Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 19 de octubre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Adriana Cid Perrino)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3834/2018 – ECLI: ES:TSJCL:2018:3834
Temas Clave: Calidad del aire; Planes; Valores; Ozono
Resumen:
La Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León formula recurso contencioso-administrativo frente la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto frente a la desestimación por el Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León de su solicitud de 22 de enero de 2016, cuya finalidad era que se adoptaran los Planes de Mejora de Calidad del Aire previstos en el artículo 16 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre y en el artículo 24.1 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero; para las zonas y aglomeraciones afectadas: Salamanca, Duero Norte, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, Soria y Demanda, Sur y Este de Castilla y León y Valladolid.
La pretensión principal de la Federación recurrente es que se declare la obligación que tiene
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 20 de septiembre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Pedro Marcelino Rodríguez Rosales)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ AND 11563/2018 – ECLI:ES:TSJAND:2018:11563
Temas Clave: Clasificación de suelos; Dominio público hidráulico; Evaluación ambiental; Planeamiento urbanístico; Suelo no urbanizable; Urbanismo
Resumen:
Por una asociación ecologista se interpone recurso contencioso-administrativo contra dos resoluciones de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 16 de diciembre de 2014 y de 9 de febrero de 2015, a través de las cuales se aprueba definitiva y parcialmente la Innovación 34 de la Adaptación Parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, categoría de suelo no urbanizable (protección específica cauce de aguas y de protección agrícola) del municipio de Arahal (Sevilla).
Según se desprende de la sentencia, a través de estas resoluciones se estaba modificando el suelo no urbanizable de especial protección del municipio, parte del cual pasaba a considerarse suelo no urbanizable genérico.
Hay que tener en cuenta que, según consta en el Fundamento de Derecho Segundo, en las Normas Subsidiarias de Arahal de 1994, existía un régimen
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 de septiembre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Javier Bonet Frigola)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CAT 7102/2018 – ECLI: ES:TSJCAT:2018:7102
Temas Clave: Fiscalidad; impacto ambiental; Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales IGEC
Resumen:
Durante el mes de septiembre el TSJ de Cataluña ha emitido una serie de pronunciamientos en relación al Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales (IGEC): SSTSJ CAT 7101/2018; 7103/2018; 7111/2018; 7106/2018; 7108/2018; 7112/2018; 7110/2018; 7109/2018; 7107/2018; 7114/2018; 7116/2018; 7115/2018; 7469/2018; 6811/2018; 7104/2018.
En el supuesto de autos, la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya, a fecha de 18 de julio de 2013, emitió una resolución desestimatoria de la reclamación económico administrativa interpuesta por CECOSA HIPERMERCADOS, SL contra la inclusión de un establecimiento comercial de su titularidad sito en una zona muy céntrica de Cornellà de Llobregat en el padrón del IGEC, así como contra la liquidación correspondiente al ejercicio 2012, por importe de 93.270’07€. Esta resolución fue recurrida en la vía contencioso administrativa.
A 21 de septiembre de 2016, la Sala
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 13 de julio de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Desamparados Iruela Jiménez)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ:STSJ CV 3472/2018 – ECLI:ES:TSJCV:2018:3472
Temas Clave: Obligación de restauración del equilibrio ambiental; Obligación de reparación del daño; Non bis in idem
Resumen:
Mediante Resolución del Director General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de 2 de noviembre de 2015, se impusieron a un particular las obligaciones de restauración del equilibrio medioambiental alterado y de reparación del daño causado, consistentes en la eliminación de la caseta de madera, del aporte de zahorra, de la piscina y de la valla con vegetación alóctona en el plazo de dos meses. Asimismo, se declaró prescrita, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, la infracción menos grave contemplada en el artículo 52.19 de la misma norma, para la realización de distintas actuaciones.
En la parcela del supuesto de autos, ubicada dentro del Parque Natural de la Albufera
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 29 de octubre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Olga González-Lamuño Romay)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ AS 3346/2018 – ECLI:ES:TSJAS:2018:3346
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Autorizaciones y licencias; Procedimiento sancionador; Vertidos
Resumen:
Por una mercantil se interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 19 de septiembre de 2017, del Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la cual se desestimaba el recurso de reposición contra la anterior Resolución de fecha 24 de julio de 2017 por la que se imponía una sanción consistente en multa económica de 90.001 euros por la comisión de una infracción grave a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Según parece, la infracción traía causa de unos vertidos al dominio público marítimo-terrestre en colector que habían superado el valor límite fijado en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que sustentaba la actividad del recurrente.
Entre los argumentos de la recurrente se encuentra la vulneración del artículo 24 de la Constitución, en relación
|
