Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 20 de marzo de 2024 (Sala de lo Contencioso, Sección 3, Ponente: Pedro Luis Roás Martín)
Autora: María Pascual Núñez. Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ AND 7190/2024 – ECLI:ES:TSJAND:2024:7190
Palabras clave: Dominio público hidráulico. Agua subterránea. Confederación Hidrográfica. Sanciones.
Resumen:
La sentencia que traemos a colación resuelve la impugnación de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que impuso una multa y medidas compensatorias por la extracción de agua subterránea sin la correspondiente autorización a un particular y a la Consejería de Medio Ambiente a una sanción por la extracción de aguas sin título legal. Asimismo, a meritada Consejería se le impuso la obligación de inutilizar los pozos, y al particular, el cese de inmediato en la derivación hasta la obtención de los títulos habilitantes precisos.
El recurrente argumenta que los hechos sancionados ya fueron objeto de proceso penal, del cual fue absuelto. Alegó la existencia de prejudicialidad penal, al haberse declarado en sede penal la falta de dolo en la conducta. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sin embargo, se opone, argumentando que los hechos sancionados en el expediente administrativo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 5 de febrero de 2024 (Sala de lo Contencioso, Sección 1 Ponente: Julián Manuel Moreno Retamino)
Autora: María Pascual Núñez. Doctora en Derecho en la Universidad a Distancia de Madrid.
Fuente: ROJ: STSJ AND 913/2024 – ECLI: ES:TSJAND:2024:913
Palabras clave: Fiscalidad ambiental. Residuos. Residuos peligrosos. Impuesto sobre depósito de residuos.
Resumen:
La sentencia de autos aborda la impugnación de la Resolución de 18 de enero de 2022 del Tribunal Económico Administrativo de la Juntade Andalucía que desestima reclamación contra la liquidación girada por la Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Huelva, en relación en el impuesto sobre depósito de residuos peligrosos ejercicio de 2018.
La mercantil actora argumenta que la liquidación impuesta no es correcta, ya que se debería distinguir entre residuos peligrosos depositados en vertederos específicos y aquellos depositados en vertederos de residuos no peligrosos. En concreto, basa su reclamación en la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, específicamente en su artículo 67, que establece el hecho imponible del impuesto sobre el depósito de residuos peligrosos. Asimismo, cita el artículo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 13 de febrero de 2024 (Sala de lo Contencioso, Sección 1, Ponente: David Ordoñez Solís)
Autora: María Pascual Núñez. Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ AS 355/2024 – ECLI:ES: TSJAS:2024:355
Palabras clave: Concentración parcelaria. Agricultura. Montes. Evaluación de impacto ambiental.
Resumen:
Centrándonos en las cuestiones ambientales, el pronunciamiento de autos versa sobre impugnación de la Concentración Parcelaria de la zona de Villadestre-Villaoril por omisión del trámite de evaluación de impacto ambiental según lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
La defensa argumenta que la evaluación ambiental fue considerada innecesaria tras un análisis detallado, basándose en la documentación y consultas pertinentes, que concluyeron que el proyecto no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente. Además, se menciona que se tomaron en consideración medidas preventivas y correctivas durante la ejecución del proyecto para proteger el medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades cercanas.
A los anteriores efectos, se menciona la resolución del 19 de marzo de 2019 de la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 12 de diciembre de 2023 (Sala de lo Contencioso, Sección 1, Ponente: María Esther Castanedo García)
Autora: María Pascual Núñez. Doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ: STSJ CANT 1259/2023 – ECLI:ES: TSJCANT:2023:1259
Palabras clave: Derechos de emisión. Sanciones. Gases efecto invernadero. Comercio de emisiones.
Resumen:
El supuesto de autos ha llamado nuestra atención por versar sobre la impugnación de una sanción en materia de derechos de emisión por valor de 37.267.797,00 €, establecida mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria de 5 de julio de 2022. El acuerdo impugnado establece dos aspectos principales: i) impone a SNIACE, S.A. la sanción pecuniaria meritada por una infracción administrativa muy grave tipificada en el artículo 29.2 apartado 5º de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero; y ii) ordena la entrega de 343.482 derechos de emisión equivalentes a las emisiones del año 2019.
La mercantil sostiene que la empresa se encontraba en fase
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 10 de octubre (Sala de lo Contencioso, Sección 1, Ponente: David Ordóñez Solís)
Autora: María Pascual Núñez. Doctora en Derecho en el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid
Fuente: ROJ:STSJ AS 2300/2023- ECLI:ES:STSJAS:2023:2300
Palabras Clave: Biodiversidad. Caza. Especies amenazadas. Directiva Hábitats. Lobo.
Resumen:
En el asunto de autos, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) interpuso un recurso contencioso-administrativo contra varias resoluciones de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias. Dichas resoluciones, emitidas en agosto y septiembre de 2022, aprobaron el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2022-2023 y modificaron el II Plan de Gestión del Lobo en Asturias.
La demandante alega que la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial anula cualquier resolución que permita muertes intencionadas, capturas y controles sobre la especie. Añade que se ha incumplido el requisito del informe preceptivo de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y
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