Cataluña aprueba la Comisión para la estrategia de dinamización territorial
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Acuerdo GOV/64/2019, de 7 de mayo de 2019 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 7871, de 9 mayo de 2019)
Temas Clave: Territorio; Política ambiental; Ordenación del territorio; Clasificación de suelos; Ayuntamientos; Principio de Subsidiariedad
Resumen:
Tomando como base el principio de subsidiariedad, recogido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, se debe garantizar que las decisiones para el desarrollo de la política de desarrollo se tomen lo más cerca posible del ciudadano. Se trata de un principio de vital importancia que tiene como finalidad actuar de manera coordinada entre los diversos agentes de cada territorio, para aplicar aquellos instrumentos o programas que se crean más correctos para la resolución de los problemas. En este escenario, este principio tiene dos características fundamentales por un lado, cercanía entre los destinatarios de esos servicios y el ente público que lo proporciona, y por consiguiente la eficacia en su ejecución. En el propio preámbulo de dicho Acuerdo se pone como ejemplo las comarcas gerundenses, centrales, del Ebro, de Alto Pirineo y Valle de Arán, precisamente aquellas que cuentan con más municipios de menor tamaño. En el conjunto de Cataluña, los municipios de menos de 2.000 habitantes suponen casi el 63% del total de municipios y el 64% de la extensión territorial, aunque solo suman el 4,5% de la población.
Esta distribución territorial llevó a que los gobiernos locales incorporaran pronto las funciones de diseño y ejecución de políticas a largo plazo para resolver los problemas locales -paro, deslocalización industrial, necesidad de atraer nuevas empresas, despoblación, entre otros- y para defenderse de los cambios producidos en el marco económico mundial.
Para caminar en esa dirección, las políticas de promoción local se han centrado principalmente en cuatro ámbitos de actuación: (1) las infraestructuras físicas; (2) el capital humano; (3) las condiciones de entorno medioambientales, (4) y la adecuación de la configuración de las instituciones a las necesidades de desarrollo local.
El desarrollo económico local puede definirse, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, como “un proceso de desarrollo participativo que fomenta los acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y privados de un territorio, posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común, sobre la base de aprovechar los recursos y las ventajas competitivas locales en un contexto global, con el objetivo final de crear empleo decente y estimular la actividad económica“. Se puede decir, por lo tanto, que todo proceso de desarrollo local tiene tres objetivos generales: el crecimiento económico, la diversificación de la economía local y la mejora del nivel de vida y de empleo de las poblaciones locales.
Es este aspecto multidimensional de la competitividad territorial lo que explica esta multiplicidad de actores, públicos y privados, que quieren actuar sobre unos mismos factores y donde las fronteras competenciales se entrelazan continuamente. Por todo lo anterior, una estrategia de dinamización territorial que tenga como objetivo la generación de oportunidades a través de la actividad económica solo es posible con la implicación compartida de la Generalidad con los actores territoriales públicos (diputaciones, consejos comarcales, entes supramunicipales, municipios…) y privados. En este sentido, hay una doble coordinación: una coordinación interna entre los departamentos de la Generalidad de Cataluña que impulsen planes y programas con incidencia en el desarrollo económico local/territorial, y una coordinación y concertación de estas políticas con los principales agentes de cada territorio. Con el objetivo de fortalecer los entes locales como administraciones más cercanas a la ciudadanía, el Plan de Gobierno de la XII legislatura, aprobado el 25 de septiembre de 2018, incluye entre sus actuaciones el desarrollo de mecanismos para favorecer el desarrollo económico y la cohesión social del territorio. Con esta finalidad, se trata de garantizar la necesaria coordinación de los órganos de la Generalidad, y para ello es por lo que se propone crear la Comisión para la estrategia de dinamización territorial como órgano interdepartamental de coordinación en este ámbito.
Entrada en vigor: El 29 de mayo de 2019.
