Sentencia del TEDH de 1 de julio de 2021, demandas 56176/18, 56189/18, 56232/18, 56236/18, 56241/18 et 56247/18 (Asociación BURESTOP 55 y otros c. Francia)
Autor: Enrique J. Martínez Pérez, Profesor Titular de Derecho internacional público de la Universidad de Valladolid
Palabras clave: ONG. Convenio de Aarhus. Acceso información ambiental. Acceso a la justicia.
Resumen:
La reclamación tiene su origen en la oposición de los demandantes al proyecto para el almacenamiento geológico profundo de los residuos radiactivos de alta actividad y vida larga derivados de las instalaciones nucleares francesas. Su gestión corresponde en el país vecino a la Agencia Nacional Francesa para la Gestión de Residuos Radiactivos (ANDRA), organismo público de carácter industrial y comercial, entre cuyas funciones se encuentra poner a disposición del público información sobre los residuos radioactivos.
Después de varios años de investigación, la Agencia concluyó que la opción más recomendable era el almacenamiento. De este modo, presentó una zona de 30 km² cerca de Bure para su construcción, aceptado posteriormente el gobierno esta propuesta. Una vez autorizado el proyecto de construcción, se prevé que las obras comiencen en el año 2023/24.
Tras
Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 14 de julio de 2021: desestima el recurso de anulación interpuesto por dos asociaciones contra la decisión de la Comisión denegando el acceso a cuatro normas técnicas aprobadas por el Comité Europeo de Normalización sobre seguridad de los juguetes
Autora: Inmaculada Revuelta, Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia. Grupo LEGAMBIENTAL
Fuente: Tribunal General, (Sala quinta ampliada), asunto T‑185/19, ECLI:EU:T:2021:445
Palabras clave: Acceso del público a los documentos de las Instituciones. Acceso a la información ambiental. Emisiones. Normas armonizadas.
Resumen:
El pronunciamiento del Tribunal General trae causa de la denegación por la Comisión Europea de la solicitud de acceso a documentos presentada por dos organizaciones sin ánimo de lucro creadas para facilitar el acceso de los ciudadanos al Derecho conforme al Reglamento 1049/2000. En concreto, las asociaciones demandantes solicitaron cuatro normas aprobadas por el Comité Europeo de Normalización (CEN) sobre seguridad de los juguetes pero la Comisión rechazó su solicitud aduciendo que aquéllas estaban protegidas por derechos de autor, conforme al art. 4.2 del citado Reglamento, que ordena denegar el acceso a documentos cuya divulgación perjudica intereses
Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental dictada en causa “Oceana INC. / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Res. Exenta N°11 de fecha 12 de febrero de 2020)”, Rol N°237-2020, de 13 de mayo de 2021: Deja sin efecto aumento de cuota de sobrepesca de merluza austral
Autores: Pilar Moraga Sariego, Profesora Titular, Subdirectora del Centro de Derecho Ambiental, Universidad de Chile[1]
Autor: José Illanes Vergara, Ayudante del Centro de Derecho Ambiental, Universidad de Chile
Fuente: Sentencia Segundo Tribunal Ambiental, Rol N°237-2020
Palabras clave: Principio Precautorio. Instrumentos de Gestión Ambiental. Cuotas de sobrepesca.
Resumen:
En Chile, la ONG Oceana Inc. interpone una reclamación judicial en el Segundo Tribunal Ambiental, en virtud del artículo 17 N°8 de la Ley 20.600, que crea los Tribunales Ambientales. La reclamación se interpone en contra de la Resolución Exenta N°11, de 12 de febrero de 2020, dictada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (“Ministerio de Economía”), en que este organismo público rechazó la solicitud de invalidación del Decreto Exento N°546 (“D.E. N°546/2018”), de 28 de diciembre de 2018, que a su vez, modificó el Decreto Exento N°459 (“D.E. N°459/2018”), de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 12 de abril de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Javier Oraa González)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CL 1408/2021 – ECLI:ES: TSJCL: 2021:1408
Palabras clave: Suelo urbanizable delimitado. Red de calor con biomasa. Autorización provisional. Uso excepcional. Licencia de obras. Actividad industrial o de equipamiento. Servicio urbano. Información pública.
Resumen:
La Sala conoce de los recursos de apelación formulados por el Ayuntamiento de Ponferrada y por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. (SOMACYL) contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León de 18 de junio de 2020, que estimó los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Asociación Plataforma Bierzo Aire Limpio y el acumulado también por la Asociación de Vecinos de Compostilla, y en cuya virtud anuló los actos que en la misma se indican, condenando al Ayuntamiento a ordenar y llevar a cabo la paralización de la construcción y el cese de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 12 de marzo de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Álvaro Domínguez Calvo)
Autora: Dra. Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Investigación y Formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ M 2924/2021 – ECLI: ES: TSJM: 2021:2924
Palabras clave: Urbanismo. Suelo no urbanizable especialmente protegido. Directiva de Hábitats. Zona de máxima protección. Parque Regional. Plan de Ordenación de Recursos Naturales
Resumen:
La Sala conoce del recurso contencioso administrativo formulado por la Sociedad Civil “Hermanos Díaz Ballesteros” contra la Orden 902/18, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Madrid, por la que se denegó la calificación urbanística solicitada por la mercantil para la celebración de eventos en edificaciones existentes en la finca “La Mocha”, parcela 5 del polígono 5 del catastro de rústica del término municipal de Villanueva de la Cañada.
De acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva de La Cañada, la finca, que cuenta con una superficie de 20,29 hectáreas, se califica como “suelo no urbanizable especialmente protegido Parque Fluvial de
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