Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 16 de octubre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Eusebio Revilla Revilla)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 3418/2020 – ECLI: ES:TSJCL:2020:3418
Palabras clave: Suelo rústico protegido. Autorización de uso excepcional. Urbanismo. Interés público. Actuación de transformación urbanística. LIC Riberas del río Alberche. Recursos naturales. Dotación de servicios. Medio ambiente urbano.
Resumen:
La Sala conoce del recurso de apelación interpuesto por la Asociación “Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León” contra la sentencia de 24 de febrero de 2.020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ávila, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha Asociación contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto por la misma frente a la Resolución de 3 de julio de 2.018 de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila por la que se concedió autorización de uso excepcional en suelo rústico protegido para centro cultural,
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, número de recurso: 6552/2019, Ponente: Octavio Juan Herrero Pina)
Autora: Dra. Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e Investigadora del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: STS 3948/2020 – ECLI: ES:TS:2020:3948
Palabras clave: Acción popular. Asociaciones ecologistas. Lobo. Especies cinegéticas. Caza.
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por Ecologistas en Acción contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 17 de abril de 2019. Esta Sentencia desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha asociación ecologista contra la presunta vía de hecho en que incurrió el Gobierno de Cantabria en la actividad de control poblacional del lobo, tras el requerimiento formulado el 22 de marzo de 2017 de cese de vía hecho en relación con los controles poblaciones del lobo que se estaban llevando a cabo sin ajustarse a la normativa vigente, siendo parte demandada el Gobierno de Cantabria.
La cuestión fundamental que centra la controversia
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, número de recurso: 6109/2019, Ponente: Ángeles Huet de Sande)
Autora: Dra. Lucía Casado Casado, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universitat Rovira i Virgili e Investigadora del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Fuente: STS 3871/2020 – ECLI: ES:TS:2020:3871
Palabras clave: Contaminación atmosférica. Sistemas automáticos de medida. Competencias ejecutivas. Verificadores ambientales. Acreditación. Laboratorios.
Resumen:
Esta Sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por la Generalitat de Catalunya contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (sección 7ª), de 14 de junio de 2019, que desestimó el recurso interpuesto contra el artículo 4.2, párrafo 2º, la Orden PARA/321/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, Nox, partículas y CO procedentes de grandes instalaciones de combustión, el control de los instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la información relativa a dichas emisiones.
La cuestión fundamental que centra la controversia es determinar si la competencia
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Palma de Mallorca, de 31 de octubre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Carmen Frigola Castillón)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ BAL 848/2019 – ECLI: ES:TSJBAL:2019:848
Palabras clave: Energías renovables. Espacio natural protegido. Impacto. Colisión. Aves rapaces.
Resumen:
En esta sentencia, una mercantil solicitó a la Consellería de Economía, Comerç e Industria una autorización administrativa para la instalación de un parque eólico y línea de evacuación y la declaración de utilidad pública de esa instalación y de la línea de evacuación, compuesto por 6 aerogeneradores de tipo V90-2MV de Vestas, de 12 MW de potencia, todo ello en las parcelas 8 y 9 del polígono 3 de Ciutadella de Menorca.
La zona donde se pretende la instalación de este parque eólico se encuentra fuera del ámbito de la red europea Natura 2000, a unos 350 metros de la ZEPA ES0000230- Ampliació de la Vall y a una distancia menor de 5 Km de los varios
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha de 6 de julio de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Inmaculada Donate Valera)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CLM 2040/2020 – ECLI: ES: TSJ CLM: 2020: 2040
Palabras clave: Declaración de Impacto Ambiental. Evaluación de Impacto Ambiental. Caducidad. Urbanismo.
Resumen:
En el presente supuesto, se impugna la Resolución de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 4 de noviembre de 2015, que desestimó el recurso de alzada contra la Resolución de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, de 14 de diciembre de 2012, por la que se declaró la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Cantera Río Viejo”.
En su Resolución de 2012, la Administración consideró aplicables las determinaciones de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental, derogada por la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación
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