Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan las instrucciones necesarias para el abandono del proyecto para albergar un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) y se insta a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA, S.M.E., a llevar a cabo las actuaciones que procedan para la terminación ordenada de los procedimientos iniciados para su puesta en funcionamiento
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: (BOE n. 14, de 16 de enero de 2024)
Palabras clave: Residuos radiactivos. Almacenes temporales descentralizados.
Resumen:
El Séptimo Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, aprobado por el Consejo de Ministros con fecha 27 de diciembre de 2023, ante la falta del consenso social, político e institucional necesario para designar el emplazamiento del ATC en el municipio de Villar de Cañas, optó por establecer almacenes temporales descentralizados en cada uno de los siete emplazamientos de las centrales de Almaraz, Ascó, Cofrentes, Santa María de Garoña, José Cabrera, Trillo y Vandellós II.
Esta decisión implica el abandono del proyecto del ATC, y requiere proceder a una terminación ordenada de todo el proceso iniciado para su puesta en funcionamiento.
Por tanto, queda sin efecto la designación del emplazamiento propuesto por el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) para albergar un ATC y su centro tecnológico asociado, aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, y corresponde a Enresa dar un nuevo destino a los terrenos que fueron adquiridos en su día para esta finalidad y a los edificios construidos, los cuales, dejan de tener utilidad para el servicio público esencial que esta entidad tiene encomendado.
Precisamente para atender a este fin último de servicio público, se considera necesario que puedan destinarse a otra finalidad que contribuya al desarrollo económico de su entorno geográfico y social.
Entrada en vigor: 1 de marzo de 2019.
