Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 14 de febrero de 2020 (Sala de lo Contencioso. Sección 1, Ponente: María Desamparados Iruela Jiménez)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ CV 203/2020 – ECLI: ES:TSJCV:2020:203
Palabras clave: Espacio Natural Protegido. Parque Natural. Prueba deportiva. Rallys. Plan Ordenación Recursos Naturales. Plan Rector Uso y Gestión. Principio jerarquía normativa.
Resumen:
La recurrente en esta sentencia es un Club Deportivo automovilístico y la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana. El objeto del recurso es la resolución de la Directora Territorial de la Consellería de Justicia la cual no admitió la celebración de una prueba deportiva automovilista, denominada Subida al Garbí-Serra, en el entorno del Parque Natural Serra Calderona, dando por finalizado el proceso.
La mencionada resolución era contraria a la celebración de esa prueba deportiva. Esta se basaba a su vez en varios informes desfavorables por vulnerar el art. 7 de la Orden 10/2010 de la Consellería de Medio Ambiente de aprobación del Plan de Uso Público
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 6 de febrero de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Enrique Gabaldón Codesido)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ M 180/2020 – ECLI: ES:TSJM:2020:180
Palabras clave: Residuos. Gestión. Vertidos. Residuos comerciales y domésticos. Competencias. Infracciones y sanciones.
Resumen:
La Sala conoce del recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento de Daganzo de Arriba (Madrid) frente a la sentencia de 17 de mayo de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº6 de Madrid, que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Deportiva Cultural Daganzo contra el Decreto nº 2017/58, de 9 de mayo de 2017, de la Alcaldía del ayuntamiento, que le impuso una multa de 80.000 euros, por cuatro infracciones de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
El Ayuntamiento basa su defensa en que ostenta competencias medioambientales, incluyendo la potestad sancionadora, extremos que niega la Asociación.
En su condición de propietaria y administradora de un camping
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 11 de febrero de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María José Margareto García)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ:STSJ AS 115/2020 – ECLI:ES:TSJAS:2020:115
Palabras clave: Autorizaciones y licencias. Urbanismo. Edificación. Espacios Protegidos.
Resumen:
Un particular impugnó el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (C.U.O.T.A), de 26 de enero de 2017, mediante el que fue denegada la autorización para la legalización de un edificio denominado “cobertizo y cuerpo adosado acristalado en el lateral de la planta baja del edificio de 2 plantas (…)”. Frente a este Acuerdo se interpuso un recurso de reposición, desestimado mediante Acuerdo de la C.U.O.T.A, de 31 de octubre de 2018, asimismo impugnado mediante un recurso contencioso-administrativo, dando lugar el pronunciamiento que ahora analizamos. La autorización solicitada es el trámite previo a la concesión de la licencia urbanística para la realización de las obras descritas en el Proyecto Técnico presentado por un experto arquitecto.
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 11 de febrero de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Fernando García Mata)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Profesor del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza
Fuente: Roj: STSJ AR 193/2020 – ECLI:ES:TSJAR:2020:193
Temas Clave: Comunidades Autónomas; Energía eléctrica; Energía eólica; Energías renovables; Fiscalidad ambiental; Principio “Quien contamina paga”
Resumen:
Por una mercantil se interpone recurso contencioso-administrativo contra la Orden HAP 237/2016, de 29 de febrero, por la que se aprueban los modelos de declaración censal, autoliquidación y pagos fraccionados de los nuevos impuestos Medioambientales creados por la Ley 10/2015, de 28 de diciembre de medidas para el mantenimiento de los Servicios Públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como la Orden HAP/736/2016 de 1 de julio por la que se modifica la anterior. En concreto, la recurrente es una mercantil dedicada a la producción eólica de energía, y lo que se ataca es el denominado Impuesto Medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, aprobado a través de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
De hecho, lo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 6 de febrero de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José Daniel Sanz Heredero)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: STSJ M 271/2020 – ECLI: ES:TSJM:2020:271
Temas Clave: Contaminación acústica; Zonificación; Ocio; Mediciones
Resumen:
La Sala examina el recurso formulado por una Comunidad de propietarios frente al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 28 de junio de 2017, por el que se declara Zona de Protección Acústica Especial el Barrio de Gaztambide, y se aprueba su Plan Zonal Específico así como el establecimiento de los objetivos de calidad acústica perseguidos (los correspondientes al área acústica tipo a, sectores del territorio con predominio de suelo residencial).
La demandante interesa que se deje sin efecto la clasificación de la manzana ocupada por el edificio de la Comunidad como Zona de Contaminación Acústica Baja y se le otorgue la que resulte de la prueba pericial practicada a su instancia; o subsidiariamente que por parte del ayuntamiento de Madrid se lleve a cabo una nueva campaña de mediciones con los medios adecuados que incluyan al
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