Decreto 52/2021, de 9 de abril, del Consell, de aprobación de los estatutos de la Agència Valenciana de Protecció del Territori
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Boletín Oficial de la Generalitat Valenciana. Número 9070 de 27 de abril de 2021
Palabras clave: Territorio. Urbanismo. Suelo no urbanizable. Suelo rural.
Resumen:
La disposición adicional tercera de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana estableció la creación de una agencia de protección del territorio. Un decreto debía de crear la Agencia y determinar su organización y funcionamiento. Finalmente, es la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, mediante la incorporación de la disposición adicional decimotercera -modificada por la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat– la que crea la Agència Valenciana de Protecció del Territori. Esta disposición regula el
Decreto 131/2021, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOJA núm. 66, de 9 de abril de 2021
Palabras clave: Residuos. Economía circular. Planificación. Prevención. Reciclado. Valorización. Gestión. Participación. Concienciación.
Resumen:
El marco definido por Europa en la senda hacia una economía circular, los nuevos objetivos de reducción a 2030, las recomendaciones de la Comisión Europea respecto a la revisión de los planes autonómicos para adaptarlos a lo establecido en los planes nacionales, en este caso al Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR), y la necesidad de definir una nueva planificación al finalizar el horizonte temporal de los Planes anteriores, conducen a la elaboración del Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030, de conformidad con el artículo 54 del Reglamento de Residuos de Andalucía.
Asimismo, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
Decreto 34/2021, de 31 de marzo, por el que se regulan los senderos de uso deportivo de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: BOC núm. 69, de 13 de abril de 2021
Palabras clave: Patrimonio natural. Biodiversidad. Deporte. Senderismo. Cultura. Turismo. Red Cántabra de Senderos Deportivos
Resumen:
La Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria incluye entre sus finalidades el establecimiento de normas de protección, conservación, restauración y mejora de los hábitats naturales y el paisaje de Cantabria, a fin de garantizar el mantenimiento del patrimonio natural.
Por otra parte, la Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte de Cantabria recoge entre sus principios rectores el respeto al medio ambiente y la protección del medio natural, prevaleciendo los usos comunes generales sobre los especiales y privativos.
Surge de esta manera, la posibilidad de utilizar el medio natural como espacio deportivo y de ocio, al mismo tiempo que la obligación legal de protegerlo.
De
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 25 de enero de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Adriana Cid Perrino)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 362/2021 – ECLI:ES:TSJCL:2021:362
Palabras clave: Minería. Licencia ambiental. Plan de Restauración. Infracciones y sanciones.
Resumen:
La Sala conoce del recurso contencioso-administrativo formulado por la entidad “ARENAS SILICEAS MARTÍN S.L.” contra la Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de fecha 25 de junio de 2018, que a su vez desestimó el recurso de alzada interpuesto por la mercantil contra la resolución de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental dictada en el expediente sancionador a través del cual se le consideró responsable de una infracción grave del artículo 74.3.a) de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, con multa de 16.000 €, suspensión de la actividad extractiva finalizando los trabajos de restauración en el plazo de seis meses y
Título: “Tribunales ambientales chilenos y regímenes especiales de responsabilidad por daño ambiental”
Title: “Chilean environmental courts and special regimes of responsibility for environmental damage”
Autor: Pedro Harris Moya, Profesor de la Universidad Autónoma de Chile (Chile)
Fecha de recepción: 02/02/2021
Fecha de aceptación: 24/03/2021
Fecha de modificación: 01/04/2021
Doi: https://doi.org/10.56398/ajacieda.00168
Resumen:
La reciente jurisprudencia chilena ha calificado a la responsabilidad ambiental en función de la reparación material del daño, descartando una indemnización de perjuicios. Aunque esta interpretación tenga por finalidad favorecer restablecimiento del ambiente, otorgando facultades a los Tribunales Ambientales en ámbitos diversos, diferentes limitaciones sustanciales y procesales dificultan su concreción. Estos límites pueden superarse en base a una lectura alternativa, que distinga una multiplicidad de responsabilidades frente al daño ambiental y una unidad en su reparación, impuesta cualquiera sea la ley aplicable.
Abstract:
Recent Chilean jurisprudence has classified environmental liability in terms of the restoration of damage, ruling out monetary compensation. Although this interpretation has the purpose of favoring environmental protection, granting the Environmental Courts powers in different areas, various substantial and procedural limitations make such protection difficult to
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