Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del Plan de biodigestión de purines (BOE de 23 de junio de 2009)
El Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012, aprobado por Real Decreto 1370/2006, persigue que las emisiones globales de GEI en España no superen en más de un 37 por cien las del año base en promedio anual en el período 2008-2012, alcanzándose esta cifra a través de la suma del objetivo Kyoto (15 por cien), la cantidad absorbida por los sumideros (2 por cien) y el equivalente adquirido en créditos de carbono procedentes de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto (20 por cien).
En esta línea, el 20 de julio de 2007 el Gobierno informó favorablemente la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (Horizonte 2007-2012-2020), la cual define el marco de actuación que deben abordar las administraciones públicas en España para asegurar el cumplimiento por nuestro país de sus obligaciones en el Protocolo de Kyoto, e incluye un Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia de
Título: “El régimen represivo francés en materia de vertidos accidentales e intencionados provocados por buques: tipos de infracciones, sanciones y sujetos responsables “
Autor: José Pernas García, profesor contratado doctor de Derecho administrativo de la Facultad de Derecho de Coruña
Fecha de recepción: 5 de junio de 2009
Fecha de aceptacion: 21 de junio de 2009
Resumen:
El artículo expone el contenido del Código de Medio Ambiente francés con relación a la represión de los vertidos intencionados y accidentales de buques. Expone la importante reacción del ordenamiento jurídico francés que en los últimos años ha reforzado el régimen represivo contra la contaminación del medio marino derivada de los buques. Así se destaca, entre otras cuestiones, la posible exigencia de responsabilidades a prácticamente todos los sujetos del tráfico marítimo internacional, dentro de los que se incluyen las personas jurídicas, o la eventual determinación de responsabilidad civil para el propietario o explotador del buque que se plasma en la exigencia de parte de la sanción económica impuesta al capitán o responsable de a bordo, cuando aquel haya generado las circunstancias o condiciones de trabajo que hayan incidido en la
Fuente: www.ihobe.net, visto a 17 de junio de 2009
Desde su puesta en marcha Udalsarea 21, la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad ha desarrollado diversas iniciativas en pro del desarrollo sostenible en los municipios vascos. Dentro de esta labor, en 2005 se lanzó por primera vez el Ekitalde “Municipio y clima”, que tras sus dos ediciones ha dado paso a una línea de trabajo en materia de lucha contra el cambio climático.
Entre los logros alcanzados figura la creación de un modelo de ordenanza municipal de lucha contra el cambio climático. En 2009 seis municipios han aprobado esta ordenanza -Durango, Amurrio, Legazpi, Balmaseda, Areatza y Tolosa- y están elaborando, entre otras acciones, una proyección de sus emisiones.
La Guía para la redacción de estrategias locales de lucha contra el cambio climático -recogida en el Cuaderno Udalsarea 21 número 8- es otros de los instrumentos elaborados en el marco de este Ekitalde. Este documento busca orientar a los municipios en la elaboración de sus políticas de cambio climático, ayudarles a fijar objetivos y poner en marcha nuevas acciones a favor del clima.
Las entidades locales cuentan, además, con una línea específica de subvenciones para la
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras (BOE, 13 de junio de 2009)
El presente real decreto tiene por objeto el establecimiento de medidas, procedimientos y orientaciones para prevenir o reducir en la medida de lo posible los efectos adversos que sobre el medio ambiente, en particular sobre las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora y el paisaje, y los riesgos para la salud humana puedan producir la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, y, fundamentalmente, la gestión de los residuos mineros.
Incorpora al ordenamiento interno español la Directiva 2006/21/CE, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. Tiene carácter básico y pretende unificar y mejorar las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente en elámbito de la investigación y aprovechamiento de los recursos minerales regulado por la Ley de Minas.
Este reglamento deroga las siguientes disposiciones:
Fuente: Consejo de Ministros, 12 de junio de 2009
El Consejo de Ministros ha aprobado el día 12 de junio un Real Decreto por el que se traspone al ordenamiento jurídico español una Directiva comunitaria de 2006 sobre gestión de los residuos de industrias extractivas. El nuevo texto legal unifica en una sola disposición el régimen recogido en diversos Reales Decretos y Órdenes Ministeriales en materia de protección del medio ambiente en las actividades de investigación y aprovechamiento de los recursos minerales regulados por la Ley de Minas.
Los promotores de actividades mineras deberán presentar un Plan de restauración, que tendrá que aprobarse conjuntamente con el permiso de investigación o la autorización o
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