Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 28 de marzo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Miguel Pedro Pardo Castillo)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 1635/2017 – ECLI:ES:TSJAND:2017:1635
Temas Clave: Aguas; Autorizaciones y licencias; Confederación Hidrográfica; Dominio público hidráulico; Responsabilidad patrimonial de la administración
Resumen:
Las fuertes lluvias acaecidas en diciembre de 2009 en un municipio andaluz, causaron importantes daños en unas fincas con invernaderos situadas en zona inundable, principalmente por causa de la salida de aguas lodosas por el colapso de un desagüe, que a juicio de los propietarios se debía al estado de suciedad de la rambla, la existencia de plantas de salados y la acumulación de sedimentos, sin que se efectuasen durante años labores de limpieza y mantenimiento.
Con motivo de estos daños, los propietarios solicitaron a la Junta de Andalucía (en concreto, a la Agencia Andaluza del Agua) una indemnización con base en la responsabilidad patrimonial de la administración, que fue denegada mediante resolución de 6 de febrero de 2012, dictada por el Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Contra dicha resolución se alzan
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 24 de febrero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Carlos Altarriba Cano)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ CV 851/2017 – ECLI:ES:TSJCV:2017:851
Temas Clave: Derecho de propiedad; Espacios naturales protegidos; Lugares de importancia comunitaria (LIC); Ordenación de los recursos naturales; Red natura; Zona de especial conservación (ZEC); Zona de especial protección para las aves (ZEPA)
Resumen:
Se analiza por la Sala el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Federación Ecologistas en Acción del País Valenciano, contra el Decreto 192/2014, de 14 de noviembre, del Consell, por el que se declaran como Zonas de Especial Conservación, (ZEC), 10 Lugares de Importancia Comunitaria, (LIC), coincidentes con Espacios Naturales Protegidos (ENP), y se aprueban las Normas de Gestión para dichos lugares, y para 10 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS).
Comienza la sentencia analizando los argumentos de la recurrente, concernientes al marco formal del expediente, y que la Sala desestima aun advirtiendo que el Decreto recurrido roza, al respecto, la ilegalidad.
A continuación, se centra la sentencia en el hecho de que las normas de gestión
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 8 de febrero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, Ponente: Beatriz Galindo Sacristán)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 1041/2017 – ECLI:ES:TSJAND:2017:1041
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Clasificación de suelos; Lugar de importancia comunitaria (LIC); Red natura; Suelo no urbanizable; Urbanismo
Resumen:
Con fecha de 6 de febrero de 2014, por el ayuntamiento de Cogollos Vega (Granada) se aprobó el Proyecto de Actuación para la legalización de una edificación de vivienda para uso residencial, otorgando a continuación licencia urbanística para la misma obra. En concreto, según se desprende de la sentencia comentada, tal edificación se ubica en parcelas rústicas para servir de almacén de aperos y para vivienda de su propietario que se dedica a la explotación agrícola de las parcelas en las que se sitúa tal edificación.
Tales actuaciones municipales fueron recurridas ante un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, siendo desestimado el recurso a través de sentencia de 17 de septiembre de 2015.
Ante dicho pronunciamiento de instancia, se alza la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 6 de febrero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Carlos García de la Rosa)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STSJ AND 1909/2017 – ECLI:ES:TSJAND:2017:1909
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Clasificación de suelos; Evaluaciones ambientales; Licencia ambiental; Urbanismo
Resumen:
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga, dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto por un particular contra la resolución de calificación ambiental favorable para la implantación de una EDAR y colectores en un suelo no urbanizable, otorgada por el ayuntamiento de Benamargosa.
Contra dicha sentencia de instancia, se alza el recurrente mediante la interposición de un recurso de apelación, origen de la sentencia objeto de este comentario.
Tal actuación de construcción de una EDAR y sus colectores, se amparaba en la tradicional posibilidad reconocida en nuestro ordenamiento urbanístico de permitir actuaciones en suelo no urbanizable, en las que concurren los requisitos de utilidad pública o interés social, y que en Andalucía se plasma en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística. Pues bien, con carácter previo a la tramitación
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2017 (Sala Tercera, Sección 4, Ponente: Rafael Toledano Cantero)
Autor: Dr. Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Roj: STS 2401/2017-ECLI:ES:TS:2017:2401
Temas Clave: Ayuntamientos; Contaminación acústica; Instrumentos de planificación; Libertad de establecimiento; Ruidos; Urbanismo
Resumen:
Se analiza por el Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de abril de 2015. En concreto en dicha sentencia, ya analizada en esta REVISTA, se examinaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto por varias asociaciones de hostelería y otros sectores de Madrid contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 26 de septiembre de 2012, por el que se aprobaba la Normativa del Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Central, elaborado de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Este Plan Zonal concernía al control acústico de las actividades de hostelería desarrolladas en la zona. Uno de los principales motivos de impugnación se basaba entonces en que las molestias causadas eran fundamentalmente con ocasión de las emisiones por el
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