Información y comentario de Montse Valencia, asesora jurídica de Amigos da Terra
La Comisión Europea cuestiona la efectiva aplicación del Convenio de Aarhus en España.
La Comisión Europea viene de dar un plazo de 10 semanas para que el Estado español clarifique qué tipo de medidas adopta a la hora de promover la participación de las ONGs ambientalistas en la elaboración de normas que afectan al medio ambiente
Esta situación ha sido generada por una queja que la organización ecologista WWF España interpuso ante la Representación de la Comisión Europea el pasado mes de febrero, ya que aquélla pretendió, en base a la participación pública que regula el Convenio de Aarhus y que ve su reflejo en el ordenamiento jurídico español a través de la Ley 27/2006, del 18 de julio, participar en el proceso de elaboración del proyecto de la Ley General de Navegación Marítima.
Ante la negativa del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la ONG decidió tramitar escrito de queja ante el organismo que representa a la Comisión Europea en nuestro país. La decisión de la institución europea de examinar la situación sobre la efectiva y correcta aplicación de las directrices del Convenio en España, supone un avance en relación a la defensa de la mejora del medio natural y el reconocimiento de que el convenio proporciona una serie de derechos que no pueden ser ejercitados correctamente por la inaplicabilidad del mismo por la Administración española.
En este sentido, a principios de año las principales organizaciones ecologistas del Estado, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/Birdlife, se unieron para solicitar al Ministerio, la efectividad de la participación a través de Aarhus en asuntos medioambientales. Además, dicho Ministerio, publicó en diciembre de 2008 el borrador del Informe que recoge el grado de cumplimiento del Estado español de los principios regulados por el Convenio de Aarhus. A dicho Informe se le hicieron una multitud de alegaciones referidas, en todo caso, a la falta de cumplimiento de cualquiera de los tres pilares del Convenio: acceso a la información ambiental, derecho a la participación pública en asuntos que puedan incidir directa o indirectamente en el medio ambiente y el acceso a la justicia gratuíta en materia ambiental, alegaciones a las que, según se ha informado a los diferentes colectivos alegantes, se ha hecho caso omiso.
