Dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones — «Política forestal: Los objetivos 20/20/20», (DOUE n° C 141 de 29/05/2010 p. 0045 – 0049)
Autora de la nota: Susana Borrás Pentinat, Profesora colaboradora de Derecho internacional público y relaciones internacionales de la Universitat Rovira i Virgili
Objetivo:
El Comité de las Regiones a través de este Dictamen realiza una serie de recomendaciones políticas con el fin de apoyar a las regiones para que introduzcan una política forestal de desarrollo sostenible, que sirva para mitigar el cambio climático: incentivos para los sujetos económicos con medidas como descuentos fiscales, participación en los gastos de innovación, contratos preferenciales para la compra de artículos que sean objeto de producción forestal, ayuda técnica y tecnológica, y participando a la hora de sufragar gastos relacionados con la protección del medio ambiente. Al respecto realiza toda una serie de recomendaciones básicas y otras específicas centrándose en: la dirección recomendada de las acciones en el contexto del “Plan de acción para los años 2007-2011”; la ejecución de las tareas previstas mediante la educación; el apoyo científico como condición básica para lograr los objetivos previstos; y
Ley de Cantabria 2/2010, de 4 de mayo, para la modificación de la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria, y de otras normas complementarias para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. (BOC núm. 92, de 14 de mayo)
Autora: Celia Gonzalo Miguel, Investigadora del Centro de Formación CIEDA – CIEMAT
Resumen:
La presente Ley tiene como único objetivo, incorporar al ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de Cantabria la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, mediante la modificación de leyes en el sector de la actividad comercial y ferial, que resulten contrarias o incompatibles con sus disposiciones.
Ante la necesidad de adaptar las disposiciones autonómicas en el sector de la actividad comercial y ferial a las prescripciones de la Directiva, la presente ley modificará la Ley 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio, y derogará la Ley de Cantabria 8/2006, de 27 de junio,
Decreto 21/2010, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito Territorial del Valle del Duero. (Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 104. Miércoles, 2 de junio de 2010)
Autor de la Nota: Ana Mª Barrena Medina. Becaria de Investigación, CIEDA-Ciemat.
Resumen:
Decreto a través del cual se aprueba el Plan Regional de ámbito Territorial del Valle del Duero, como instrumento de ordenación del territorial de carácter y alcance supramunicipal; sobre la base de la competencia exclusiva de la Comunidad autónoma en materia de ordenación del territorio. En todo caso, configurándose como un instrumento de intervención directa en la ordenación del territorio de la Comunidad Castellano y leonesa, promovido por la Consejería de Medio ambiente en la búsqueda de un modelo territorial de desarrollo sostenible mediante la dinaminación del territorio del Duero; dado que se contempla el corredor del Duero como uno de los ejes estratégicos de desarrollo de la Región.
Un Plan a todas luces concordante con la Estrategia Territorial Europea y en el que se manifiesta, en todo caso, el interés general, tanto del sector afectado como de las actuaciones previstas en
Decisión de la Comisión 2010/309, de 3 de junio de 2010 , por la que se modifica la Decisión 2008/721/CE en lo relativo a las remuneraciones abonadas a los miembros de los Comités científicos y a los expertos en el ámbito de la seguridad de los consumidores, la salud pública y el medio ambiente (DOUE, n° L 138 de 04/06/2010 p. 0024 – 0025)
Autora de la nota: Susana Borrás Pentinat, Profesora colaboradora de Derecho internacional público y relaciones internacionales de la Universitat Rovira i Virgili
Objetivo:
Actualmente, las remuneraciones por la participación en reuniones sólo pueden pagarse a los expertos presentes físicamente en dichas reuniones. Las tecnologías modernas permiten los intercambios de opiniones entre expertos en reuniones virtuales utilizando dispositivos de audio o de vídeo o aplicaciones en línea. El uso de estas herramientas permitiría una mayor participación de expertos en las actividades de los Comités científicos, minimizando al mismo tiempo las consecuencias para el medio ambiente y los costes, y reduciría el tiempo necesario para viajes de los expertos. En caso de participación a distancia por medios electrónicos, el importe de la remuneración debería estar relacionada con la duración
Decreto 81/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial de protección civil ante el riesgo sísmico en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA núm. 89, de 10 de mayo de 2010)
Autora de la nota: Eva Blasco Hedo, Investigadora y Responsable del Centro de Formación CIEDA – CIEMAT (Legislación al día: Castilla y León, Jurisprudencia del TSJ de Castilla y León)
Resumen:
La aprobación de este Decreto se enmarca dentro de la Norma Básica de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, que incluyó entre los riesgos susceptibles de originar una situación catastrófica los concernientes a los movimientos sísmicos, los cuales podrían ser objeto de Planes Especiales en los ámbitos territoriales que lo requirieran, y de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo sísmico, que incluye a los terremotos como uno de los fenómenos naturales capaces de producir las mayores consecuencias catastróficas sobre extensas áreas del territorio. En este caso abarca once municipios de la Comunidad Aragonesa comprendidos en áreas donde previsiblemente pueden tener lugar sismos de intensidad igual o superior a VII según estudios
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