Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 22 de febrero de 2022, por la que se resuelven una serie de cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa. Catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Navarra
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto C-300/20
Palabras clave: Evaluación ambiental estratégica. Ámbito de aplicación. Normas reglamentarias. Marco de ulteriores proyectos. Condiciones.
Resumen:
La cuestión prejudicial se plantea en el contexto de un litigio entre el Bund Naturschutz de Baviera, asociación de defensa ambiental, y la Comarca de Rosenheim, municipio bávaro, en relación con la legalidad de una Ordenanza relativa a un área de protección paisajística, aprobada sin haber realizado previamente una evaluación ambiental o, al menos, un examen para determinar si dicha Ordenanza podía tener efectos medioambientales significativos.
Destacamos los siguientes extractos:
33. Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si una medida nacional como la Ordenanza Inntal Süd, que tiene por objeto proteger la naturaleza y el paisaje y que establece a estos efectos prohibiciones
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2022 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Octavio Juan Herrero Pina)
Autora: Dra. Manuela Mora Ruiz, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva
Fuente: ROJ STS 315/2022- ECLI: ES: TS: 2022:315
Palabras clave: Productos ecológicos. Fomento. Ayudas económicas. Protección ambiental.
Resumen:
La Sentencia seleccionada en esta ocasión resuelve el recurso contencioso administrativo núm. 33/2021 interpuesto por la Asociación Provincial de Empresarios de Industrias Vitivinícolas de Ciudad Real, contra el Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino. Es parte demandada la Administración General del Estado.
En esencia, la Asociación recurrente, aun cuando plantea la nulidad del Real Decreto, basa su recurso en la impugnación del art. 5 de la norma, por cuanto había previsto una serie de ayudas a la destilación, estableciendo, en su primer punto, que
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 17 de septiembre de 2021 (Sala de lo contencioso administrativo. Sección 2ª. Ponente: José Antonio Parada López)
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ GAL 5415/2021 – ECLI:ES:TSJGAL:2021:5415
Temas Clave: Daños. Control. Fauna silvestre. Caza. Agricultura.
Resumen:
El objeto de esta sentencia es el recurso sobre la Resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, por la que se determinan las épocas hábiles de caza, las medidas de control por daños y el régimen especial por especies durante la temporada 2019/20, publicada en el DOG Núm. 187 del día 2 de octubre de 2019.
La actora, la Asociación la asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, solicita la nulidad por lo siguiente: de un lado, no se ha llevado a cabo la comprobación de los daños producidos y de las autorizaciones de caza del jabalí (Sus Scofra) y de las autorizaciones de batidas, monterías o esperas, con lo que se han vulnerado los principios del artículo dos de la Ley 42 de 2007 de fecha 13 de diciembre de patrimonio natural y de
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 13 de mayo de 2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Clara Penín Alegre)
Autora: María Pascual Núñez. Doctoranda en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ CANT 483/2021 – ECLI:ES:TSJCANT:2021:483
Palabras Clave: Deslinde. Montes. Procedimiento administrativo.
Resumen:
El presente supuesto versa sobre la impugnación por parte de unos particulares de la Resolución del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, de 6 de febrero de 2019, de aprobación del deslinde parcial del monte “Soprado, El Pero y Mancorbo”, número 77 del Catálogo de Utilidad Pública de Cantabria, situado en el término municipal de Camaleño, y perteneciente a la Junta Vecinal de Argüébanes, y la Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, de 15 de enero de 2020, desestimatoria del recurso potestativo de reposición interpuesto contra la primera.
El litigio se centra en tres cuestiones que se resuelven como sigue.
La cuestión central es la aprobación del deslinde en un procedimiento administrativo que podría haber caducado y, por tanto, ser inválido. A estos
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 25 de enero de 2022, por la que se resuelve la cuestión prejudicial relativa a la interpretación de la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Autor: Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa. Catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Navarra
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto C-181/20
Palabras clave: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Paneles solares. Responsabilidad ampliada del productor del producto. Efecto retroactivo.
Resumen:
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13 de la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el contexto de un litigio entre una empresa que explota una central de energía solar y el Ministerio de Medio Ambiente checo en relación con una demanda de indemnización presentada por esa sociedad debido al perjuicio que alega haber sufrido como consecuencia de la supuesta transposición incorrecta de la Directiva RAEE.
En concreto, la empresa opera una central de energía solar que fue puesta en servicio en 2009 y que está equipada con paneles fotovoltaicos introducidos en el mercado después del 13 de agosto de 2005 pero antes del 1 de enero de 2013. Por
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