tècnics per un Futur no Nuclear; Eurosolar, sección española y Solar Tradex y Greenpeace España, contra el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. Son partes demandadas tanto la Administración General del Estado como Iberdrola España, S.A.
Los demandantes solicitaban, así, la nulidad de los artículos 2, 3.1.m), 4.1.a) y 4.3, 5.1.a), 5.2.b), 7, 8.1, 11.2, 12.2, 17, 18, 25 y las Disposiciones Transitorias 1 ª, 3 ª y 4ª y los Anexos I y IV del Real Decreto 900/2015, en la medida en que son contrarios
Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOE núm. 105, de 1 de mayo de 2018
Temas Clave: Energía; Combustibles; Contaminación atmosférica; Información; Transporte
Resumen:
Como máximo, el 31 de diciembre de 2020, deben haberse reducido las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida por unidad de energía del carburante o por energía suministrados, hasta el 10 por ciento, un 6 por ciento con carácter obligatorio y el 4 por ciento restante indicativo, en comparación con el nivel medio de emisiones de
Decreto 57/2018, de 15 de mayo, por el que se regulan los cambios de uso de suelo forestal a cultivos agrícolas en la Comunidad Autónoma de Extremadura
Autor: Dr. Fernando López Pérez. Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: DOE núm. 97, de 21 de mayo de 2018
Temas clave: Agricultura; Autorizaciones y licencias; Montes; Uso forestal
Resumen:
El objeto de esta disposición es regular el procedimiento administrativo de autorización del cambio de uso forestal a cultivos agrícolas permanentes que se lleven a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En este sentido, y atendiendo a la numerosa legislación existente en la materia, así se manifiesta en el expositivo del Decreto, resulta conveniente ordenar y actualizar dicho procedimiento incluyendo referencias a todas las normas que resulten de aplicación, tales como la estatal Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; la modificación de la también estatal Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, operada por la Ley 21/2015, de 20 de julio, o las autonómicas Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura y Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, entre otras normas.
Con
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